Por Horacio Cecchi

“No voy a abrir juicios negativos sobre mis funcionarios”, respondió tajante apenas terminado el acto de asunción de Juan José Alvarez como ministro de Seguridad bonaerense. En realidad, el gobernador Carlos Ruckauf quiso decir ex funcionario, porque se refería al ministro saliente Ramón Verón. Tampoco hacía falta decir demasiado: Verón salía por la puerta trasera tras el escándalo desatado por la denuncia de la Suprema Corte sobre la muerte de 60 chicos en presuntos enfrentamientos con la policía. El nuevo ministro inicia su gestión con un difuso crédito: la oposición reconoce como positiva la designación de un político en lugar de un comisario al frente de un problema político como el de la seguridad. Ruckauf aprovechó para anunciar el recambio de su gabinete: el ministro de Justicia Jorge Casanovas fue reemplazado por el duhaldista Antonio Arcuri, y el director de Escuelas, Octavio Bordón lo será por Mario Oporto. Mientras Alvarez asumía, la secretaria de Derechos Humanos nacional Diana Conti anunciaba un pedido de investigación sobre Ruckauf por la actividad de los escuadrones de la muerte policiales (ver aparte).
El final de la administración de seguridad de Verón no pudo ser más estrepitoso: un día antes, la Suprema Corte denunciaba la muerte de 60 menores en territorio bonaerense, entre 1999 y 2000. Muertes que según el informe eran notificadas por los uniformados como enfrentamientos. La resolución de los ministros de la Corte puso en duda la veracidad de dichos enfrentamientos al dar cuenta de que muchos de esos menores habían presentado previamente denuncias de “amenazas y/o tratos lesivos”, y dejaba entrever la actuación sistemática de escuadrones de la muerte.
El jueves, cuando la versión de la caída de Verón recorría los pasillos platenses, el propio ministro dibujó su final durante una entrevista radial en la que respondió: “Es casi un deporte de los menores denunciar apremios ilegales”.
El informe de la Corte fue el que disparó la caída. Pero su suerte ya estaba escrita aún antes de las elecciones. “La denuncia aceleró la decisión sorpresivamente”, confió un diputado del PJ bonaerense. “Fue un cambio estratégico”, aseguraron en la oposición.
“Alak, Balestrini y Alvarez salieron votados en sus intendencias con mucha fuerza. Y lo que están pidiendo es un espacio de poder –señaló un diputado aliancista–. Los dos años que le quedan a Ruckauf son tremendos y se enfrenta a una puja interna durísima. Su discurso de la mano dura formó parte de una táctica: necesitaba mostrarse como un duro, y tener enfrente a una legislatura opuesta a sus proyectos a quien culpar. Pero ahora, teniendo mayoría en las dos cámaras, se le cayeron las excusas. Y sabe que la mano dura ya no cosecha votos. Entonces, cedió a los pedidos de compartir poder, pero entregó un ministerio que es un polvorín. Si sale mal, que es muy previsible, intentará compartir la responsabilidad.”
Juan José Alvarez, reelecto intendente de Hurlingham, “Juanjo” para el arco político justicialista y también de la oposición, es uno de los Tres Mosqueteros –junto con Julio Alak, intendente de La Plata, y Alberto Balestrini, de La Matanza–, llamados así porque se aventuraron a una línea independiente de Eduardo Duhalde en el PJ.
En el ‘95, Alvarez resultó electo intendente de Hurlingham. Durante su gestión designó a Patricia Bullrich como secretaria de Coordinación, quien ideó el Plan Policía-Vecino, abriendo espacios de participación vecinal en temas de seguridad. El plan fue considerado modelo y despertó el interés de León Arslanian para implementarlo durante la Reforma de la Bonaerense. Arslanian llamó a Alvarez, que pasó a ser secretario de Relaciones con la Comunidad. “No se llevaron bien –detalló un integrante de la Reforma inicial–. Cuestiones de celos políticos”. A los tres meses, Alvarez se fue dando un portazo y el plan modelo nunca se aplicó”. En el ’99, fue reelecto en la intendencia.
Su llegada al ministerio por el momento abre dudas. “Es muy positivo que se designe a un político al frente de la seguridad, que es un tema político y no policial. Pero no le abrimos un crédito hasta que veamos que se propone hacer y cómo lo hace”, aseguró el senador frepasista Eduardo Sigal. “El tema de la seguridad va a volver a estallar –sostuvo el senador radical Diego Rodrigo–. Las cárceles anunciadas nunca se levantaron, las 18 alcaidías tampoco, los policías están involucrados en todos los delitos”. “Se dejaron pasar dos años ignorando todas las denuncias, muertes, corrupción policial –dijo el diputado frepasista Alejandro Mosquera–. Es evidente que hay una responsabilidad política.”
“La interrupción de la Reforma de la Bonaerense abrió el campo al regreso de la Maldita Policía, relacionada con abusos aberrantes y cantidades de delitos en los que los policías estuvieron involucrados. Hoy estamos viviendo las consecuencias –dijo Ciro Annicchiarico, concejal frepasista en Lomas de Zamora y ex integrante del Instituto de Política Criminal y de Seguridad bonaerense–. Ahora se recurre a la vieja receta de cambio de cúpula. Quizás Alvarez pueda hacer las cosas bien”.
De todos modos, el difuso crédito con que cuenta Alvarez fue relativizado por el propio Ruckauf: confirmó en el cargo al comisario que planteó sitiar las villas, Amadeo D’Angelo, designado por Verón como virtual jefe policial. Ayer, durante el acto de asunción, el otro reemplazante, Antonio Arcuri –en el Ministerio de Justicia, en lugar de Jorge Casanovas, electo diputado–, cerró con un broche de oro su discurso inicial: “Hay que acelerar los tiempos de la ley”, aseguró y consideró “excelentísima”, la actuación de su antecesor, enfrentado con el 99 por ciento de los jueces de la provincia.

