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DESPUES DE LAS URNAS, AISLAMIENTO POLITICO Y REMILITARIZACION
Valiosa experiencia

Mientras se aísla del sistema político, el gobierno intenta recostarse sobre las Fuerzas Armadas. Un emisario presidencial trató de disuadir a Alfonsín, quien planea intimar la renuncia de Cavallo. Consultado sobre la posibilidad de usar tropas para reprimir el conflicto social, Brinzoni pidió la remoción de los impedimentos legales. De la Rúa lo intenta con una enmienda a la ley de inteligencia nacional, que vuelva a confundir las funciones de seguridad y de defensa, pero el Senado no está dispuesto a aprobarla. Los militares de la dictadura ofrecen su �valiosa experiencia�.

Recesión: Es el verdadero objetivo. Si se devalúan precios y salarios y se reducen utilidades de las empresas y fuga de capitales es posible obtener �dólares genuinos� en vez de nuevo endeudamiento.

Por Horacio Verbitsky

El presidente Fernando de la Rúa avanza hacia un decidido aislamiento respecto del sistema político e intenta recostarse sobre las Fuerzas Armadas. La decisión de confirmar al ministro de Economía Domingo Cavallo y su programa de mejoramiento del sector externo por vía de la hiperrecesión tensa el vínculo del presidente con su partido, la Unión Cívica Radical, y con la oposición justicialista, más sensibles a las presiones devaluacionistas originadas en la vieja cúpula económica liderada por el grupo italiano Techint. Las reformas propiciadas por el Poder Ejecutivo a la ley de inteligencia nacional consagrarían el regreso de las Fuerzas Armadas a las tareas policiales que les están vedadas desde la sanción de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, que separaron en forma estricta ambos campos.

Deflación y ántrax

El economista de la CTA Claudio Lozano sostiene que la recesión es el verdadero objetivo de la política en vigencia. De hecho, al lanzar la convertibilidad hace una década, con un nivel del dólar que ya entonces agredía la competitividad de la economía, Cavallo planteó en forma explícita la deflación como meta. Ahora, la reducción inducida de salarios del sector público y jubilaciones durante la más prolongada depresión que se recuerde desata un ciclo de deflación y caída salarial, que Lozano describe como de “devaluación inversa”, en el que precios y salarios caen respecto al dólar. Esto deprime el consumo de bienes importados, disminuye los distintos rubros de excedentes, como utilidades de las empresas y fuga de capitales, que en el funcionamiento habitual se dolarizan, y produce un mayor saldo comercial. Sólo así es posible obtener “dólares genuinos” y reducir la necesidad de nuevo endeudamiento externo, cuyas fuentes se han secado. Pero la sistemática rebaja del gasto público redunda en una merma de la recaudación impositiva, de modo que se torna necesario pasar de reducciones transitorias a transformaciones estructurales, que se consuman de hecho.
Un ejemplo impresionante, cuando el mundo entero procura defenderse de eventuales ataques bacteriológicos es la desfinanciación programada del Instituto Malbrán, cuyas partidas de insumos para lo que resta del año fueron reducidas a nada. La falta de sueros y vacunas contra enfermedades infecciosas puede causar más daño que todas las cartas con esporas de ántrax que Osama bin Laden tenga a bien dirigir hacia las pampas chatas. Estas medidas de desprotección de la sociedad no se compensan con la remilitarización de la seguridad interior que al mismo tiempo alienta el gobierno nacional y hacen dudar sobre sus propósitos.

