Por Irina Hauser
Los jueces y secretarios de
las oficinas vecinas no lo podían creer. El cura que venía
recorriendo el pasillo del tercer piso de los tribunales federales fue
derechito a golpear la puerta del juez Norberto Oyarbide. El magistrado
convocó a todos su empleados y, juntos, participaron de una misa
para exorcizar el juzgado y colgar una Virgen Desatanudos y otra de Luján.
Desde que a mediados de setiembre el Senado lo absolvió y pudo
volver al ruedo, Oyarbide va todos los días muy temprano a trabajar,
se encierra y no vuelve a su casa hasta entrada la tarde. En este tiempo
se consiguió seis custodios, un auto que es la envidia de sus pares,
convirtió los vidrios del despacho en polarizados, e instaló
sistema alarma y de cámaras con audio.
El ritual presidido por el cura, que se celebró la semana pasada,
incluyó oraciones, lluvia de agua bendita e invocaciones de la
Virgen Desatanudos, la que libra de las ataduras y confusiones que entorpecen
la vida. Comenzó en horas pico del trabajo en tribunales y terminó
cerca de las 13. Atrajo a varios curiosos que pasaban por ahí e
intentaban espiar a través de las oscuras ventanas.
Oyarbide estuvo de licencia desde 1998, mientras el Congreso discutía
su juicio político. Tres jueces habían pedido su desafuero
en base a pruebas de que recibía coimas a cambio de proteger prostíbulos,
que se había enriquecido en forma ilícita, y que había
amenazado de muerte al recepcionista del restaurante El Mirasol de La
Recova para que no divulgara un video que lo mostraba manteniendo relaciones
homosexuales en el prostíbulo Spartacus.
En la Cámara baja 172 diputados apoyaron con su voto siete acusaciones
contra el magistrado.
La Cámara alta, luego de las gestiones de un grupo de senadores
peronistas liderados por Eduardo Menem y con el aval de algunos radicales,
redujo las siete imputaciones a una sola, muy genérica, que omitió
los delitos que planteaba la acusación. El hombre, que en 1994
había llegado a ser juez federal con el padrinazgo de Carlos Corach
y tuvo siempre un fuerte vínculo con la Policía Federal,
fue finalmente absuelto.
¿Qué hace Oyarbide desde que volvió a tribunales?
No tiene diálogo con casi nadie, los jueces no le hablan,
sólo algunos secretarios, es un tipo muy cuestionado, nadie lo
quiere, coincidieron varios jueces y fiscales que trabajan en el
mismo edificio, en Comodoro Py 2002. Cuentan que se pasa horas y horas
en su despacho, y cada vez que va al baño lo hace acompañado
de alguno de sus guardaespaldas. Si hay algo que no le falta son custodios.
La mayoría de los jueces tiene sólo dos, pero él
consiguió dos de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura
Naval y dos de la Policía Federal. Le asignaron, además,
un auto Chevrolet Cavalier, que generó una cadena de comentarios
celosos de sus colegas.
En los primeros días de su reinserción laboral, se quejó
por la suciedad de su oficina y encargó una limpieza profunda.
Después hizo pintar las paredes de amarillo claro, puso alarma
y un sistema de cámaras con audio que captan todas las escenas
y conversaciones que suceden en la mesa de entradas del juzgado, un recurso
que despertó quejas de muchos abogados, describió
un funcionario judicial. Entretanto, juntó a todos los empleados
que venían trabajando bajo el mando del juez Gabriel Cavallo que
lo subrogaba y les dijo que quienes no estuvieran moralmente
de acuerdo con él tenían la puerta abierta. De un modo u
otro, se las ingenió para traer de vuelta consigo a la tropa que
lo había acompañado antes del escándalo, durante
el menemismo.
