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Por Diego Schurman
 En ausencia, Domingo Cavallo
estuvo más presente que nunca. Su viaje fue la excusa que ayer
utilizó Chrystian Colombo ante las gobernadores para dilatar las
tratativas. Pero también fue motivo de especulaciones entre los
mandatarios provinciales, oficialistas y de la oposición, sobre
la continuidad del ministro de Economía en el cargo. De lo que
menos se habló con el jefe de Gabinete fue de la coparticipación,
el motivo que en rigor los había reunido.
La jornada no arrancó de la mejor manera. Los gobernadores se cansaron
de esperar a Colombo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Todos
interpretaron que el Gobierno no tenía nada para ofrecer.
Algunos mandatarios amenazaron entonces con dar un portazo. Pero la mayoría
consideró peor retornar a sus provincias, después de una
semana de ausencia, con las manos vacías. Otra fue la evaluación
de Carlos Ruckauf, el único gobernador de un distrito grande que
se ausentó. El bonaerense estaba en camino al CFI cuando le avisaron
que Colombo no iría.
Desde la Jefatura de Gabinete se dio una interpretación distinta
de las marchas y contramarchas. “Colombo participaba de la asunción
de Sartor. Finalmente, cuando se vio todo el show que estaban armando
los gobernadores, hizo el gesto de ir por la tarde para demostrar que
no hubo un desplante”, dijeron a Página/12 desde sus oficinas.
Más allá de las justificaciones, alrededor de las 17 apareció
Colombo en el CFI, pero para pedir un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía.
Argumentó la necesidad de esperar el retorno de Cavallo de los
Estados Unidos, a donde viajó el lunes en secreto.
El ministro de Economía negocia a contra reloj una ayuda económica.
Pero las conversaciones de los gobernadores no rondaron sobre el futuro
de esa gestión ante la Reserva Federal de Nueva York y el Tesoro
de Estados Unidos sino sobre la suerte del propio Cavallo, a quien –aseguraron
por lo bajo–no les gustaría tener sentado hoy en la mesa de
negociaciones.
“Quizás lo desplacen cuando pase el default. El tema es quién
lo va a reemplazar, porque son pocos los que quieren ser el Jesús
Rodríguez de De la Rúa”, señaló un conspicuo
gobernador del PJ. Hacía un paralelo con el ex ministro de Alfonsín,
quien dio muestras de su militancia radical asumiendo el cargo cuando
la hiperinflación se mostraba incontrolable.
Algunos buscaron llevar agua para su molino y aseguraron que la nueva
caída de la sesión del Congreso, donde se planeaba quitarse
los poderes especiales a Cavallo, fue un ardid pergeñado desde
el propio justicialismo “para no aparecer como responsables”
de una eventual renuncia del ministro. “Si no, le estábamos
regalando una excusa”, dijeron. En las tertulias se mencionó
que uno de sus reemplazantes podría ser el propio Colombo.
En la media hora que el funcionario compartió con los mandatarios
hubo algunos minutos dedicados al tema que los reunió: la coparticipación.
El frente de los gobernadores pareció quebrarse cuando algunos
aliancistas mostraron vocación acuerdista y hasta uno de ellos,
el rionegrino Pablo Verani (que ahora tiene un hombre propio como Ministro
de Desarrollo Social, Daniel Sartor), vaticinó que hoy será
un día clave de las negociaciones. Una apreciación que,
por ejemplo, no era coincidente con la de Aníbal Ibarra, jefe de
Gobierno porteño.
En el PJ, por su parte, insisten en que no tienen asegurado cobrar el
piso de 1364 millones de la coparticipación y que quieren sí
o sí una “homologación” judicial de ese compromiso.
El pedido surgió del santacruceño Néstor Kirchner
luego del incumplimiento oficial de pactos anteriores.
Los mandatarios justicialistas de todos modos hacen valer su peso específico
(son 14 en total). Y especulan que, más allá de la posibilidad
de que los radicales arriben a un acuerdo, sin ellos el presidente Fernando
De la Rúa “no tendrá la gobernabilidad asegurada”.
Hasta anoche,en una cena que los reunió en la Casa de Tucumán
de la Capital Federal, mantenían esa postura inflexible.
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OPINION
Por Mariano Ciafardini *
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Ideas contra el dislate
Se puede unir Cancillería con Salud Pública? Los
dos ministerios tienen puntos de contacto, pero juntarlos sería
un dislate. ¿Y unir el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos con el de Educación, como lo sugieren algunos en
estos días? Sería un dislate igual. Sólo hay
un argumento a favor, y es histórico: que antes estaban juntos.
Sin embargo, esa combinación de funciones se basaba en ideas
positivistas de principios del siglo que encontraban alguna correlación
entre la supuesta “resocialización” carcelaria
a cargo del Ministerio de Justicia y la “socialización”
mediante la educación. Está claro ya hoy que el papel
de la cárcel es, en el mejor de los casos, el de contención.
También está claro que el rol del Estado de afianzar
la justicia no pasa principalmente por el manejo de la administración
penitenciaria, sino que éste es simplemente uno de los eslabones
de un sistema mucho más complejo, el sistema penal. En él,
el rol de la policía como preventora del delito o como investigadora
a las órdenes del Ministerio Público es fundamental
para evitar la impunidad. La celeridad y seriedad de las formas
de la realización de los juicios son la única garantía
de la seguridad jurídica. Los delitos complejos necesitan
una gran articulación entre la actividad de las fuerzas de
seguridad y el desempeño de la fiscalía y los tribunales
penales para ser investigados con eficacia. Y el delito “común”
requiere de estrategias y planes de prevención que reduzcan
la escandalosa cantidad de hechos que tiene atiborrados tanto a
las comisarías como a las fiscalías, a los tribunales
y a las cárceles.
Este es el peor momento para hablar de cambios en las estructuras
institucionales sin un proceso de debate más profundo. Si
igual quieren realizarse modificaciones, convendría descartar
un criterio exclusivamente presupuestarista. Y si la integración
de diversas áreas es imprescindible, hay mejores salidas
que unir Justicia con Educación. Por ejemplo, incorporar
al Ministerio de Justicia la Secretaría de Seguridad, actualmente
en el Ministerio del Interior. Habría que incluir, también,
a la actual Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico,
separándola de la función de prevención de
la drogadicción que nunca debería haber salido del
área del Ce.Na.Re.So., en el ámbito del Ministerio
de Salud. De ese modo podría prestarse ayuda a las provincias
cuando sea necesario articular acciones con los ministerios públicos
y las policías provinciales. Y brindarles la información
necesaria, además de cooperar en las estrategias de prevención
del delito simple y el delito complejo y el funcionamiento de la
justicia penal, de la no penal y de los medios alternativos de resolución
de conflictos.
No olvidemos que actualmente están dentro del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos la Oficina Anticorrupción
y la Unidad de Investigaciones Financieras contra el lavado de dinero,
y la Secretaría de Política Criminal que lleva adelante
la investigación estadística criminológica
y dirige desde el Ministerio de Justicia el Plan Nacional de Prevención
del Delito Urbano que ya está empezando a dar resultados
en varios distritos.
Así, el Estado ganaría una ventaja: controlará
el ejercicio del poder punitivo y la política de prevención
y seguridad y mantendrá funcionando bajo su “paraguas”
a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si se les sumara
el Instituto Contra la Discriminación, la nueva estructura
aseguraría al mismo tiempo la legalidad y los límites
garantistas de estas políticas tan delicadas.
* Secretario de Política Criminal. Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
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