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EL JUEZ, DE VUELTA TRAS EL RESCATE
Oyarbide no quiere que lo miren

Desde que volvió a su juzgado federal vive como si alguien lo persiguiera. Polarizó vidrios, instaló cámaras en la mesa de entradas y pidió seis custodios cuando el resto de los jueces tiene sólo dos.

Vigilancia: Se pasa horas y horas en su despacho, y cada vez que va
al baño lo hace acompañado de alguno de sus guardaespaldas.

Por Irina Hauser

Los jueces y secretarios de las oficinas vecinas no lo podían creer. El cura que venía recorriendo el pasillo del tercer piso de los tribunales federales fue derechito a golpear la puerta del juez Norberto Oyarbide. El magistrado convocó a todos su empleados y, juntos, participaron de una misa para exorcizar el juzgado y colgar una Virgen Desatanudos y otra de Luján. Desde que a mediados de setiembre el Senado lo absolvió y pudo volver al ruedo, Oyarbide va todos los días muy temprano a trabajar, se encierra y no vuelve a su casa hasta entrada la tarde. En este tiempo se consiguió seis custodios, un auto que es la envidia de sus pares, convirtió los vidrios del despacho en polarizados, e instaló sistema alarma y de cámaras con audio.
El ritual presidido por el cura, que se celebró la semana pasada, incluyó oraciones, lluvia de agua bendita e invocaciones de la Virgen Desatanudos, la que libra de las ataduras y confusiones que entorpecen la vida. Comenzó en horas pico del trabajo en tribunales y terminó cerca de las 13. Atrajo a varios curiosos que pasaban por ahí e intentaban espiar a través de las oscuras ventanas.
Oyarbide estuvo de licencia desde 1998, mientras el Congreso discutía su juicio político. Tres jueces habían pedido su desafuero en base a pruebas de que recibía coimas a cambio de proteger prostíbulos, que se había enriquecido en forma ilícita, y que había amenazado de muerte al recepcionista del restaurante El Mirasol de La Recova para que no divulgara un video que lo mostraba manteniendo relaciones homosexuales en el prostíbulo Spartacus.
En la Cámara baja 172 diputados apoyaron con su voto siete acusaciones contra el magistrado.
La Cámara alta, luego de las gestiones de un grupo de senadores peronistas liderados por Eduardo Menem y con el aval de algunos radicales, redujo las siete imputaciones a una sola, muy genérica, que omitió los delitos que planteaba la acusación. El hombre, que en 1994 había llegado a ser juez federal con el padrinazgo de Carlos Corach y tuvo siempre un fuerte vínculo con la Policía Federal, fue finalmente absuelto.
¿Qué hace Oyarbide desde que volvió a tribunales? “No tiene diálogo con casi nadie, los jueces no le hablan, sólo algunos secretarios, es un tipo muy cuestionado, nadie lo quiere”, coincidieron varios jueces y fiscales que trabajan en el mismo edificio, en Comodoro Py 2002. Cuentan que se pasa horas y horas en su despacho, y cada vez que va al baño lo hace acompañado de alguno de sus guardaespaldas. Si hay algo que no le falta son custodios. La mayoría de los jueces tiene sólo dos, pero él consiguió dos de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal. Le asignaron, además, un auto Chevrolet Cavalier, que generó una cadena de comentarios celosos de sus colegas.
En los primeros días de su reinserción laboral, se quejó por la suciedad de su oficina y encargó una limpieza profunda. Después hizo pintar las paredes de amarillo claro, “puso alarma y un sistema de cámaras con audio que captan todas las escenas y conversaciones que suceden en la mesa de entradas del juzgado, un recurso que despertó quejas de muchos abogados”, describió un funcionario judicial. Entretanto, juntó a todos los empleados que venían trabajando bajo el mando del juez Gabriel Cavallo –que lo subrogaba– y les dijo que quienes no estuvieran “moralmente” de acuerdo con él tenían la puerta abierta. De un modo u otro, se las ingenió para traer de vuelta consigo a la tropa que lo había acompañado antes del escándalo, durante el menemismo.
Trabajo no le falta y varios de los expedientes que tiene en su poder le interesan a políticos de diferentes signos y también a sus amigos de la Federal. Por ejemplo: tiene una causa en la que se investiga al ex jefe de la SIDE y amigo del Presidente, el banquero Fernando de Santibañes, por una posible estafa en perjuicio del Banco Nación; otra por enriquecimientoilícito contra el ex titular del Banco Central Pedro Pou; una en la que el actual ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, fue procesado dos veces por el juez Cavallo con rechazo de la Cámara Federal; tiene el expediente por la represión policial en el Congreso durante la protesta contra la reforma laboral; una demanda por fraude y malversación de fondos contra el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf; e instruye la causa contra brigadieres de la Fuerza Aérea por hacer espionaje sobre periodistas. Son sólo algunos de los casos significativos que se gestaron durante su ausencia y que pondrán a prueba –sobre todo teniendo en cuenta el increíble rescate que le brindó el Senado– su grado de independencia.