ANTONIO ARCURI REEMPLAZARA A CASANOVA Y MARIO OPORTO, A BORDON
Ruckauf mueve sus fichas poselectorales

Por Felipe Yapur

Carlos Ruckauf sabía que tenía que reestructurar su gabinete. Lo sabía desde antes de las elecciones del 14 de octubre, porque Eduardo Duhalde lo estaba presionando. Pero nunca pensó que fuera el informe de la Corte de Justicia provincial, que denunció la muerte de al menos 60 niños y adolescentes a mano de la Policía Bonaerense, lo que aceleraría los tiempos y mucho menos imaginó que tendría que despedir al policía Ramón Verón del Ministerio de Seguridad, la cartera desde donde implementó su política de “mano dura” y que tanto resultado le diera durante la campaña electoral del ‘99.
Para el gobernador nunca había estado en discusión su política de “mano dura”. Pero con el informe de la Corte de Justicia bonaerense en la calle todo cambió. Se vio obligado a modificar sus planes sobre la marcha y en tren de darle una nueva imagen a su gobierno recurrió al intendente de Hurlingham, Juan José Alvarez, quien ya había colaborado con el entonces ministro León Arslanian.
Sacando rápidamente al uniformado del medio cree que logro matar a dos pájaros de un tiro. Por un lado, “oxigena” el gabinete en medio de esta nueva crisis con la Policía Bonaerense, pero también le pone un freno al avance duhaldista al designar a uno de los intendentes que mejor performance hizo en los comicios pasados y que está enfrentado a la férrea estructura territorial del senador electo.
Alvarez conforma, junto con los intendentes Alberto Balestrini (La Matanza) y Julio Alak (La Plata), el grupo que se conoce como “Los tres mosqueteros” y que Duhalde busca con desesperación desarticular porque sabe que éstos tienen en sus planes discutirle el nombre del candidato a gobernador de 2003.
Tras pedir licencia a su puesto en Hurlingham, el actual ministro llegó –según confiaron sus colaboradores– “para darle nuevos aires a la política de seguridad”. Eso sí, se apresuraron a aclaran que si bien rechazan la mano dura, “tampoco somos garantistas como Arslanian”. En todo caso, prefieren sostener que “Juanjo se ajusta al derecho”, frase que repiten sin cesar aunque evitan dar pistas sobre cuál es la diferencia con las otras dos líneas.
Los cambios en el gabinete se veían venir. Ruckauf lo sabía y con la profundización de la crisis que lo arrastró casi al fondo de la tabla de popularidad, vio crecer la figura del ex gobernador, quien comenzó a presionar al mandatario para que reestructure el gabinete. El dedo acusador del senador electo señalaba al director general de Escuelas (DGE), José Octavio Bordón, y al ministro de Justicia, Jorge Casanova. Los recambios casi tenían fecha, iban a aprovechar el 10 de diciembre cuando Casanova asumiera como diputado nacional para concretarlos.
Con el resultado electoral en las manos, Duhalde profundizó su embestida. El ex gobernador quería el puesto de Bordón a quien le cuestionaban su gestión –“muy gris” solían repetir los duhaldistas– y pretendía que lo reemplazara alguien que ya había ocupado ese cargo. La elegida era la diputada Graciela Giannettasio, a la que Duhalde quería resarcir por no haberla elegido como su compañera en la fórmula para senadores. Ruckauf resistió colocando en la DGE a Mario Oporto, el segundo de Bordón y hombre del sociólogo mendocino.
El puesto de Casanova estaba desde hace tiempo resignado y desde ayer es ocupado por el ultrarrecontraduhaldista, Antonio Arcuri. La llegada de este estrecho colaborador está relacionado con la forma en que Duhalde organiza y equilibra su armado territorial. Arcuri, quien supo dirigir el apetecido y millonario Fondo de Reparación Histórica del Conurbano bonaerense, tiene a su esposa Brígida al frente de la intendencia de San Vicente, un partido que dividió hace unos años para poder contentar al otro caudillo de ese distrito, Oscar Rodríguez. Este conduce el partido de Presidente Perón y es el marido de la senadora electa Mabel Müller. Duhalde se rearma en su camino a la candidatura presidencial. Ruckauf resiste porque quiere recorrer el mismo camino.

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