El ultimátum de Alfonsín

Luego de la dura deslegitimación de los comicios del domingo pasado, el gobierno intenta establecer una alianza de hecho con los gobernadores justicialistas, el único poder institucional en el que puede sostenerse, dada la ruptura de hecho con su propio partido, la Unión Cívica Radical. Antes que las nuevas medidas económicas le preocupa cerrar el acuerdo político con los jefes territoriales del justicialismo. Las declaraciones del ex presidente Raúl Alfonsín en su columna televisiva y luego de entrevistarse con los dirigentes de la CGT acerca del agotamiento del ciclo de Cavallo fueron apenas un anticipo. En los próximos días, Alfonsín planea lanzar un ultimátum formal y público al gobierno para que prescinda del superministro. El viernes, De la Rúa envió a uno de sus hombres de mayor confianza a desayunar con el jefe partidario y advertirle que tras ese planteo deberá hacerse cargo de las consecuencias, porque él no piensa prescindir de Cavallo. La ruptura explícita está más cerca que nunca.
Según sus expectativas y las del artífice del entendimiento político, el jefe de gabinete Chrystian Colombo, la conformidad de los gobernadores permitiría trasladar a las provincias una parte sustancial del ajuste, mientras madura la renegociación escalonada del endeudamiento público, única forma de obtener en algún momento la reapertura del mercado internacional de crédito. Según el plan oficial, esa reestructuración comenzaría por los títulos en poder de los bancos locales y sus empresas administradoras de fondos jubilatorios. Recién en una segunda etapa, y siempre que se concrete el prometido apoyo de los organismos internacionales de crédito, se encararía la reestructuración de los papeles colocados más allá de las fronteras locales. Si la viabilidad de estas previsiones es dudosa, la del retorno castrense a tareas policiales parece nula: el viernes hasta el presidente del bloque radical de senadores, Jorge Agundez firmó el dictamen de la ley de inteligencia, sin las enmiendas que solicitó De la Rúa.

Los eléctricos

El ex viceministro de Defensa Vicente Massot (quien debió renunciar en 1994 luego de defender en declaraciones públicas la aplicación de torturas a detenidos durante la dictadura), asesora al gobernador de Buenos Aires Carlos Rückauf, bajo cuya administración se generalizaron los apremios a personas detenidas por la policía. En representación de Rückauf, Massot requirió al ministro de Defensa Horacio Jaunarena que las Fuerzas Armadas prestaran protección a una serie de eventuales objetivos en su provincia. Jaunarena le contestó que eso no era posible, por razones presupuestarias. Sin embargo, dispuso la realización de ejercitaciones en protección de centrales eléctricas, nucleares, como Atucha, e hidroeléctricas, como El Chocón y Yacyretá, en las que intervendrán tropas del Ejército. Invocando informes de inteligencia sobre posibles ataques aéreos con misiles contra instalaciones vitales, también la Fuerza Aérea realizará ejercicios de protección del espacio aéreo.
El 22 de agosto, De la Rúa había remitido al Congreso el proyecto de ley de inteligencia nacional, elaborado por consenso entre el Poder Ejecutivo y los distintos bloques legislativos. Las Fuerzas Armadas tienen su lugar en el Sistema de Inteligencia Nacional que crea, pero subordinadas al poder político, sólo en cuestiones que hagan a la Defensa Nacional y bajo control parlamentario. Pero el jueves De la Rúa envió al Congreso una propuesta de enmienda que no sólo desvirtuaría esa ley. También implicaría la derogación de las de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Los cambios fueron elaborados en el ministerio de Defensa, de acuerdo con los criterios impulsados por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, general Ricardo Brinzoni, y por el presidente del Foro de Generales Retirados, Augusto Alemanzor. Pero el gobierno decidió que fueran presentados al Congreso por el secretario de inteligencia del Estado, Carlos Becerra, con la ilusión de que así recibieran mejor acogida.
En junio, luego de la convulsión de General Mosconi, donde se produjo un intercambio de disparos entre francotiradores y gendarmes, Jaunarena consultó con Brinzoni si en caso de desborde podría contar con el Ejército para el restablecimiento de la situación. Brinzoni respondió que lo mejor que podría ocurrirle al gobierno sería que los militares permanecieran en sus cuarteles porque, de salir, no estaba en condiciones de asegurar hacia qué lado dispararían, dado que una porción apreciable del personal padece los mismos apretones económicos que el resto de la sociedad. Jaunarena circunscribió la solicitud a la disposición de un par de destacamentos móviles que pudieran aerotransportarse ante una emergencia. Brinzoni replicó que para ello debían reformarse las leyes de Defensa y de Seguridad y blanquearse las tareas de inteligencia interior que ya se estaban realizando. Los ataques del 11 de setiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono abrieron esa perspectiva. Alemanzor es un ingeniero militar que durante la presidencia de Alfonsín asesoró a Jaunarena acerca de la reforma militar. Desde 1996 preside el Foro de Generales Retirados, que reivindica tanto la guerra sucia como a sus actores. Hace once días, Alemanzor firmó una declaración sobre los atentados del mes anterior y sus consecuencias, afirmando que las Fuerzas Armadas poseían “valiosa experiencia en este tipo de lucha y demostraron estar capacitadas para lograr la victoria en el campo militar, por ello es necesario que la miopía, producto del ideologismo imperante, no desvirtúe su esencia ni tergiverse su empleo”. El único valor de esa experiencia es la inmunización que sus espantosas consecuencias han dejado en la sociedad, como para impedir que se repita.