 

OPINION
Por Marcelo Fabián Sain *

Disparates en seguridad

La evidente crisis del modelo tradicional de organización y funcionamiento de la seguridad impone una profunda reformulación conceptual e institucional. Hay que apuntar a construir un liderazgo civil integral y eficiente y nuevas modalidades de gestión del sistema de seguridad interior y, en particular, del sistema policial. Es preciso abandonar la perniciosa concepción a través de la cual se le delegó históricamente a las instituciones policiales el manejo exclusivo de los asuntos de la seguridad pública y, en ese marco, se llegó a la conformación de un sistema de seguridad interior sin conducción gubernamental, fuera del marco de una política criminal integral y desconectado de las políticas de derechos humanos.
La policía y las fuerzas de seguridad deben cumplir un papel fundamental en dicho sistema, en particular en todo lo relativo a la prevención y conjuración de delitos comunes y complejos tales como el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada. Pero la seguridad interior es mucho más que ello, ya que determina básicamente la situación política y social en la que las personas tienen efectivamente garantizado el goce pleno y socialmente efectivo de sus derechos.
El sistema de seguridad interior así como las políticas que al respecto formule e implemente el gobierno nacional, deben crear y mantener las condiciones adecuadas para resguardar los derechos y libertades ciudadanas, erradicar la violencia social, y prevenir y conjurar eficazmente la comisión de delitos que entrañen daños contra las personas o violaciones a los derechos humanos, especialmente los que deriven del narcotráfico, del terrorismo y de la criminalidad organizada.
Las políticas de seguridad interior; la dirección del sistema policial y de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el delito complejo y la producción de inteligencia criminal deben desarrollarse coordinadamente en el marco una política criminal y de derechos humanos común y en íntima colaboración con la justicia penal. En la actualidad, todas estas áreas funcionan como compartimentos estancos y en forma desconexa.
En función de ello, y desatendiendo elucubraciones disparatadas en materia de reforma ministerial que pretenden juntar la Biblia con el calefón, desde el punto de vista funcional sería necesario nuclear ese conjunto de labores en una sola cartera ministerial –Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– en cuyo marco funcione una Secretaría de Seguridad Interior con las siguientes tareas:
la implementación de la política de seguridad interior, así como también de las directivas generales y específicas de la misma y de los planes de acción de gobierno en el marco de la política criminal y de derechos humanos diseñada por las áreas correspondientes del ministerio;
la conducción de la policía y fuerzas federales de seguridad, particularmente, la dirección operativa y la coordinación del accionar específico y conjunto de los cuerpos componentes del sistema policial federal;
la coordinación y conducción de las labores de prevención e investigación de delitos complejos, terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, en íntima relación con el Ministerio Público Fiscal;
la producción de la inteligencia criminal sobre delitos comunes y complejos y la coordinación de la información producida por los órganos específicos de las fuerzas policiales y de seguridad federales a través de una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

* Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Comisionado de Prevención y Control de Lavado de Dinero - Presidencia de la Nación

 

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