Por Victoria Ginzberg

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, estuvo en Buenos Aires para participar del taller regional sobre Estrategias para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Durante los cuatro días que duró su visita se reunió, entre otros, con el presidente de la Nación, los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, miembros de la Corte Suprema, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación y los representantes del área de distintas provincias, el defensor del Pueblo y organismos de derechos humanos. La funcionaria con mayor responsabilidad en las actividades sobre derechos humanos que lleva a cabo la ONU es abogada y fue senadora y presidenta de su país, Irlanda. Diplomática, felicitó “al gobierno y al pueblo de Argentina por el compromiso que tienen para revisar” los crímenes cometidos por la última dictadura, pero señaló que estuvo en la Corte para “reforzar la importancia de este proceso” y calificó al juez español Baltasar Garzón como “un pionero”. Robinson, que ha pedido el fin de los bombardeos contra Afganistán, afirmó que “cualquier estrategia militar debe respetar los principios de derechos humanos” y que su preocupación principal es la “situación humanitaria que se está viviendo” en la zona de conflicto.
–¿Cómo se evita que los derechos humanos sean simplemente una mera declaración de principios?
–Esa es mi verdadera preocupación. No creo en los derechos humanos en el papel, quiero que sean realidad. Y en el contexto actual en Argentina, los derechos humanos pueden ser muy prácticos. He estado animando a que se piense en un marco que facilitaría una participación amplia de todos los sectores de la sociedad. Lo digo porque veo grandes esfuerzos en el trabajo que se está haciendo en Argentina a nivel local, en las diferentes experiencias en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, pero falta coherencia a nivel nacional. Es comprensible que haya puntos de vista políticos diferentes, pero podría ser útil usar ese marco de derechos humanos, que pone énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales y que habla del derecho a lo básico: a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social.
–En países como Argentina, que tiene alto nivel de indigencia y de desocupación, ¿cómo se aborda desde los derechos humanos el problema de la pobreza?
–La pobreza es muy central en esto porque uno de sus peores aspectos es la exclusión, el estar fuera del proceso de la toma de decisión, sin participar, que trae como consecuencia la falta de dignidad. En este proceso participativo que propongo la idea sería involucrar a todos los grupos, los marginalizados, los desempleados, las mujeres, los sindicalistas, los parlamentarios y las organizaciones no gubernamentales.
–Pero algunos sectores necesitan que antes de ser integrados se les garanticen mínimas condiciones de vida.
–Lo que se discutiría en este proceso participativo es precisamente cómo en esta situación económica difícil se puede tener más justicia, más equidad y cómo explotar las energías que tenemos para hacer progresos, aunque no se tengan todos los recursos. Mi punto de referencia para decir esto es la experiencia que tuve en Irlanda, mi país. Yo fui capaz como presidenta de Irlanda de reconocer la importancia del autodesarrollo de las comunidades locales. Y el explotar esas energías todos juntos fue uno de los elementos que contribuyó a que se acelerara el desarrollo económico en Irlanda, un desarrollo que se está viendo hoy.
–En Argentina se están revisando las leyes que impidieron el juzgamiento de los militares y miembros de fuerzas de seguridad que violaron los derechos humanos durante la última dictadura. ¿Qué mensaje les daría a los jueces de la Corte Suprema que van a tener que expedirse sobre este tema?
–Primero, veo que desde que estuve aquí en 1995 como presidenta hubo un progreso significativo. Los desaparecidos, la impunidad, el secuestro de niños no son cuestiones fáciles. Felicito al gobierno y al pueblo de Argentina por el compromiso que tienen para revisar estos asuntos. Y vi al presidente de la Corte Suprema para reforzar la importancia de este proceso que se está viviendo en Argentina.
–¿Su posición es que continúen los juicios sobre las violaciones de derechos humanos del pasado?
–Las organizaciones no gubernamentales me han dicho que hay muchos casos que deben seguir siendo investigados y que es importante atender a la cuestión de la impunidad.
–¿Cuál es su posición respecto del juicio que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón, en el que se aplica la jurisdicción universal de los derechos humanos?
–Creo que ha sido un pionero y de una manera muy importante para combatir la impunidad. Los dictadores, los que abusan del poder, no duermen ahora tan fácilmente por la noche. Aunque los hechos hayan sucedido hace algunos años atrás, saben que todavía pueden ser procesados. Eso es muy importante. En ese contexto es muy útil la Corte Penal Internacional y estoy muy contenta que Argentina haya ratificado el estatuto de la Corte.
–El gobierno anterior y el actual criticaron a Garzón por aplicar el principio de extraterritorialidad ¿Cuál es su opinión?
–Fui consciente del reconocimiento de la importancia de la jurisdicción internacional en un buen seminario en Estados Unidos en el que se examinaron las normas que se deberían observar en la jurisdicción internacional. Estoy a favor de la jurisdicción internacional, aunque aún debo examinar más esta cuestión.
–¿Cómo cambió la agenda internacional de los derechos humanos a partir de los atentados del 11 de setiembre?
–Ha causado gran preocupación en la comunidad internacional de derechos humanos. Yo caractericé los ataques como actos de terrorismo, pero algo más, han cruzado una línea, y constituyen de hecho crímenes de lesa humanidad. Creo que así se aísla a los que cometieron estos actos, porque no se pueden cobijar bajo la religión. También acogimos con beneplácito las resoluciones del Consejo de Seguridad que requiere que todo país tome medidas para combatir el terrorismo. Pero el problema es que algunos países pueden usar esas medidas para restringir la libertad de expresión y tomar medidas como la detención indefinida. Lo que decimos nosotros es que la agenda contra la discriminación que se adoptó en Sudáfrica en la Cumbre Mundial contra el Racismo es más importante que nunca, en Argentina y en todos los países.
–¿Y cómo se hace para controlar que los Estados no restrinjan los derechos civiles a partir de este conflicto?
–Lo primero que vamos a hacer es compartir información sobre lo que están haciendo los países para aplicar esas resoluciones. Vamos a alentar a los países para que promuevan activamente la agenda antidiscriminación y espero que si intentan utilizar la batalla contra el terrorismo para limitar, por ejemplo, la libertad de expresión, habrá muchas críticas, de parte mía y de parte de las ONG internacionales. Esa es la mejor manera de establecer un equilibrio entre los requerimientos de la batalla contra el terrorismo y la antidiscriminación.
–¿Podría haber algún pronunciamiento de la comunidad internacional contra los procedimientos militares que están haciendo Estados Unidos e Inglaterra?
–Hay una preocupación primero por la situación humanitaria que se está viviendo, que era muy seria antes del 11 de setiembre, pero que está aún peor todavía en Afganistán. Es necesario tener acceso para promover la ayuda humanitaria, salud, alimentación, ayuda médica. Cualquier estrategia militar debe respetar los principios de derechos humanos.
–¿Y cómo se detiene a un terrorista como Bin Laden?
–Creo que es muy importante, cuando se ha cometido un crimen contra la humanidad, que todos los países ayuden a detener a los que cometieron esos actos y que se mantenga el énfasis en llevar a la gente a la Justicia porque esos ataques fueron esencialmente contra la democracia, contra el estado de derecho, contra la Justicia. Y entonces, para perseguir a los que cometieron estos actos, debemos respetar también los derechos humanos.

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