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 El juez español Baltasar
Garzón envió el pedido de extradición de 18 represores
argentinos que fueron detenidos –la mayoría está excarcelada–
por orden del juez federal Gabriel Cavallo acusados de delitos de genocidio,
terrorismo y torturas. Ahora podrá expedirse la Cancillería
argentina y si mantiene la posición que adoptó cuando Italia
reclamó el juzgamiento de Alfredo Astiz, los acusados se quedarán
en el país pero podrán ser investigados aquí.
Cavallo ordenó el arresto de las 18 personas de acuerdo con un
pedido de detención que el juez español envió desde
Madrid a través de Interpol el 21 de agosto pasado. Garzón
reclamó la detención de doce represores de la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA) y seis de la provincia de Santa Fe
–entre ellos el ex juez federal Víctor Brusa, que sigue en
prisión– por los delitos de “terrorismo desarrollado
en base a múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros
y desaparición forzada de personas; y genocidio”. Se trata
de acusados que no estaban incluidos en la nómina de 48 militares
que fue cajoneada a principios del año pasado por el entonces juez
Gustavo Literas, de acuerdo con los deseos del entonces ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra.
Ayer Garzón inició formalmente el proceso de extradición
en el que intervendrán los gobiernos español y argentino.
Y si el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue la línea que
trazó con el caso Astiz, la solicitud del magistrado español
será rechazada.
El convenio de extradición entre Argentina y España establece
en su artículo 7 que “si la parte requerida no accediere a
la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad debería
someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse
judicialmente contra aquel”. Es decir, que los acusados en Madrid
deberían ser investigados en Argentina y en el transcurso del proceso
se debería evaluar la pertinencia o no de la aplicación
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Actualmente, la Cámara Federal porteña está evaluando
si confirma –y se supone que lo hará– la declaración
de inconstitucionalidad de estas normas. De cualquier manera, Brusa –acusado
de colaborar con los torturadores santafesinos cuando era secretario del
juzgado federal de Santa Fe– es civil y por lo tanto no puede beneficiarse
con las normas que impidieron el castigo de los militares y miembros de
las fuerzas de seguridad que violaron los derechos humanos durante la
última dictadura. Brusa fue destituido de su cargo de juez federal
luego de que sus víctimas se presentaran ante el Consejo de la
Magistratura para relatar que el hombre los obligaba a firmar declaraciones
obtenidas bajo tortura y que se descubriera que, fiel a su estilo, había
atropellado con su lancha a un nadador y no le había prestado asistencia.
La Cancillería argentina tiene que recibir también un pedido
similar proveniente de Alemania contra el represor Carlos Guillermo “Pajarito”
Suárez Mason, acusado del asesinato de Elisabeth Käsemann.
El Tribunal de Nuremberg ya envió la solicitud de extradición,
pero en este caso las posibilidades de que prospere son más limitadas
ya que el ex militar está preso por apropiación de bebés
durante la dictadura. Cavallo también lo puso preventivamente a
disposición de su juzgado.
En la lista de Garzón hay dos personas que están presas:
el teniente de navío Jorge Carlos Rádice, que fue detenido
en la causa en la que se investiga el robo de bienes de desaparecidos,
y el capitán de fragata Jorge Luis Magnacco, médico que
atendió partos de prisioneras secuestradas en la ESMA y fue detenido
por ser partícipe de la apropiación del hijo de Patricia
Roisinblit. Los que completan la lista son Maria Aevis, Miguel Angel Benazzi
Berisso, Roberto Rubén Carnot, Héctor Romeo Colombini, Hugo
Enrique Damario, Mario José Fasino –quien fue electo presidente
de una comuna santefesina–, Roberto Oscar González, Salvio
Olegario Menéndez, Juan Calixto Perizotti, Víctor Brusa,
Fernando Enrique Peyón, Eduardo Alberto Ramos, Gonzalo Sánchez,
Francisco Lucio Rioja, Raúl Enrique Scheller y José Antonio
Suppicich.
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OPINION
Por Ernesto López*
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¿Fingir demencia y
hacerse el otario?
Las posiciones que los representantes del Poder Ejecutivo –sucesivamente
el ministro Jaunarena y el secretario Becerra– han venido sosteniendo
a propósito del proyecto de Ley de Inteligencia Nacional
son, paradojalmente, poco inteligentes. Uno, quizá, no debería
sorprenderse de que sea así, dado que hace casi dos años
que el Gobierno viene exhibiendo una escasa capacidad de comprensión
y una poco menos que nula creatividad. Para muestra, dos botones:
la curiosa interpretación presidencial de los recientes resultados
electorales y la incomprensible –y contumaz, a fuer de reiterada–
decisión de atacar la recesión económica reduciendo
la demanda. Pero tratándose de temas vinculados al área
de la defensa, hay lugar para el asombro. Al fin y al cabo, tanto
a Jaunarena como a sus secretarios Tello y Lladós se les
reconoce una aquilatada experiencia, cosechada en los tormentosos
años de Alfonsín, cuando estuvieron en cargos similares
a los que ostentan ahora.
El último intento de modificar el mencionado proyecto de
ley, protagonizado por el secretario Becerra –con la obvia
anuencia del Presidente y de los antedichos funcionarios de Defensa–,
implica una notoria confusión. Propone cambiar el artículo
14 de aquel proyecto, dando lugar a la creación de un Consejo
de Defensa, Seguridad e Inteligencia, cuya misión sería
la de asistir al Presidente “en la coordinación de las
actividades” relativas a esas áreas, según consta
textualmente en los papeles que circularon en el Congreso.
Jaunarena, Tello, Lladós y Becerra no ignoran –no pueden
ignorar– que tanto la Ley de Defensa Nacional como la de Seguridad
Interior prevén, respectivamente, la creación de un
Consejo de Defensa Nacional y de un Consejo de Seguridad Interior.
Sin embargo, la flamante iniciativa del Ejecutivo no contiene ninguna
indicación acerca de cómo compatibilizar los tres
Consejos; tampoco se inclina por la supresión de los dos
específicos. Propone, en síntesis, una confusa yuxtaposición,
sin orden y sin razones. Así, el nuevo emprendimiento gubernamental
choca contra disposiciones sustanciales de ambas leyes, las pone
en entredicho y abre la posibilidad de modificarlas de hecho. Más
importante todavía, Jaunarena, Tello, Lladós y Becerra
saben perfectamente que tanto la ley de Defensa como la de Seguridad
Interior se votaron prácticamente por unanimidad en el Parlamento,
constituyendo un núcleo consensual pluripartidario valiosísimo,
que ha venido encuadrando con relativo éxito el todavía
acucioso asunto, entre nosotros, de las relaciones civil-militares.
En México, a esta clase de distracciones se las denomina
“fingir demencia”. Como imagen literaria es mejor que
nuestra cruda “hacerse el otario”. Aquella, además,
aplicada a la política es portadora de un implícito:
va sin decir que detrás de ella normalmente se oculta algún
fin inconfesable. ¿Será este nuestro caso o se tratará
simplemente de una falta de inteligencia aplicada a la Inteligencia?
* Especialista en sociología militar.
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