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 La
definición del minicanje de deuda con las AFJP volvió a
quedar postergada. Si bien ya hay un principio de acuerdo con los bancos,
dueños de las Administradoras, aún quedan puntos por resolver.
La traba principal es que Domingo Cavallo pretende que los nuevos bonos
que se entreguen rindan una tasa de interés más baja que
la de mercado, a pesar de la advertencia de Standard & Poor’s
de degradar la calificación de la Argentina en caso de que ello
ocurra. No obstante, anoche la cuestión ya formaba parte más
del terreno político que económico: en Economía se
conformaban con lograr aunque sea una ínfima baja de la tasa con
tal de poder demostrar que esta operación es beneficiosa. A la
espera de los anuncios, hubo pocas operaciones en la Bolsa. En ese marco,
las acciones cayeron 0,2 por ciento y el riesgo país declinó
13 puntos, a 1680.
Después de la ruinosa experiencia del megacanje, Cavallo quiere
mostrar que puede abaratar los costos de la deuda. El problema que tiene
es que ya le advirtieron que a la Argentina se la considerará en
default en caso de que la nueva operación se concrete a tasas inferiores
a las de mercado. Por otro lado, las AFJP se resisten a esa posibilidad
argumentando que podrían ser enjuiciadas en los tribunales por
“afectar los derechos de los afiliados”. En este marco, en el
Palacio de Hacienda analizaban dos alternativas: lograr una rebaja de
la tasa a través de la instrumentación de un atajo financiero
(como añadirle a los nuevos títulos una “opción
de venta”, de manera de mejorar su calidad y su precio) o bien ponerles
un techo a la tasa de interés de esos bonos.
Lo concreto es que el trueque volvió a marcar disidencias en el
equipo económico. Por un lado, el ex candidato a senador y asesor
cavallista Horacio Liendo –que privilegia una baja de la tasa–
y Daniel Marx, quien se resiste a ir en contra de las reglas del mercado.
Según estima Liendo, si el canje habilita una baja de la tasa,
este hecho tendrá un efecto contagio sobre el mercado de crédito.
En ese sentido, el viceministro plantea realizar una operación
similar a la del megacanje. Es decir, lanzar los nuevos títulos
de deuda respetando los altísimos costos que impone el mercado.
En este momento, por ejemplo, los bonos de las AFJP rinden cerca de un
23 por ciento anual. La ventaja, en todo caso, será que con el
canje el Estado pateará para adelante el pago de los intereses,
que se capitalizarán. En Economía manejan la posibilidad
de que el primer pago de intereses se concrete recién dentro de
tres a cinco años. De ser así, el “ahorro” ascendería
a unos 700 millones de pesos anuales. A su vez, a cambio de entregar 3000
millones de Bonos Pagaré de corto plazo, las AFJP embolsará
nuevos títulos a 10 años.
Otros dos puntos que aún restaban por definir se vinculaba a la
porción de bonos que las AFJP podrán utilizar para pagar
impuestos y el flujo de fondos que esas compañías destinarán
a reinvertir en los nuevos títulos.
La negociación con los bancos fue más fácil debido
a que éstos no administran carteras de terceros. Las entidades
financieras serán protagonistas de dos operaciones: la refinanciación
de las deudas provinciales por unos 8000 millones –atada al acuerdo
de la Nación con los gobernadores– y el canje de 2400 millones
de Bonos Pagaré propios por nuevos títulos que capitalizarán
intereses un año como mínimo. La estrategia de Economía
se completa con los Bontes 2002 y 2003 que los bancos poseen en sus carteras
pero que se negaron a llevar al canje. En ese sentido, el Gobierno negociará
con empresas de primera línea para que paguen impuestos con estos
bonos, de manera de lograr una suba de precios en el mercado.
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