Por Pedro Lipcovich

“Estos padres, de escasos recursos económicos, lograron participar en la educación como rara vez sucede en las escuelas”: así comentó un especialista en educación el conflicto que se suscitó en una escuela de San Miguel, que había negado la entrada a clases a alumnos cuyos padres adeudaban cuotas: los padres hicieron de inmediato la denuncia al Ministerio de Educación provincial, que revocó la medida y apercibió al director. Este reconoció su error ante todos los padres y éstos se pronunciaron, a la vez, contra la medida discriminatoria y en defensa del proyecto educativo de la escuela. El episodio se enmarca en la morosidad generalizada de los padres, bajo la crisis económica, pero no es del todo ajeno a un tema silenciado: la falta de transparencia en los subsidios a escuelas privadas, por la cual hay escuelas para ricos con subsidio y escuelas para pobres que no lo tienen.
El miércoles, en la Escuela Taller El Pequeño Labrador, de San Miguel, 16 chicos pasaron el horario de clases sentaditos en el patio. Las maestras les habían dicho que no podían quedarse en el aula pues los padres no habían pagado las cuotas. En el cuaderno de comunicaciones había una nota que anunciaba que quienes no pagaran se quedarían sin clases.
Varios padres denunciaron ante la inspectora de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, que de inmediato ordenó dejar sin efecto la medida y sancionó con un apercibimiento al director del colegio, Esteban Parodi. Juan Odriozola, director de Enseñanza de Gestión Privada bonaerense, observó que “separar así a los alumnos está fuera de todo sentido común y contradice las normativas de la provincia”. El funcionario agregó que, “además del apercibimiento, hemos abierto un presumario”. El director de Cultura y Educación bonaerense, José Octavio Bordón, calificó como “accionar incorrecto” el del establecimiento.
Odriozola señaló que “muchas de las 5400 escuelas privadas de la provincia soportan morosidad, en un contexto donde muchos padres han quedado sin trabajo: se debe recurrir al diálogo y mantener al chico en la escuela. Finalizado el ciclo lectivo, la escuela puede reservarse el derecho de admisión al año siguiente”.
Ayer, las clases se dictaron normalmente y Parodi se reunió con todos los padres de los alumnos, ante quienes admitió su error. Y después, varios padres, frente a los medios, salieron en defensa de la escuela y de su director: “El reconoció que estuvo mal, pero también es cierto que los padres deudores tienen que venir al colegio a dar la cara –dijo una mamá-. Algunos traen a sus hijos en remís y ese dinero lo podrían guardar para pagar las cuotas”, que son de 35 pesos por mes. Un padre pidió proteger “el prestigio del colegio, que es alto: no podemos dejar que, por una equivocación, se venga abajo”. Los padres señalaban que el colegio está con problemas económicos y los maestros están sin cobrar los sueldos.
Según comentó Mariano Narodowsky, profesor titular en el área Educación de la Universidad de Quilmes, “ha funcionado bien la participación y el control por los padres de la educación de sus hijos, que no tiene lugar en la mayoría de las escuelas privadas o públicas. El error del director fue grave pero la comunidad reaccionó y él hizo una autocrítica pública, lo cual no es frecuente. Esos padres son de bajos recursos y se ve que hacen un esfuerzo enorme para mandar a sus hijos a esa escuela”.
Además, “esa escuela no tiene subsidios, y sucede que el mecanismo para otorgar subsidios a las escuelas privadas es muy poco transparente: tendría que basarse en concursos públicos, con igualdad de posibilidades, y estar sujeto a evaluaciones periódicas. En la provincia de Buenos Aires hay escuelas a las que van alumnos de nivel económico más alto que los de El Pequeño Labrador, y tienen subsidios”, observó.

PARA EL PROCURADOR, EL HOTEL SE PUEDE CONSTRUIR
La Nunciatura pierde puntos

Por E. V.

“La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no constituye un obstáculo para la construcción de un hotel de alta categoría en un predio colindante con el de la Nunciatura Apostólica”. La frase pertenece al dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, formulado a pedido de la Cancillería. Con este pronunciamiento, se desvanece la pretensión del nuncio apostólico, monseñor Santos Abril y Castelló, de frenar la construcción de un hotel cinco estrellas sobre la calle Posadas, en el predio que pertenece al Palacio Duhau. La obra está paralizada, pero sólo en forma temporaria, mientras la empresa que construye el hotel y el representante diplomático del Vaticano negocian una modificación del proyecto.
El procurador, máximo representante legal del Poder Ejecutivo Nacional, se pronunció ante el reclamo de la Nunciatura, que invocó razones de seguridad supuestamente contempladas en la Convención de Viena para impedir la construcción del hotel. Según la Convención, “el Estado receptor tiene la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión (diplomática) contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
En un dictamen de diez carillas –al que tuvo acceso este diario–, Marcer concluyó que “no se advierte que la construcción de un paseo de compras y de un hotel constituya por sí amenaza o peligro alguno” para la embajada. Si bien el pronunciamiento no es vinculante, todo hace prever que fija el criterio que adoptará la Cancillería.
Mientras tanto, la Legislatura porteña invirtió cinco horas de su tiempo para tratar un proyecto que pide la paralización de la obra. La propuesta fue retórica, pues los trabajos ya estaban paralizados, de hecho, merced a un acuerdo entre la empresa El Rosario, dueña del palacio Duhau, y el nuncio. Según fuentes de la empresa, la negociación se lleva adelante en buenos términos y desembocaría en una modificación del proyecto: no se reduciría la altura de 14 pisos, pero se cambiarían algunos aspectos que dejarían conforme al embajador.

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