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Por Felipe Yapur
 Nuevos datos y más nombres
de los responsables de lo que Elisa Carrió llama “la matriz
del Estado mafioso” formarán parte del informe final que presentarán
los integrantes de la comisión investigadora sobre lavado de dinero
el viernes 9 de noviembre. El texto incluirá, según anticiparon
algunos legisladores, recomendaciones para modificar la legislación
vigente, la puesta en marcha de la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF), pero sobre todo, la presentación de pedidos de juicio político
para más de un funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa.
El problema es saber si la totalidad de los integrantes de la comisión
que preside Carrió firmarán estas conclusiones.
Tras el receso autoimpuesto por los comicios del 14 de octubre, los diez
diputados que conforman el cuerpo investigador volvieron a encontrarse
durante la semana pasada. El retorno sirvió para comenzar a discutir
los contenidos de la redacción final del informe. Las diferencias
entre los que rubricaron junto a Carrió el preinforme –Graciela
Ocaña (ARI), Gustavo Gutiérrez (Demócrata) y José
Vitar (Frepaso)– y el resto de los legisladores permanecen aunque
por ahora están acalladas. Todo indica que volverán a presentarse.
Carrió plantea la profundización de lo presentado en agosto.
Esto significa interrelacionar con nuevos datos las diferentes causas
que incluyó el informe preliminar. “La impunidad opera sobre
la segmentación de las causas”, dice la diputada chaqueña
para validar su estrategia.
La intención de Carrió es demostrar los puntos de contactos
entre “la causa madre”, como denominan al caso del banco BCCI,
donde están involucrados Gaith Pharon, Monzer Al Kassar y el ex
funcionario menemista Alberto Kohan, con aquellos casos resonantes como
los casos IBM-Banco Nación, IBM-DGI, el contrabando de armas que
mantiene detenido al ex presidente Carlos Menem, y el contrabando de oro,
entre otros.
La causa del BCCI entusiasma al grupo que lidera la presidenta del ARI.
Desde hace unos días tienen en su poder un informe del Parlamento
francés sobre las vinculaciones del BCCI y las empresas del enemigo
número uno del presidente George W. Bush, el saudí Osama
bin Laden. El informe demostraría la utilización de la banca
inglesa para lavar dinero proveniente de la venta de armas y hasta de
lo que los legisladores denominan “narcoterrorismo”.
“Demostraremos la responsabilidad política de los funcionarios
en actividad y de la gestión anterior en todas estas causas”,
asegura Carrió, aunque por ahora se resiste a dar los nombres de
aquellos funcionarios sospechados que recomendarán al Congreso
para que les instruya un juicio político.
En cuanto a las cajas que remitiera en su oportunidad el subcomité
del Senado norteamericano, se pudo saber que se realizará un análisis
detallado de las cuentas más importantes para demostrar cómo
circularon cifras varias veces millonarias y que, planean, serán
remitidas tanto a la AFIP como a la Unidad Fiscal de Investigaciones de
Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) para que evalúen la
posibilidad de que se haya cometido algún delito.
El informe contará además, con un capítulo dedicado
exclusivamente a la documentación referida a las operaciones de
Mercado Abierto, el banco que pertenece a uno de los más estrechos
colaboradores del senador y cantautor Ramón Ortega, Aldo Ducler.
Trascendió que de allí surgió información
sobre las cuentas y empresas que participaron en operaciones de lavado
de dinero tanto en la Argentina como en otros países de América
latina y los Estados Unidos. Donde también destacan la existencia
de operaciones realizadas entre el Ministerio de Economía, el Banco
Nación y el MA Bank de las islasCayman. “De acá saldrán
los elementos para una futura acción penal”, afirman en las
oficinas de la comisión antilavado.
Con respecto a las conclusiones, que Carrió está evaluando
no sólo entregarlas a la justicia argentina sino también
a la norteamericana, incluirían, además de los pedidos de
juicio político, una serie de recomendaciones sobre la necesidad
de reformar la legislación vigente referida al control fiscal y
tributario y el lavado de dinero, para lo que se aconsejará la
creación de una comisión de seguimiento permanente. También
incluirán mejoras en los controles de AFIP, Banco Central, la UIF,
para la que recomendarían la designación de personal técnico
capacitado, y un apartado dedicado a la cooperación internacional
que tenga como objetivo la posibilidad de llevar adelante investigaciones
sobre estos temas y, fundamentalmente, la recuperación de los capitales
evadidos.
Ahora sólo resta saber cuál será la actitud que tomen
los justicialistas Cristina Kirchner, Carlos Soria, Daniel Scioli y Franco
Caviglia, y los radicales Margarita Stolbizer (storanista) y el delarruista
Horacio Pernasetti. Algunos de ellos dejaron trascender que están
dispuestos a acompañar las recomendaciones que se girarían
al Congreso, pero ya varios anticipan que no firmarán nada parecido
a lo que se publicó el 10 de agosto y mucho menos -.como pretende
Carrió– el listado de ciudadanos y sociedades que trabajaron
con los bancos máscaras: “Hoy tenemos más de una causa
judicial por un preinforme que no es oficial y nosotros no firmamos”,
se quejó uno de los legisladores. Por lo tanto, todo indica que
la aprobación del informe final es una discusión que está
a punto de comenzar.
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