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Por
Irina Hauser
Pruebas inventadas, otras destruidas, más de 120 cintas de escuchas
desaparecidas, información oculta, extorsiones y testigos pagos.
Son algunas de las barbaridades que el fiscal Carlos Cearras detalló
en un dictamen que explica por qué debe ser puesta bajo la lupa
la conducta del juez Juan José Galeano y su equipo durante la instrucción
de la causa AMIA. Este expediente, paralelo al juicio oral por el atentado
terrorista, es importante porque permitiría mostrar por dentro
las deficiencias de la investigación y evidenciar que el gobierno
menemista no tuvo ninguna voluntad de que se supiera nada.
La denuncia por los posibles manejos del juzgado la hizo en agosto del
año pasado el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, después
de escuchar y leer algunas de las denuncias de Claudio Lifschitz, un ex
prosecretario de Galeano que intervino en la causa AMIA. La declaración
testimonial de Lifschitz ante el juez Claudio Bonadío duró
varios días y, en base a ellas, el fiscal Cearras impulsó
10 puntos de investigación que, si llegaran a probarse, implicarían
no sólo algunas infracciones sino también delitos como falsificación
de documentación, negociaciones incompatibles, encubrimiento y
extorsión. Los temas centrales son:
u Hay que analizar, señala el dictamen, pruebas posiblemente armadas,
otras nunca tenidas en cuenta y la conformación de legajos separados
que fueron ocultados a las partes. Lifschitz ha insistido mucho con el
legajo sobre el iraní Khalil Ghatea, ligado a la diplomacia iraní,
quien tenía pasaporte trucho e intentó salir del país
siete días después del atentado. Estaba, además,
implicado en una pesquisa sobre células terroristas dormidas a
cargo del juez de Lomas de Zamora Patricio Santamarina. Un ex inspector
de Migraciones, Rodolfo Rigamonti, quería aportar información
pero nunca fue citado como testigo.
u Según Lifschitz, y es un ítem a esclarecer a entender
de Cearras, se ocultó la investigación que estaba a cargo
del juez Santamarina y que ejecutaba la SIDE. De hecho, una hipótesis
que se manejó en la causa puso a la central de inteligencia en
la mira por no haber investigado bien y sembrar pistas falsas. Eso apuntaría
a demostrar que, en realidad, la SIDE sabía que se estaba organizando
el ataque terrorista. El ex prosecretario insiste en recordar que el mismo
día del atentado se intervinieron teléfonos como el del
agregado cultural iraní Moshen Rabbani, y varios musulmanes, sin
que se determinara qué juez las ordenó y en qué causa.
u La SIDE, según relató el ex prosecretario de Galeano,
retiró documentación del Hotel de las Américas, donde
decía alojarse el hombre que dejó la Trafic en el estacionamiento
Jet Parking los días previos al atentado, pero sólo remitió
parte de ella al juez Galeano. Omitió, por ejemplo, señalar
que en ese hotel días antes del atentado se había alojado
un ciudadano iraní que hizo llamados a algunos de los investigados
en la causa de Lomas de Zamora.
u Cearras cree que se debe que seguir la pista de los videos en los que
Galeano registraba entrevistas con testigos e imputados sin su consentimiento.
En realidad el magistrado ya fue sobreseído por su par Gabriel
Cavallo por la cinta en que se lo ve negociando con el desarmador de autos
Carlos Telleldín su declaración a cambio de 400 mil pesos.
Pero el fiscal sostiene que hay que volver sobre ese tema, porque la resolución
de Cavallo fue muy genérica. Y porque el asunto tomó otro
cariz desde que Galeano admitió ante el tribunal que sustancia
el juicio oral que le ordenó a uno de sus secretarios destruir
las filmaciones. Hay que determinar también, afirman los investigadores,
si el pago existió y si fue aportado por la SIDE, entonces a cargo
de Hugo Anzorreguy. Existen escuchas donde Telleldín y su mujer
Ana Boragni parecen hablar del tema.
u Lifschitz asegura que no sólo se negoció con Telleldín
para que involucrara a los policías bonaerenses sino que se acordaron
declaracionescon personas a las que se les prometió llegar a juicio
sin ser acusados, sólo como testigos.
u La desaparición de casetes con escuchas desde y hacia la casa
de El Enano Telleldín es otro tema central. Galeano la sindicó
como una irregularidad policial ya que más de 60 cintas del Departamento
de Protección al Orden Constitucional (POC) de la Policía
Federal. Pero las mismas escuchas, que estaban en poder de la SIDE, también
desaparecieron.
u Otro interrogante –siempre para el fiscal en base a los dichos
de Lifschitz– es por qué no se analizaron las agendas de Carlos
Telleldín, su hermano Eduardo y de Alberto Kanoore Edul, quien
se comunicó con El Enano ocho días antes del atentado, cuando
se entregó la Trafic. La agenda de Kanoore Edul, un hombre de origen
árabe, tenía números telefónicos de varios
sospechosos en la causa y de unos 15 talleres mecánicos. Otra manera
de manipular de pruebas, según Lifschitz, fue la valoración
parcial y forzada de los movimientos de llamadas de 10 celulares que estaban
a cargo del ex comisario Juan José Ribelli, otro de los acusados
claves el juicio oral junto con Telleldín.
En esta causa ya declaró el abogado de El Enano, Víctor
Stinfale, que no quiso hablar de la historia del supuesto pago. Ana Boragni
faltó y se espera que declaren dos agentes de la SIDE que habrían
participado en la negociación. En estas audiencias se vieron las
diferencias entre las querellas: los abogados de DAIA desde mucho antes
vienen defendiendo la actuación de Galeano, los de Memoria Activa
la cuestionan.
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