Potenciales amenazas

El proyecto original definía la Inteligencia Estratégica Militar como aquella orientada a conocer el potencial militar de otros países y los eventuales teatros de operaciones, para el planeamiento y conducción de operaciones militares. Esto se corresponde con las funciones que la ley de defensa atribuye a las Fuerzas Armadas. La enmienda la redefine como aquella parte de la inteligencia “referida a la información y análisis de las potenciales amenazas”. Esta definición de amplitud cósmica puede comprender desde el dengue hasta el alcoholismo juvenil o la hinchada de Chacarita.
El artículo 14 del proyecto original creaba un Consejo interministerial de Inteligencia, que asesoraría al presidente sobre los lineamientos estratégicos y los objetivos generales de la política de inteligencia nacional. Añadía que el presidente podría convocar a representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad “con carácter consultivo”. Es decir, podían participar pero no conducir como anhelan. La enmienda reemplaza este organismo por un superconsejo de Defensa, Seguridad e Inteligencia, integrado por la SIDE y los ministerios de Defensa, de Interior y de Relaciones Exteriores. Su secretaría ejecutiva correspondería al secretario de inteligencia del Estado. Por esta vía, las Fuerzas Armadas volverían a participar en “la formulación, diseño, implementación y control” de las políticas de seguridad, que no les competen. También desaparecerían los consejos de Seguridad y de Defensa, creados por las leyes respectivas, y con ellos la delimitación entre ambos campos de actividad. La de Seguridad es una ley convenio a la que las provincias fueron adhiriendo en forma voluntaria, ya que nunca delegaron su seguridad en la Nación. En el Consejo de Seguridad participan los gobernadores y sus jefes de policía. Como la Defensa sí es una función federal, en el Consejo de Defensa deben sentarse la primera y la segunda minoría de las comisiones de Defensa de ambas cámaras del Congreso. El modelo de referencia que sigue Jaunarena es el de Chile, donde la influencia pinochetista también resiste el proyecto de ley de inteligencia elaborado por el gobierno de la Concertación. En su edición del 5 de octubre el diario “El Mercurio” informó que las Fuerzas Armadas se oponían al “poder incontrarrestable” que tendrá el director de la Agencia Nacional de Inteligencia.
En la enmienda que propicia el gobierno también se retoca con sutileza el artículo 27, que encargaba a la Escuela Nacional de Inteligencia la formación del personal de la SIDE. La nueva redacción la ha convertido en “el organismo único de selección”, asesorado por un consejo en el que estarían representadas las Fuerzas Armadas, que de este modo definirían quiénes pueden integrar la SIDE y quiénes no. También en Chile, las Fuerzas Armadas se atribuyen en exclusividad “el conocimiento necesario para una misión tan seria”.
Luego de escuchar los argumentos de Becerra, los senadores decidieron no modificar el dictamen en circulación y diferir eventuales modificaciones a su tratamiento en el recinto. El gobierno perdió su único aliado cuando el diputado justicialista Miguel Toma recordó que las Fuerzas Armadas pueden hacer sus aportes al Consejo de Seguridad Interior a través del Estado Mayor Conjunto, que lo integra. Esto vuelve a desnudar que no quieren ser parte, sino el todo.
El acuerdo suprapartidario consta de tres puntos:
Rechazo a las “potenciales amenazas” como objeto de la Inteligencia Estratégica Militar.
Aceptación de un Consejo permanente de Inteligencia, pero sin mezclar en sus funciones la Seguridad ni la Defensa. El Poder Ejecutivo puede formar por decreto un organismo de asesoramiento, pero sin arrasar con la distinción legal entre seguridad y defensa.
