Por Martín Granovsky

La presentación es francamente atractiva. Sostiene que “reduce el gasto mensual de PAMI a unos 170 millones de pesos aproximadamente, no genera desempleos ni despidos, origina seis mil puestos de trabajo en el sector privado y traslada la carga administrativa a los nuevos contratos de riesgo”. Así es el proyecto de privatizar el PAMI, que por supuesto no aparece de ese modo en el documento al que tuvo acceso exclusivo Página/12. Fue elaborado por los prestadores afines al senador electo Luis Barrionuevo y lo estudia el jefe de Gabinete Chrystian Colombo.
Quien acercó el proyecto al Gobierno fue Roberto Romano, de Lanús, a quien en el PAMI conocen amistosamente como “Erreerre”. Romano nuclea a un grupo de prestadores de la obra social de los jubilados con gran peso en el conurbano bonaerense y un peso menor en la Capital Federal. Expertos del PAMI consultados por Página/12 calcularon que agrupa a prestadores que atienden la salud de alrededor de la mitad de los beneficiarios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
El apodo no es lo único que hace famoso a “Erreerre” dentro de la obra social que, cuando estaba dentro del presupuesto nacional, figuraba entre las cuatro partidas más importantes del país junto al Estado central, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Romano es quien expresa mejor que nadie los deseos de Barrionuevo, quien estos días se proyectó en dos planos. Por un lado decidió encarnar él mismo la jefatura de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, su sindicato de siempre. Por otro obtuvo la banca por la minoría para el Senado nacional desde el distrito catamarqueño, desplazando nada menos que al clan Saadi en la conducción del PJ local. Si su estrategia no cambia, el ex “recontraalcahuete” de Carlos Menem pondrá todo su aparato sindical y político al servicio del peronismo bonaerense. Y, mientras tanto, es bueno ocuparse un poco de la salud pública, un sector donde Barrionuevo tiene importantes intereses. O sea: la salud, cuyo funcionamiento conoce a través de la matriz de los Gordos de la CGT, le interesa, quizás con el mismo nivel de preocupación que algunos dirigentes radicales como el ex ministro del Interior Enrique Nosiglia, de quien Luisito es un gran amigo.
Por el lado del Gobierno, el área encargada de recibir al prestador favorito de Barrionuevo fue la Jefatura de Gabinete. La movida tuvo sus costos internos, porque dos funcionarios se sintieron heridos en su orgullo por Colombo. Uno, el interventor normalizador del PAMI, Raúl Pistorio. Otro, el ministro de Salud, Héctor Lombardo.
Los redactores del paper sabían no solo cuál era el mejor destinatario –Colombo encabeza la ejecución de las restricciones de presupuesto a que obliga el Déficit Cero– sino el mejor tipo de argumento en esta época. Si el Gobierno está obsesionado por la caja, hablemos de caja. Entonces, el diagnóstico que sigue aparece como algo natural:
El PAMI está desfinanciado por “la cronicidad de los déficits recurrentes que han aumentado su stock de deuda”.
El bache financiero se tradujo en mayores deudas, y mayores tasas, y también fue descargado en “los profesionales e instituciones”, es decir en los que presentan el proyecto.
La situación, hoy, es insostenible por la decisión de los prestadores de cortar el crédito al PAMI.
Cuando deja el capítulo del dinero, el documento que estudia el Gobierno puntualiza también la “ausencia de políticas consistentes”, los “tabicamientos institucionales” dentro del PAMI, los “compartimientos estancos”, una estructura burocratizada y la heterogeneidad de los contratos.
Pero afortunadamente “los problemas mencionados tienen solución”, dice el texto. “La clave es reducir el personal sin despedirlo mediante su transferencia a las redes de prestadores privados, quienes pagarán sus sueldos a partir de la propia cápita obtenida”, indica. Para que la idea no aparezca como una limosna demasiado grande (haría desconfiar a SimónTemplar), los prestadores de “Erreerre” explican qué compensación recibirán. Una vía es la ampliación del volumen del negocio, “con la concentración de las prestaciones de las entidades representativas que procederán a categorizar y a jerarquizar a los prestadores que aseguren mayor calidad”. Otra vía es “la previsibilidad” que da el contrato a largo plazo”.
La llave de la privatización disimulada serán los “convenios tercerizados con redes de prestadores”. Para decirlo en palabras del documento que entregó Romano: “La idea es avanzar hacia un sistema de entidades promotoras de la atención médica y la salud donde el Estado transfiere fondos y los privados hacen el resto, bajo un estricto sistema de controlar y fiscalización de calidad y cantidad”.
“El atractivo de la propuesta –resume el papel– radica en que es simple, baja el gasto público, reduce programadamente el stock de deuda del Instituto, avanza en la privatización de la gestión, desburocratiza PAMI, elimina intermediarios sin capacidad instalada”, y siguen las ventajas.
Con un Gobierno tan preocupado por sorprender nunca se sabe, pero parece difícil que los cambios drásticos en la estructura del PAMI integren el paquete que será anunciado –quizás, es una posibilidad, no lo descarte-, los próximos días. La demora responde a distintos motivos.
Una parte de la Administración De la Rúa teme lanzar una reforma de la obra social de los jubilados ante la escasez de apoyo político y la soledad política en el Congreso. Paradójicamente, el empeoramiento de las condiciones políticas, y sobre todo financieras, podría estimular a que los más fiscalistas del Gobierno aceleren su presión para privatizar el PAMI.
Ninguno de los funcionarios importantes del Gobierno tanteó seriamente a los gobernadores peronistas.
Y las diferencias internas en el gabinete, que se suman a las críticas de “puenteo”, obstaculizan aún más la marcha hacia la privatización del último instrumento de política estatal con que cuenta el Estado.

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