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Por Irina Hauser
 Entre el ex comisario Juan
José Ribelli y el reducidor de autos Carlos Telleldín se
está tejiendo un pacto de no agresión que se refleja en
que la mayoría de los policías que declaran no cuestionan
a El Enano, y él mantiene la boca cerrada. Esa es la impresión
que tienen, a un mes del inicio del juicio oral por el atentado a la AMIA,
los fiscales que intervienen en el caso. “Lo único que se
pudo ver estos días es que hay muy poca prueba y cada vez queda
menos, no hay ningún pacto con los policías”, dijo
Víctor Stinfale, abogado de Telleldín. “No sólo
antes, sino que aquí en el juicio los policías actúan
como una banda organizada, donde el jefe es Ribelli, y en sociedad con
Telleldín”, sostuvo Marta Nercellas, abogada de la DAIA. “Lo
que importa es que los pocos que declararon no hablaron sobre nada ligado
al atentado”, discrepó Alberto Zuppi, letrado de Memoria Activa.
“Lo que se vio hasta ahora fueron alianzas y divisiones de tareas”,
comentó un allegado a la fiscalía de Eamon Mullen, José
Barbaccia y Alberto Nisman, en relación a los únicos tres
de los 20 acusados que aceptaron hablar ante el Tribunal Oral 3. Y ejemplificó:
el ex subcomisario Anastacio Leal y el ex jefe de operaciones Jorge Rago
–los únicos que respondieron preguntas– defendieron a
los policías de Vicente López; por su parte Ribelli –que
habló pero no contestó preguntas– protegió a
los de la brigada de Lanús. “Por si quedaban dudas de que
actúan en conjunto, bastó ver a la cuñada de Ribelli
repartiendo copias de la declaración de Rago”, añadió
el informante.
Para los fiscales está acreditado que Telleldín armó
la camioneta con el motor que se encontró entre los escombros de
la AMIA y que se las entregó a un grupo de policías bonaerenses
al mando de Ribelli diez días antes de la explosión. También
están convencidos de que ahora el ex comisario de Lanús
busca tener a Telleldín de su lado. Por eso, razonan, su abogado
José Manuel Ubeira al comienzo del juicio advirtió que la
mujer de “El Enano”, Ana Boragni –que no está acusada
en la causa– “va a tener que sentarse acá”. Después
Ribelli, en su declaración trató al reducidor de autos “con
algodones”.
Stinfale sostiene que su cliente es y será el eje del juicio. “Los
policías sólo se defienden de las extorsiones. Telleldín
es el principal testigo y sin él no queda nada. Hasta ahora nadie
lo ha imputado”, dijo a este diario. Para este abogado no hay pruebas
y el juicio se cae a pedazos. Algo similar evaluó Ubeira, dispuesto
a demostrar que su defendido Ribelli conforme porque se exhibieron videos
y escuchas que muestran que el juez Juan José Galeano negoció
con Telleldín su declaración y porque su defendido acusó
al Gobierno de Carlos Menem de armar una conspiración.
“Mi sensación es que los puntos espectaculares del proceso,
es decir, videos y grabaciones, ya se jugaron. Como contrapartida surgió
que declararon dos jefes de operaciones e incurrieron en contradicciones.
No están saliendo bien parados. Justamente el juicio consiste en
un juego de contrastes”, sostuvo Juan José Avila, abogado
de AMIA.
Nercellas cree que en el primer tramo del debate oral, “muchas de
las partes trataron de distraer la atención con temas ajenos al
debate”. Lo dice especialmente en alusión a las cintas que
evidenciaron el trato de Galeano con Telleldín, y al reconocimiento
del juez ante el tribunal oral de que mandó a destruir otros tantos
videos de entrevistas con testigos e imputados, temas ambos denunciados
por la querella de los familiares de las víctimas nucleados en
Memoria Activa. “Los procesados son los policías, Telleldín
y su entorno, todo lo otro que anda dando vueltas apunta a debilitar los
elementos de cargo”, protestó.
Zuppy, de Memoria Activa, piensa diferente: “algo positivo del juicio
es que ha permitido movilizar gran cantidad de temas, como el reconocimiento
de destrucción de prueba por parte de Galeano”. Pablo Jacoby,
su coequiper, agregó que en el primer mes de audiencias “se
vio un tribunalmuy estricto y riguroso en su interrogatorio que, además,
apuesta a la continuidad del juicio, no la nulidad; habrá que ver
qué pasa cuando terminen los peritajes de la instrucción
suplementaria”.
“No sólo antes, sino que aquí en el juicio los policías
actúan como una banda organizada, donde el jefe es Ribelli, y en
sociedad con Telleldín. Y todos ellos sabían para qué
se usaría la Trafic”, remarcó Nercellas. Zuppy mostró
diferencias: “Lo que importa es que los pocos que declararon no hablaron
sobre nada ligado al atentado”. “Se negaron a declarar todos
personajes relacionados con la camioneta, no sólo Telleldín,
sino también Miguel Jaimes y Ariel Nitzcaner. No digo que no estemos
ante policías corruptos. Pero si Telleldín hablara se podría
saber mucho más, él ha ocultado un montón de cosas”,
remató.
LOS
SENADORES VOTARON SU ASCENSO
El juez Cavallo ya es camarista
Por iniciativa del bloque justicialista,
el juez federal Gabriel Cavallo ascendió formalmente a camarista.
Los senadores aprobaron ayer el nombramiento del magistrado en la Sala
I de la Cámara Federal, junto a Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani.
La sanción se produjo sin discursos y con un perfil bajo, tanto
que cuando por secretaría se leyó el pliego no se mencionó
el nombre y el apellido de la persona propuesta, en este caso Cavallo,
lo cual mereció una observación del catamarqueño
Pedro Villarroel.
El pliego de Cavallo llegó a la Cámara alta luego de que
el magistrado quedara en el segundo lugar del orden de mérito en
la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo
en la Cámara Federal y el ministerio de Justicia lo eligiera para
enviar al Senado.
El dictamen de la comisión de Acuerdos que se aprobó está
firmado exclusivamente por miembros del justicialismo, incluido cuatro
de los imputados en la causa de las coimas a los que luego se les dictó
la falta de mérito pero no el sobreseimiento: Augusto Alasino,
Ricardo Branda, Remo Constanzo y Angel Pardo. A ellos se sumaron el presidente
de Acuerdos, Horacio Zalazar, Jorge Mikkelsen Loth, Jorge Villaverde,
Carlos Verna, Julio San Millán y Carlos De la Rosa. No acompañaron
ni los radicales ni los senadores de partidos provinciales, quienes manifestaron
sus dudas sobre la conveniencia de que la actual conformación de
la Cámara alta sea la que se pronuncie sobre el futuro del juez
que tenía en sus manos una causa que involucra a sus pares. Los
imputados radicales Raúl Galván y Alcidez López,
a quienes se les dictó la falta de mérito, se abstuvieron
de participar enviando una nota a la comisión de Acuerdos.
Durante la sesión, el pliego del juez que anuló las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final fue aprobado por mayoría. El
único que hizo uso de la palabra fue José Antonio Romero
Feris, que anunció que se excusaría debido a que se trataba
del juez que había investigado los sobornos en el Senado. Esta
causa fue heredada por Cavallo después de la renuncia del cuestionado
Carlos Liporaci, pero recientemente –y a raíz de que la Cámara
Alta debía tratar su ascenso– el caso pasó al juzgado
de Rodolfo Canicoba Corral.
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