No convertir a la Escuela de Inteligencia en el filtro del personal de la SIDE.
La sanción de la ley de inteligencia nacional también significará la remoción de la órbita del Estado Mayor Conjunto de la Dirección de Inteligencia para la Defensa. El año pasado el ex ministro Ricardo López Murphy encomendó a ese organismo obtener información y producir inteligencia estratégica para “las misiones subsidiarias asignadas a las Fuerzas Armadas”, un alambicado modo de permitirles la inteligencia sobre Seguridad Interior. Sólo en apariencia estaba cumpliendo con el artículo 15 de la ley de Defensa Nacional, según el cual ese organismo dependerá “en forma directa e inmediata” del ministro de Defensa y no del Estado Mayor Conjunto. Hace ahora un año la Comisión de Defensa del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de resolución solicitando al ministerio de Defensa que esa Dirección de Inteligencia para la Defensa dependiera en forma directa e inmediata del ministro, y que la inteligencia sobre las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas se limitara a las de paz de las Naciones Unidas y no incluyera la Seguridad Interior. Cuando el Senado iba a aprobar la resolución también por unanimidad, Defensa pidió que se postergara su tratamiento y prometió efectuar la enmienda en forma espontánea. Los senadores cumplieron lo acordado, pero el Poder Ejecutivo no.
Más allá de las restricciones que fijan las leyes, la idea de que las Fuerzas Armadas constituyen una reserva de modernidad y eficiencia, en condiciones de responder a nuevas amenazas para las que no estarían capacitados otros segmentos del Estado es una falacia insostenible. Durante la década de 1970, con la suma del poder público, la inteligencia militar no se caracterizó por su capacidad de prevenir ataques armados. Con pocas excepciones, sólo actuó ex post facto, secuestrando, torturando y asesinando a una docena de personas ajenas por cada involucrado. Su experiencia es la de una “metodología criminal y casi mafiosa”, como la califica en sus “Memorias” el ex Jefe de Estado Mayor –Martín Balza–. Los partes de esa Dirección de Inteligencia para la Defensa son patéticos. El Jefe de Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo, sigue desde allí las alternativas del Plan Colombia, las actividades de los Sin Tierra brasileños, la inmigración en la Argentina, el movimiento de los piqueteros y el lavado de dinero, sobre mapas en los que la frontera internacional se identifica como “international boundary”, las vías férreas como “railroad”, las carreteras como “road” y Brasil se escribe con Z. Por otra parte, la incoherencia oficial determina que mientras un ministerio postula nuevos roles y responsabilidades para las Fuerzas Armadas y sus servicios de inteligencia, otro recorta sus fondos. Los borradores de la Dirección de Programación Fiscal del ministerio deEconomía, donde se persigue el siempre evanescente déficit cero, contemplan la supresión del 30 por ciento del personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas para obtener un ahorro de 19 millones; la reducción de la mitad de los agregados militares, por valor de 14 millones; suspender el ingreso de cadetes a las Fuerzas Armadas, lo que significaría 21 millones menos, y eliminar 2743 soldados voluntarios del Ejército, con lo que se liberarían otros 10 millones. Al mismo tiempo que se intenta entregar a las Fuerzas Armadas la pistola lanzagases de la seguridad interior se debilita su capacidad disuasiva para la defensa nacional.

