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 Las asambleas por los Derechos
Humanos de Neuquén y Bahía Blanca solicitaron a la Cámara
Federal de Bahía Blanca la nulidad de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final y el juzgamiento de militares que actuaron durante la dictadura
en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército. Entre los
represores que señalaron los organismos de derechos humanos, están
el teniente coronel en actividad Julián Oscar Corres y el ex suboficial
del Ejército Santiago Cruciani, quien era conocido como “El
Tío” cuando era el jefe del centro clandestino de detención
“La Escuelita”.
En la presentación de la abogada Mirta Mántaras que dirigentes
de las APDH y familiares de desaparecidos entregaron ayer a la Cámara
bahiense, se expresó que las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la última dictadura militar fueron “acciones
planificadas y consumadas clandestinamente desde un aparato estatal de
terror mediante la práctica sistemática en gran escala de
secuestros, tormentos, eliminación y desaparición de personas”
y que las consecuencias de esos crímenes “no se rigen por
el derecho interno”. Los peticionantes plantearon que estos hechos
constituyen “delitos de lesa humanidad”, según lo establecido
por las normas internacionales y la Convención contra el Genocidio.
“Estos delitos revisten el carácter de imprescriptibles, inadmisibles
a los que no se aplican los eximentes de obediencia debida y la prescripción
ni los indultos”, se afirmó en el escrito. La Cámara
Federal de Bahía Blanca –con una conformación diferente
a la actual– ya se pronunció por la no aplicación de
las normas que impiden el juzgamiento de los militares que violaron los
derechos humanos.
Las APDH solicitaron que la Cámara citara a los generales Acdel
Vilas, José Luis Sexton y Braulio Olea, a los coroneles del área
inteligencia Mario Gómez Arena y Oscar Reinhold y a los tenientes
coroneles Aníbal Mason, Mario Méndez, Hugo Casela y a Corres.
También pidieron que se interrogara al mayor Luis Alberto Farías
Barrera y a los suboficiales Julio Francisco Oviedo, alias “El Loro”
y Cruciani, alias “El Tío”. Todos están imputados
por la privación ilegítima de la libertad, la aplicación
de torturas y desaparición u homicidio calificado de Mónica
Morán, María Graciela Izurieta y Javier Seminario.
Cruciani y Corres fueron citados por la Cámara para declarar en
el juicio por la Verdad. El primero estuvo detenido un mes porque se negaba
a aportar información, hasta que la Cámara de Casación
ordenó su liberación. La intervención de ese tribunal
–que dispuso que los militares que sean llamados a declarar en ese
tipo de juicios no sean obligados a comprometerse a decir la verdad–
se produjo justamente a pedido del otro militar: Corres, que fue denunciado
por falso testimonio. Corres fue el primer miembro del Ejército
en actividad citado en los juicios en los que se intenta conocer el destino
de los desaparecidos. En su testimonio admitió haber “prestado
servicios” en el centro clandestino La Escuelita pero negó
que fueran ciertas las acusaciones que lo señalan por haberse infiltrado
en organizaciones estudiantiles. A pesar de haberse presentado ante el
tribunal, Corres apeló su citación ante Casación,
que aceptó su queja y reclamó a Bahía Blanca el expediente
completo de la causa por violaciones a los derechos humanos iniciada en
1986 e interrumpida por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Esta medida provocó un conflicto entre ambos tribunales. Ahora,
los organismos de derechos humanos pidieron que aquel juicio abierto en
1986 sea destrabado mediante la declaración de “nulidad insanable”
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tal como lo hicieron
los jueces Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío. Antes del tribunal,
deberá expedirse el fiscal Hugo Cañón, que en varias
oportunidades se manifestó contra esas normas.
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