Por Javier Lorca

”Si esto fuera la perinola, el resultado sería todos ganan”, festejó un funcionario de Educación. Es que en medio de los recortes y rigores del déficit cero, las universidades públicas recuperarán hoy unos 140 millones de pesos (el 8 por ciento del presupuesto anual de 1800 millones). Mientras, en tiempos de paupérrima recaudación, el fisco cobrará 60 millones que le adeudaban las casas de estudios. Todo será posible gracias al rescate de casi 200 millones trabados en depósitos judiciales, rescate posibilitado por un acuerdo sellado ayer entre Educación, Economía y las propias universidades. Como contraparte, las casas de estudios se comprometieron a declinar las demandas judiciales que habían presentado contra el Estado por la subejecución presupuestaria de los últimos años.
Como informó este diario el 31 de julio pasado, desde entonces los rectores universitarios y la cartera de Educación negociaban cómo establecer un acuerdo que resolviera dos conflictos paralelos: el de las universidades que no pagaban aportes patronales en reclamo de un trato igualitario respecto de las casas de estudios privadas; y el de las deudas presupuestarias que el Estado mantiene con todo el sistema universitario.
Hace dos o tres años, según los casos, más de diez universidades dejaron de pagar parte de los aportes patronales. Cuando, a mediados de los `90, se bajaron los aportes que debían pagar las entidades privadas (universidades incluidas), las universidades públicas reclamaron el mismo beneficio y muchas iniciaron juicios por discriminación: ellas debían pagar casi un 24 por ciento, contando los aportes para obra social, y las universidades privadas gozaban de un porcentaje inferior (variable según las regiones). Con algunos fallos favorables y mientras continuaban los juicios, en lugar de seguir pagando el total de los aportes, varias de las universidades demandantes empezaron en 1998 a retener un porcentaje (el que las diferenciaba de las privadas) y a depositarlo en algún banco. Así, unos 200 millones permanecían hasta ahora en esos depósitos bancarios, trabados tanto para el Estado como para el sistema universitario.
Por otro lado, como el Estado no cumplió con el envío de fondos en los últimos tres años, las universidades se presentaron a la Justicia reclamando casi 100 millones de pesos, compromisos no devengados correspondientes a los presupuestos de 1998, 1999 y 2000.
Esto madeja es la que se logró desentrañar ayer, cuando el ministro de Educación, Andrés Delich, firmó el acuerdo que ya habían rubricado la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Superior y la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que ya había respaldado la Procuraduría General del Tesoro.
El convenio contempla que la AFIP renuncia a reclamar en concepto de aportes patronales toda cifra anterior al 31 de agosto de 2001 y que las universidades pagarán el 30 por ciento de los fondos adeudados en ese concepto al 31 de julio (poco más de 60 millones). A cambio, podrán usar el resto de los fondos en litigio (unos 140 millones) como compensación por la subejecución presupuestaria. Pero también deberán desistir de los juicios entablados por subejecución y por discriminación en el pago de aportes patronales.
El acuerdo no fue sencillo. La discusión se complicó porque algunas universidades habían pagado todos los aportes; otras no todo, pero habían depositado la diferencia; y otras ni habían pagado ni habían depositado, sino que habían gastado los fondos. Para intentar evitar conflictos, se decidió usar los depósitos “solidariamente” entre las universidades, aunque el reparto no se hará en partes iguales. “Las universidades que no pagaron pero depositaron la plata –explicó un funcionario– van a pagar el 30 por ciento a la AFIP y van a cubrir lo que se les subejecutó del presupuesto. Y, lo que sobra, se va a distribuir entre las universidades que sí pagaron los aportes y que también sufrieron la subejecución.” Estas casas cubrirán así el 70 por ciento de lo que les debía el Estado. La universidad que más recursos tiene en juego es la UBA. Sus depósitos judiciales llegan a los 100 millones. Con el convenio, recuperará 30. “Estos fondos le permitirán a la universidad cubrir las subejecuciones presupuestarias y le quedará un excedente para la posible subejecución de este año, que la UBA no renuncia a reclamar oportunamente”, aclaró el Rectorado.

CAMPAÑA PARA IMPULSAR UN PROYECTO DE LEY
A firmar por la educación pública

La UBA se sumó ayer a la campaña lanzada por el Consejo Interuniversitario Nacional para reunir firmas de apoyo a un proyecto de ley que garantice y defienda la educación pública y gratuita. “Si la sociedad se expresa, los legisladores deberán tenerlo en cuenta y garantizar el presupuesto necesario”, dijo la vicerrectora Susana Mirande. Además de la universidad, los gremios de los docentes y no docentes (Aduba y Apuba) y la federación estudiantil (FUBA) se comprometieron a trabajar en la difusión de la campaña que se realizará en las facultades, los hospitales y la calle. Los interesados también pueden adherir al proyecto en las páginas Web de la UBA, www.uba.ar, y del CIN, www.cin.edu.ar/formulario.htm. El objetivo es juntar dos millones de firmas. El proyecto de “Ley de protección para la educación pública” está integrado por los siguientes puntos:
- Garantiza el funcionamiento del sistema educativo estatal y fija que “el gasto público de la Nación en educación será incrementado a partir del año 2002 mediante un aumento gradual” hasta alcanzar en 5 años “por lo menos un 50 por ciento acumulado de incremento” sobre el presupuesto actual, que es de 13.172 millones de pesos anuales.
- “En ningún caso el presupuesto educativo de un año podrá ser inferior al del año anterior”. Además, “las universidades nacionales no podrán ser desnacionalizadas ni privatizadas”.
- “Los fondos incrementales para el sistema... serán distribuidos según pautas objetivas” y “en todos los casos serán vinculados a programas monitoreables”.
- “La diferencia entre estas metas de cumplimiento obligatorio y los recursos que determine el presupuesto será financiada con impuestos directos que tomen en cuenta la mayor capacidad contributiva”.

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