Otra ventana

En marzo de 2000, Brinzoni postuló en una declaración pública integrar todos los sistemas de inteligencia y reglamentar la ley de defensa para “precisar las zonas grises y eliminar algún tipo de cuestionamiento que está mucho más basado en las rémoras del pasado que en las necesidades del presente y, lo que más importa, de las necesidades del futuro”. Para Brinzoni “la seguridad es una sola” y el país necesita las herramientas para combatir “el contrabando, el narcotráfico o el terrorismo”. El inminente nuevo fracaso con la ley de inteligencia en el Congreso remite todas las presiones hacia la reglamentación de la ley de Defensa, que el Poder Ejecutivo debe desde hace nueve años. En ese texto, que Jaunarena está elaborando, se definirán las funciones del Estado Mayor Conjunto, los mecanismos de planeamiento, el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y las requisas en caso de guerra. Esa es la nueva ventana por la tratará de colarse aquello que hasta ahora no ha podido entrar por la puerta.

 


 

Peor que Illia

Por H. V.

El ex vicepresidente Eduardo Duhalde, presunto gran vencedor de los comicios del domingo pasado, obtuvo el voto de uno de cada cinco empadronados en la provincia de Buenos Aires. José Manuel De la Sota, la gran esperanza blanca del establishment para la candidatura presidencial del justicialismo, sólo consiguió que uno de cada seis cordobeses empadronados en Córdoba votaran por sus candidatos. Idéntica proporción de sufragios en su favor obtuvieron en Santa Fe los candidatos de otra de las figuras presidenciables del justicialismo, Carlos Reutemann. Rodolfo Terragno y Vilma Ibarra, quienes entienden que la voluntad popular se pronunció por la continuidad de la llamada Alianza original, atrajeron la simpatía de uno de cada diez empadronados en la Ciudad Autómoma de Buenos Aires. Como consuelo, Duhalde y De la Sota pueden mostrar una votación ligeramente superior a la de los votos nulos o en blanco que, en cambio, casi duplicaron las cosechas respectivas de Terragno y Reutemann.
Estas cifras no están calculadas sobre el universo de quienes acudieron a las urnas, sino sobre el de aquellos que estaban habilitados para hacerlo. Podían votar casi 25 millones de ciudadanos, pero seis millones y medio se abstuvieron de hacerlo. En 1999, cuando Fernando De la Rúa obtuvo la presidencia había votado el 80,5 por ciento del padrón, es decir 5 por ciento más que ahora.
Tan odiosa forma de cálculo aplica un escéptico desagio a la euforia de los candidatos. Duhalde obtuvo menos votos, absolutos y en porcentaje, que los candidatos de su partido en el mismo distrito en las dos elecciones anteriores, las perdidas de 1997 y las ganadas de 1999. Este fenómeno se reproduce a escala nacional. Pese a su victoria en quince provincias, que le permitirá controlar las dos cámaras del Congreso, el justicialismo perdió 1,1 millones de votos respecto de 1999, de 6,8 a 5,7 millones. “Si en el año 1983, el 14 por ciento de los electores se ausentaba, en este comicio el 25 por ciento no concurrió a las urnas, en tanto el voto en blanco duplicó sus valores históricos hasta alcanzar el 8 por ciento y el voto anulado pasó de representar el 0,5 por ciento del padrón efectivo a más del 15 por ciento. Así las cosas, los niveles de representatividad de los dirigentes electos ha caído drásticamente a punto tal que en la media nacional, con poco mas del 20 por ciento del padrón efectivo, se obtiene la primera minoría, señal inequívoca del abismo que separa política y vida cotidiana”, dice el sociólogo Artemio López, uno de los consultores que había vaticinado el crecimiento significativo de ese fenómeno. De los nueve millones de votos que llevaron a De la Rúa a la presidencia hace dos años, sólo 3,3 millones fueron fieles ahora a las candidaturas de la Alianza, es decir algo más de un tercio. Aun así el mayor derrotado fue Cavallo. Con 1,8 millón de votos en 1999 obtuvo seis veces menos ahora. Para mayor crueldad, López calculó la merma en fracciones menores. Así, Cavallo perdió 780.000 votos por año, 65.000 por mes o uno y medio por minuto.

 

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