Por Julio Nudler

La definitiva eliminación del régimen previsional de reparto, con disolución de la ANSeS y entrega a las AFJP del manejo de todo el negocio jubilatorio es el componente más detonante del paquete de nuevas medidas que tiene intenciones de anunciar esta semana el Gobierno. Esta novedad sería más atemorizante que una encomienda colmada de esporas de ántrax. Si la iniciativa vence las resistencias que aún se le oponen, el Tesoro debería emitir un gigantesco bono a muy largo plazo –se habla de 30 años-, destinado a las Administradoras. El papel estaría diseñado de tal modo que sus servicios y amortizaciones calzarían exactamente con los pagos que, a partir de este momento, deberían efectuarle las AFJP a todos los jubilados. Los grandes bancos internacionales que se han alzado con el control del circuito previsional privado en el país se quitarían de encima al Estado como competidor del sistema de capitalización, pero además agrandarían notablemente su negocio porque se multiplicaría el monto de los seguros de retiro y las rentas vitalicias que aseguradoras pertenecientes a esos mismos holdings bancarios les venderán a los trabajadores en el momento en que éstos pasen de la vida laboral activa a la pasiva. Más allá de los problemas que encontraría el gobierno de Fernando de la Rúa para colar esta nueva reforma por el Parlamento, los objetores de la propuesta indican que implicaría un salto colosal en la deuda pública documentada, empeorando así los malos cocientes que muestra el país. Aunque el pago a los jubilados es una obligación que ya tiene el Estado y se entiende hacia el futuro, ella pasaría a estar instrumentada en un documento, con lo que podría ser sumada a la contenida en bonos o letras.
La universalización de las asignaciones familiares será presentada, por su parte, dentro del capítulo de medidas sociales, aunque según algunos cálculos permitiría ahorrar unos $ 350 millones al año, con lo que satisfaría al mismo tiempo un objetivo de ajuste fiscal. La idea es que este haber tenga por destinatarios a todos los niños, independientemente de la situación laboral de sus padres. No importará, por tanto, si tienen o no empleo, o si trabajan en blanco o en negro. De acuerdo al diseño original, la ANSeS debería encargarse de pagarles el haber a todas las familias con hijos. Este sistema implicaría la desaparición del subsidio por cónyuge.
Otra de las medidas con un aspecto de redistribucionismo social y otro de torniquete fiscal consistiría en la eliminación de los Planes Trabajar, y su remplazo por una tarjeta de débito, cargada con 150 pesos cada mes, que se entregaría a los indigentes para que éstos puedan consumir en todos los comercios que adhieran. Es obvio que este mecanismo funcionará en la medida en que Hacienda deposite los fondos sin demoras ni faltantes. Calculan que, en el pasaje de un sistema a otro, el Tesoro se quedará con unos $ 150 millones anuales.
En otro sentido, con las tarjetas se procura suprimir la fuente de financiación –por modesta que sea– de los movimientos piqueteros, ya que aquellas darán acceso a cualquier producto barato que pueda descubrirse en una góndola pero nunca a dinero. Por otro lado, los portadores de estas tarjetas tendrían opción a medicamentos cedidos gratuitamente por los laboratorios. Estos vienen discutiendo desde hace meses la donación de remedios para los carecientes.
La filantrópica idea surgió como un operativo de imagen, para contrarrestar las crecientes críticas por los altísimos precios de las medicinas en la Argentina, grave problema frente al cual el Gobierno de la Alianza no encaró acción alguna. Ahora bien; precisamente por sus precios, los remedios resultan inalcanzables para los pobres, por lo que al entregar gratuitamente para esos destinatarios cantidades limitadas y de ciertas especialidades de valores relativamente bajos, los laboratorios no sacrificarán ventas. A su vez, los funcionarios tendrán algo positivo queanunciar en la materia, sin necesidad de enfrentarse con los poderosos lobbies farmacéuticos.
Entre los anuncios simpáticos del pacote figurará una reducción en la alícuota del IVA para quienes compren con tarjeta. En ese caso, la tasa bajaría de 21 a 18 por ciento, aunque es posible que la quita se estire a cinco puntos para volverla más efectiva como estímulo para los consumidores. Se supone que el erario no perderá ingresos porque el uso de la tarjeta en lugar de efectivo disminuirá la evasión tributaria.
También podrá resultar grato que el BCRA ofrezca a los bancos fondos al 6 por ciento anual para que se los represten a pymes. Pero el problema de estas líneas es siempre que el riesgo crediticio de cada operación debe ser asumido por la banca, por lo que la real utilización de los fondos pasa a depender de la predisposición de los banqueros, y de la medida en que éstos juzguen dignas de crédito a las pequeñas y medianas empresas que integran su clientela.
En el plano de las fantasías, también se insistirá con el lanzamiento de un fondo para la financiación de obras de infraestructura, útiles tanto para subsanar algunas manifiestas carencias –las actuales inundaciones son un dramático ejemplo de éstas– como para intentar que la tasa de desempleo no cruce muy pronto, marcha arriba, el listón del 20 por ciento. Pero el remanido Fondo de Infraestructura, que se remonta a los tiempos de Nicolás Gallo en esa cartera, sigue siendo una caja vacía.
Por un lado, se promete llenarla con los “ahorros fiscales” que generarán otras medidas del paquete, pero esto suena grotesco en momentos en que Hacienda está en una cesación de pagos selectiva y ni siquiera puede cumplir con compromisos imperiosos. Por de pronto, no podrá pagarles al medio aguinaldo de fin de año a los empleados públicos (uno de los recortes que deprimen el consumo, mientras por otro lado se lo quiere estimular). En cuanto a créditos bancarios o colocación de títulos en el mercado de capitales, la realidad es que no existe financiación de ninguna clase para proyectos a largo plazo en la Argentina, y si se consiguiese alguna, sería a tasas de interés incompatibles.
Lo cierto es que todo este improvisado paquete debe servirle de envoltura a las dos tareas fundamentales que se planteó el Gobierno para salvar su agonizante plan de déficit cero. Una es la negociación con las provincias, para que, a cambio de un alivio en el costo de sus deudas, legitimen la supresión del monto fijo de coparticipación ($ 1364 millones mensuales) que les garantizó la Nación en diciembre del 2000, y también digieran la incertidumbre de recibir tanto dinero como permita la declinante recaudación de impuestos nacionales. Deben asimismo aceptar la licuación de la base tributaria de la coparticipación por sucesivas decisiones de Domingo Cavallo, al no coparticipar el Impuesto a las Transacciones Financieras y permitir que diversas contribuciones no coparticipables se deduzcan, como pagos a cuenta, de otras que sí lo son.
La otra tarea se refiere a los onerosísimos bonos-pagaré que Hacienda les vendió a los bancos y los fideicomisos –tapaderas de títulos públicos, para burlar los topes legales– que figuran en los fondos jubilatorios que manejan las AFJP. Esta es una masa de 5500 millones, sobre la cual Economía pretende pagar rentas menos imposibles. Sin embargo, aunque este tramo local de acreedores permite mayor margen de maniobra y arreglos transaccionales indirectos, los avances del equipo económico provocaron la reacción de la calificadora Standard & Poor’s, amenazando con una nueva degradación de la nota crediticia del país si impone a las financieras una resignación difícilmente voluntaria de ganancias. Pero la opinión que predomina entre los economistas es que Cavallo no se dejará amedrentar por esa advertencia, quizá por valentía, o porque ya no le queda otra opción.

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