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Por Mariana Carbajal
 El cerco sobre los padres divorciados
que no se hacen cargo económicamente de sus hijos se está
cerrando. Un proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Deudores
Alimentarios ya tiene la firma de más de treinta senadores y el
dictamen de cinco comisiones. La iniciativa, que podría recibir
media sanción la semana próxima, pone múltiples trabas
a los morosos: desde impedirles operar con bancos y recibir concesiones
o permisos de organismos nacionales, provinciales y municipales, hasta
no permitirles ser proveedores del Estado, funcionarios, magistrados y
candidatos a cargos electivos, entre otras restricciones. De aprobarse,
la norma ampliará el alcance del Registro de Deudores de la Ciudad
de Buenos Aires, una herramienta que funciona hace un año y medio
con el siguiente resultado: 12 padres que se resistían a pagar
accedieron a cumplir con su obligación después de aparecer
allí escrachados. Hasta el momento, los inscriptos suman alrededor
de 600.
Según pudo saber Página/12, cuatro de los padres cambiaron
de actitud al verse impedidos de sacar el carnet de conductor; dos de
los morosos se pusieron al día para evitar perder un contrato con
el gobierno porteño y otro, un abogado, saldó su deuda al
sufrir el embargo de una cuenta del Banco Ciudad. El número de
inscriptos aumenta semanalmente, de acuerdo al pedido de los jueces que
intervienen en causas por alimentos. En marzo, apenas superaban los 400.
Hasta la semana pasada eran 601. La mayoría son hombres, profesionales
independientes, de entre 35 y 45 años. Al no estar en relación
de dependencia no se les puede embargar el sueldo y es más difícil
rastrearle los fondos. Sólo hay una mujer anotada que es una abuela
a quien legalmente se le traslada la obligación alimentaria de
sus nietos por el incumplimiento de su hijo.
Aunque por el momento sólo una docena de los escrachados empezó
a pagar, especialistas en Derecho de Familia consultados por este diario
destacaron la importancia del Registro como “mecanismo disuasivo”,
pero consideraron que su eficacia es limitada por no tener alcance nacional.
“Si las provincias no copian la legislación, un deudor que
no puede sacar el registro de conductor en la Capital cruza la General
Paz y lo consigue”, advirtió la abogada Carmen González,
presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires, quien propuso también impedir el casamiento
a los incumplidores. Para Nelly Minyersky, directora del Instituto de
Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital,
el Registro porteño es “un avance”, pero deberían
“aumentarse las dificultades” para los morosos. En otros países
–comparó–, las medidas son más graves, como en
algunas ciudades de Estados Unidos, donde se publican las fotos de los
deudores. Los escrachados no pueden sacar créditos en el Banco
Ciudad, vender o comprar negocios, ocupar cargos públicos, ser
candidatos políticos y renovar licencias de conducir en el ámbito
porteño, entre otras limitaciones.
Pero la persecución a los morosos podría ampliarse si el
Congreso crea un registro nacional. Dos semanas atrás, un proyecto
de ley con ese objetivo sumó la firma de 33 senadores de distintas
fuerzas y el dictamen de las comisiones de Legislación General,
Presupuesto y Hacienda, Familia y Minoridad, Interior y Asuntos Constitucionales.
El senador José María García Arecha (Alianza) y las
senadoras Silvia Sapag (MPN) y Beatriz Raijer (PJ), autores de la iniciativa
consensuada, están haciendo lobby para que se trate en la sesión
de la semana próxima. El proyecto establece que quienes adeuden
tres o más cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas
–igual que a nivel porteño– sufrirán una serie
de restricciones: no podrán abrir cuentas corrientes, cajas de
ahorro o cuentas especiales de cualquier tipo, ni recibir o renovar tarjetas
de compra o de crédito. Tampoco podrán sacar créditos
personales, hipotecarios o prendarios, ni recibir subsidios de organismos
públicos ni beneficiarse con la concesión o renovación
de facilidades sobrefinanciaciones o refinanciaciones de pasivos. Ningún
organismo de la administración centralizada o descentralizada del
Estado Nacional, de las provincias o municipalidades les podrán
entregar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de cualquier
tipo “salvo que las mismas estén destinadas a mejorar sus
posibilidades de trabajo o ingresos personales”. Las limitaciones
se extienden al cambio de titularidad de un dominio (fondo de comercio,
local, negocio, industria). Tampoco podrán ser proveedores de organismos
públicos ni ocupar cargos electivos ni ser magistrados o funcionarios
de los poderes Judicial y Ejecutivo. Según el proyecto, el Registro
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y como
ocurre en la ciudad, la inscripción se hará únicamente
por orden judicial.
SE
DUPLICARON LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR
Los chicos, cada vez más víctimas
En los últimos tres años,
las denuncias por chicos que son víctimas de violencia familiar
se duplicaron, según datos del Consejo Nacional de Niñez,
Infancia y Adolescencia. Además, el trabajo determina que el 90
por ciento de las víctimas son niñas menores de 11 años
y que cuanto más chicos son los niños, más expuestos
están a situaciones violentas.
El documento elaborado por especialistas del Consejo está basado
en las causas radicadas en juzgados nacionales con jurisdicción
en la ciudad de Buenos Aires. De 373 casos denunciados en 1998 se pasó
a 332 en 1999. El año pasado hubo 556, y sólo en los primeros
seis meses de 2001 se reportaron 268 denuncias.
La titular del organismo, María Orsenigo, explicó que el
incremento de denuncias no implica necesariamente un aumento de casos.
“Hay más denuncias porque se conoce más el sistema
y más mecanismos accesibles para que los chicos puedan denunciar
por propia cuenta, como las líneas telefónicas y porque
la ley contra la violencia familiar ya lleva seis años de vigencia”,
consideró la funcionaria.
Los datos –presentados en el Primer Congreso Nacional de Prevención
y Atención del Maltrato Infantil que se realiza en Buenos Aires–
indican que en el 90 por ciento de los casos derivados a la Justicia las
víctimas son niñas, en tanto los varones representan el
10 por ciento. En este sentido, la mayor parte corresponde a menores de
11 años y generalmente se trata de una combinación de maltrato,
negligencia y abuso sexual.
GUARDIAS
DETENIDOS POR ESTAFA
Osobuco en vez de asado
Por comer un asadito, están
en problemas. Ocho agentes del Servicio Penitenciario de la ex cárcel
de Caseros que alimentaban a los presos con cortes de carne “considerados
como desperdicios” para quedarse con la mejor parte, fueron procesados
por el juez de instrucción Mariano Bergés.
El magistrado los investiga por el presunto delito de “malversación
de caudales públicos, en modalidad de peculado” y trabó
un embargo de 100.000 pesos sobre cada uno. Sin embargo, no les dictó
la prisión preventiva.
Según la resolución, entre 1998 y 2000 los penitenciarios
habrían “desviado los suministros alimenticios adjudicados
a la población penal”. En otras palabras, comían lomo
o asado, mientras los internos recibían sólo osobuco o espinazo,
por lo que no podían cumplir una dieta balanceada. Los acusados
podrían estar entre 2 y 10 años presos. Si eso ocurre, seguramente
extrañarán sus antiguos manjares.
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