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Por
E. T.
 La
Sala II de la Cámara Federal evitó definirse sobre la situación
procesal de Carlos Menem. Luego de estudiar durante tres meses y medio
la apelación del ex presidente al fallo del juez federal Jorge
Urso que lo consideró jefe de la asociación ilícita
que vendió las armas argentinas a Croacia y Ecuador, el tribunal
esquivó expedirse sobre el tema de fondo. Argumentando que si resolvían
las apelaciones antes de que se hubieran unificado todas las actuaciones
habrían violado el derecho de los imputados a “la defensa
en juicio”, el tribunal le reclamó a los jueces intervinientes
en el fuero penal económico, Julio Speroni y Guillermo Tiscornia,
que se inhiban de seguir con sus actuaciones y que remitan los respectivos
expedientes para ser unificados en el juzgado de Urso. Si bien la movida
podría explicarse por el intento de abortar futuros pedidos de
nulidad que den por tierra con las actuaciones, la resolución le
otorga tiempo a la Corte Suprema que prepara a marcha forzada una arquitectura
jurídica para liberar a Emir Yoma y detrás de él
a los principales involucrados. Llamativamente las defensas de los imputados
se mostraron conformes con la medida.
Formalmente, la resolución de los camaristas, Horacio Cattani,
Eduardo Luraschi y Martín Irurzum es lógica. Desde que comenzaron
las investigaciones por la venta de armas, sobrevuela un conflicto de
competencia entre el fuero federal y el penal económico. Disidencia
que a lo largo de siete años de investigaciones se insinuó
en varias ocasiones pero que nunca se explicitó.
“Se puede resolver el tema de la asociación ilícita
sin perjuicio del tema de la conexidad”, dijo a este diario el defensor
de Menem, Oscar Roger, quien adelantó “que presentará
un recurso ante la Corte Suprema de Justicia”. El máximo tribunal
es el ámbito donde están puestas todas las fichas del menemismo
(ver aparte).
Además de la causa radicada en el juzgado de Urso, hay en el fuero
penal económico tres actuaciones más. De lo investigado
por Aguinsky, una parte se encuentra en su etapa de juicio oral, en las
manos del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2. El resto del expediente
que correspondía a Aguinsky se encuentra en este momento en el
juzgado de Guillermo Tiscornia, quien evalúa derivar la causa a
su par Julio Cruciani dada la posibilidad de que el ministro de Economía,
Domingo Cavallo, lo recuse en caso de citarlo a testimoniar. Por su parte,
el juez penal económico Julio Speroni recibió del juez federal
de Bellville, Edgardo Filippi, la investigación por el contrabando
de 230 toneladas de pólvora que no estaban incluidos como material
exportable en ninguno de los decretos presidenciales. A ese hecho le sumó
posteriormente denuncias por algunos embarques a Croacia realizados al
calor de los decretos 1697/91 y 2283/91.
En su fallo de ayer, los camaristas recuerdan que desde un primer momento
ellos habían señalado que la pesquisa “debía
dirigirse hacia aquellas personas con capacidad decisoria para llevarlas
adelante”. En su repaso cronológico, los camaristas no dejan
de marcar que luego de su último fallo del 4 de abril pasado en
el que le reclamaron a Urso que investigue la existencia de una asociación
ilícita en los estamentos más elevados del poder político,
las actuaciones tanto del fuero federal como del penal económico
han tenido avances significativos. Para sintetizar las diferencias afirman
que “este fuero investiga la venta de armas desde su gestación
y aspecto económico, mientras que el otro encaminó la pesquisa
en relación a la salida del material bélico a través
de la Aduana Nacional”.
“Continuar con investigaciones paralelas sobre estos hechos sería
tolerar violaciones a los principios constitucionales que protegen la
defensa en juicio y contra el doble juzgamiento”, sostienen los jueces
de alzada. Al desgranar las actuaciones de ambos fueros, los miembros
del tribunal afirman que “las actividades que están siendo
investigadas en ambos fueros no se desarrollaron como actos independientes,
aislados entresí y desconectados de lo que sería su consecuencia,
sino que respondieron a una sola finalidad: vender ilegítimamente
armas al exterior, lo cual, por su destino y envergadura, requirió
acciones complejas y coordinadas por un número indeterminado de
personas”.
Para los camaristas, en ambos fueros se está investigando un hecho
único, difícilmente escindible. Para refrendar esta opinión,
dan cuenta de distintos fallos en los que se evidencia una fuerte coincidencia.
Luego de citar una resolución propia en la que señalaban
que “el origen de las maniobras investigadas no se ubicó en
el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
sino que fue esta última la que –en virtud de un mandato superior–,
se encargó de elaborar los expedientes administrativos que habrían
de dar cobertura a las exportaciones ya convenidas” reproducen uno
similar de la Sala B penal económica. En ese fallo, el tribunal
penal económico decía que “no hubo alguna negociación
real con Panamá para la venta y para exportación ..., sino
que, desde un inicio, la intención fue la de exportar un material
distinto a un destino también distinto de los cuales se hacía
referencia en los antecedentes de aquél decreto”.
Si los jueces del fuero penal económico resuelven hacerse competentes
en las investigaciones y no delegarlas en Urso, el conflicto lo resolverán
los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación
Penal, Pedro David, Juan Fegoli y Raúl Madueño. Aunque los
camaristas sostienen que el tribunal competente es el de Urso, por lo
avanzado de las actuaciones y por su investigación sobre la ruta
del dinero, es usual que la figura de contrabando arrastre los otros delitos.
Por lo que más allá de sus declamadas buenas intenciones,
el fallo de ayer podría transformarse en el puente que deposite
la causa de las armas en el fuero penal económico, donde el menemismo
supo contar con el fuerte predicamento del ex secretario de Justicia,
César Arias. De ocurrir esto, si bien el expediente que llevó
a Menem a quedar preso en Don Torcuato no se cerraría, el ex presidente
podría respirar tranquilo ya que el pato de la boda terminarían
siendo los escalones inferiores de la maniobra.
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