Trabajo no le falta y varios de los expedientes que tiene en su poder
le interesan a políticos de diferentes signos y también
a sus amigos de la Federal. Por ejemplo: tiene una causa en la que se
investiga al ex jefe de la SIDE y amigo del Presidente, el banquero Fernando
de Santibañes, por una posible estafa en perjuicio del Banco Nación;
otra por enriquecimientoilícito contra el ex titular del Banco
Central Pedro Pou; una en la que el actual ministro de Infraestructura,
Carlos Bastos, fue procesado dos veces por el juez Cavallo con rechazo
de la Cámara Federal; tiene el expediente por la represión
policial en el Congreso durante la protesta contra la reforma laboral;
una demanda por fraude y malversación de fondos contra el gobernador
bonaerense, Carlos Ruckauf; e instruye la causa contra brigadieres de
la Fuerza Aérea por hacer espionaje sobre periodistas. Son sólo
algunos de los casos significativos que se gestaron durante su ausencia
y que pondrán a prueba sobre todo teniendo en cuenta el increíble
rescate que le brindó el Senado su grado de independencia.
OPINION
Por Marcelo Fabián Sain *
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Disparates en seguridad
La evidente crisis del modelo tradicional de organización
y funcionamiento de la seguridad impone una profunda reformulación
conceptual e institucional. Hay que apuntar a construir un liderazgo
civil integral y eficiente y nuevas modalidades de gestión
del sistema de seguridad interior y, en particular, del sistema
policial. Es preciso abandonar la perniciosa concepción a
través de la cual se le delegó históricamente
a las instituciones policiales el manejo exclusivo de los asuntos
de la seguridad pública y, en ese marco, se llegó
a la conformación de un sistema de seguridad interior sin
conducción gubernamental, fuera del marco de una política
criminal integral y desconectado de las políticas de derechos
humanos.
La policía y las fuerzas de seguridad deben cumplir un papel
fundamental en dicho sistema, en particular en todo lo relativo
a la prevención y conjuración de delitos comunes y
complejos tales como el narcotráfico, el terrorismo y la
criminalidad organizada. Pero la seguridad interior es mucho más
que ello, ya que determina básicamente la situación
política y social en la que las personas tienen efectivamente
garantizado el goce pleno y socialmente efectivo de sus derechos.
El sistema de seguridad interior así como las políticas
que al respecto formule e implemente el gobierno nacional, deben
crear y mantener las condiciones adecuadas para resguardar los derechos
y libertades ciudadanas, erradicar la violencia social, y prevenir
y conjurar eficazmente la comisión de delitos que entrañen
daños contra las personas o violaciones a los derechos humanos,
especialmente los que deriven del narcotráfico, del terrorismo
y de la criminalidad organizada.
Las políticas de seguridad interior; la dirección
del sistema policial y de seguridad, la lucha contra el narcotráfico,
el terrorismo y el delito complejo y la producción de inteligencia
criminal deben desarrollarse coordinadamente en el marco una política
criminal y de derechos humanos común y en íntima colaboración
con la justicia penal. En la actualidad, todas estas áreas
funcionan como compartimentos estancos y en forma desconexa.
En función de ello, y desatendiendo elucubraciones disparatadas
en materia de reforma ministerial que pretenden juntar la Biblia
con el calefón, desde el punto de vista funcional sería
necesario nuclear ese conjunto de labores en una sola cartera ministerial
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
en cuyo marco funcione una Secretaría de Seguridad Interior
con las siguientes tareas:
la implementación
de la política de seguridad interior, así como también
de las directivas generales y específicas de la misma y de
los planes de acción de gobierno en el marco de la política
criminal y de derechos humanos diseñada por las áreas
correspondientes del ministerio;
la conducción
de la policía y fuerzas federales de seguridad, particularmente,
la dirección operativa y la coordinación del accionar
específico y conjunto de los cuerpos componentes del sistema
policial federal;
la coordinación
y conducción de las labores de prevención e investigación
de delitos complejos, terrorismo, narcotráfico y lavado de
activos, en íntima relación con el Ministerio Público
Fiscal;
la producción
de la inteligencia criminal sobre delitos comunes y complejos y
la coordinación de la información producida por los
órganos específicos de las fuerzas policiales y de
seguridad federales a través de una Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal.
* Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.
Comisionado de Prevención y Control de Lavado de Dinero -
Presidencia de la Nación
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