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Por Cledis Candelaresi
 En su afán de ajustar
el funcionamiento del plantel de funcionarios públicos y así
arrimarse al déficit cero, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio
de Economía redoblaron la presión sobre las dependencias
de la administración nacional para que cumplan con las diversas
normas de ajuste dispuestas en los últimos meses, desde un mayor
recorte salarial a funcionarios políticos a los regímenes
de incompatibilidades. Con este propósito, Chrystian Colombo y
Domingo Cavallo organizaron dos grupos de tareas especiales, que actúan
con el auxilio de la Oficina Anticorrupción: uno integrado por
los administradores gubernamentales y otro por técnicos de la Sindicatura
General de la Nación, que con inspecciones sorpresivas intentará
descubrir qué dependencia pública no redujo en un tercio
el presupuesto de contratados o dónde éstos encubren “ñoquis”.
Aunque el ahorro previsto no es espectacular, y ni siquiera está
cuantificado, el Gobierno aspira a que las economías a conseguir
le permitan evitar otra medida social y políticamente intolerable,
como un eventual disminución en el plantel estatal.
La batería de medidas para emprolijar la grilla pública
fue adoptada por el Gobierno hace pocos meses, como un complemento de
la drástica decisión de podar un 13 por ciento los sueldos
estatales y las jubilaciones. Entre aquellas, se encuentran las decisiones
de recortar un 26 por ciento el sueldo de funcionarios políticos,
disponer la incompatibilidad entre un empleo público y una jubilación
o dos cargos públicos simultáneos, la erradicación
de “noquis” a través de una estricta verificación
de horarios y funciones o el recorte del 30 por ciento del presupuesto
para contratos. Pero como estas medidas generaron cierta resistencia interna,
la dupla de Jefatura y Economía resolvió ajustar los controles
para constatar que, efectivamente, se estén instrumentando. La
estrategia de auditoría fue definida en una reciente reunión
que congregó al vicejefe de Gabinete, Héctor Rodríguez,
al subsecretario de Presupuesto del Palacio de Hacienda, Jorge Sansone,
al titular de la Sigen, Rafael Bielsa, y al secretario de Modernización
del Estado. Marcos Makón, quienes coincidieron en la inmediata
organización de esos cuerpos de elite, que tienen el apoyo de la
Oficina Anticorrupción.
Desde el lunes y durante los próximos sesenta días un selecto
grupo de asesores auxiliará a los responsables de cada ministerio
a ajustar tal como se había previsto. Esa misión fue asignada
a 30 de los 160 administradores gubernamentales, categoría especial
de burócratas creada en la década del ‘80 y especializada
en normas de administración del Estado.
Esta labor será complementada con la de los técnicos de
la Sigen quienes, a semejanza de la policía laboral, organizan
inspecciones repentinas para chequear que cada dependencia haya cumplido
efectivamente con el recorte del presupuesto asignado a contratos, bien
sea dando de baja algunos de ellos o reduciendo el monto individual.
Simultáneamente, Jefatura inició negociaciones con los gremios
estatales para acentuar la movilidad de los agentes públicos. La
intención es garantizar una amplia movilidad horizontal, que permita
trasladar empleados del “hiperdesarrollado” sector administrativo
a otras áreas operativas, que en algunos casos están carentes
de mano de obra.
No está cuantificado con precisión el ahorro previsto con
el cumplimiento estricto de aquellas normas, que sólo en el caso
del régimen de incompatibilidad entre un empleo público
nacional y una jubilación permitiría economizar cerca de
80 millones anuales. Pero es seguro que no será suficiente para
evitar otros esfuerzos fiscales, incluido un achique del organigrama estatal
y la consiguiente expulsión de empleados.
EL
BM DICE CREER EN LA ARGENTINA
No hay que ser tan pesimistas
Los pronósticos del mercado
sobre el futuro de la economía argentina son “excesivamente
pesimistas”, consideró ayer el vicepresidente para Latinoamérica
y el Caribe del Banco Mundial, David de Ferranti, quien aseguró
además que el país “honrará” sus compromisos
externos. “Hay un negativismo en esos análisis. La situación
es difícil, pero no podemos subestimar la capacidad de los argentinos
de encontrar su camino, como ya lo hicieron en otras oportunidades”,
afirmó De Ferranti en una conferencia de prensa en Brasilia.
El funcionario del Banco Mundial aseveró que tras sus últimos
contactos con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, vio fortalecerse
su creencia de que “el gobierno argentino hará todo por evitar
el default” (cesación de pagos). En la conferencia de prensa
concedida durante el II Foro de Desarrollo del BM, que se realiza en la
capital brasileña, De Ferranti aseguró que el gobierno del
presidente De la Rúa ha “pensado en las opciones correctas”
para sobrellevar el actual momento negativo de la economía del
país.
A su vez, el economista jefe del banco multilateral, Guillermo Perry,
opinó que el principal problema de la Argentina es que, a raíz
del sistema de convertibilidad, el Gobierno no puede alterar el régimen
cambiario como hizo Brasil en enero de 1999, indicando que “una maxidevaluación
del peso causaría graves perjuicios a las empresas”.
En cuanto a Brasil, De Ferranti también juzga que hay un pesimismo
excesivo por parte de los analistas del mercado y dijo seguir confiado
en la capacidad del país de administrar las dificultades actuales,
agravadas por los atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos. En
cuanto a las elecciones generales de octubre de 2002, aseguró que
el BM no teme una victoria de la oposición de izquierda en Brasil.
No obstante, advirtió que mantendrá su posición en
defensa de un equilibrio fiscal como condición previa para la puesta
en marcha de políticas y programas sociales.
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