Por Gustavo Veiga

La causa 61.484 que involucra a Julio Grondona por el presunto delito de administración fraudulenta al frente de la AFA perdió consistencia por una serie de razones inquietantes. La más delicada consiste en la desaparición de cinco computadoras portátiles que contenían sensible documentación de la sección Fiscalización Externa Nº 3 de la AFIP y por lo cual se presentó una denuncia en el Juzgado Federal Nº 4 del doctor Gabriel Cavallo. Además, Juan José Madhjoubian, el magistrado que lleva adelante la investigación sobre el máximo dirigente del fútbol nacional, tiene dificultades para cumplir con ciertas diligencias debido a la escasa colaboración que recibió de la Cancillería para darles curso a varios exhortos y a la poca disposición de la Policía Federal que sólo designó un perito para trabajar en el caso. Mientras fuentes judiciales sostienen que el extravío de las PC equivale a la pérdida de un año de trabajo, Mario Das Neves, el diputado nacional que el 15 de junio de 2000 realizó la denuncia contra Grondona, afirma: “La causa no da para más; el juez debe dar una respuesta”.
Transcurrieron 16 meses y medio desde aquella presentación y se percibe que, pese a la numerosa cantidad de pruebas documentales obtenidas (contratos, constitución de sociedades, estados contables, números de cuentas corrientes) y los testimonios que constan en la causa, no es demasiado lo que se avanzó para determinar cuál es la responsabilidad de Grondona, un grupo de dirigentes afines y ciertas empresas en el entramado de un negocio que genera cientos de millones como el fútbol. “Hay motivos para sospechar, existen certezas para llamar a indagatorias y seguimos examinando todo”, describen en el quinto piso de Tribunales.
El presidente de la AFA continúa como imputado en la causa principal que lleva adelante el juzgado del doctor Madhjoubian y, además, en otros dos expedientes conexos. En uno se le atribuye el delito de desobediencia y en el restante –del fuero penal– se investiga una denuncia anónima que implica a Salvador D’Antonio, el presidente del club Deportivo Italiano, como supuesto testaferro de Don Julio.
La investigación judicial de supuestos ilícitos abarca un período que arranca en 1998, aunque también se analiza la evolución de los patrimonios personales y de las sociedades desde 1994 hasta el presente. Mientras continúan recabándose medidas y los datos recogidos son cruzados entre sí para dilucidar responsabilidades y comprobar si hubo actos intencionales y dolosos, uno de los temas no saldados en la causa es la ausencia de un querellante. Al no haberse presentado ante el juez un damnificado que cumpla, por ejemplo, con el requisito de ser dirigente, socio o miembro de algún órgano fiscalizador de una institución afiliada a la AFA, los encargados de la investigación han quedado en mora con el desarrollo de ciertos pasos procesales. Aducen que, la falta de un querellante, es funcional a “la escasa colaboración” recibida de los auxiliares de la Justicia.
Sin embargo, Das Neves no coincide con este enfoque sobre la importancia del querellante y sostiene que “la causa tiene aportes suficientes para procesar a los implicados, con Grondona a la cabeza. Es el responsable con mayúsculas...”. Interrogado el legislador sobre por qué resultaba tan difícil que se presentara un particular afectado que tuviera la condición de asociado a cualquier institución de fútbol, respondió: “Ser querellante en la Argentina significa la posibilidad de perder todo lo que se posee. Porque meterse con gente poderosa como Grondona o los grupos económicos que lo respaldan o son sus socios, tiene un costo. En mi caso, haber presentado una denuncia pública contra (Carlos) Avila significó que me hayan censurado en América TV para cualquier tema. Con directivas claras hacia los periodistas para que no me entrevisten, ni siquiera sobre cuestiones ajenas a esta causa”.
El diputado justicialista se amarga también cuando recuerda que “esto comenzó en el quinto piso del Congreso durante una reunión en la queestaban José María Aguilar, Alfredo Bravo, Raúl Gámez y otras personas. Pero además, conmigo hablaron hace tiempo seis o siete presidentes de clubes para darme información y resulta que han ido desapareciendo”.
Sea como fuere, las adhesiones que despertó en un principio Das Neves entre los dirigentes refractarios a Grondona, se evaporaron casi al mismo ritmo que las expectativas depositadas en su denuncia. Pero todavía restaba lo peor. Ya no se trata de dirigentes que se esfuman en un santiamén, sino de información concreta, de datos clave para la causa que se sustrajeron del viejo edificio del Banco Hipotecario donde funciona la AFIP.

Computadoras volátiles
Es curioso, pero el diputado se enteró de que habían sido robadas cinco notebooks del sector Fiscalización Externa de la AFIP –en el segundo piso del Hipotecario– por Líbero. Indignado, Das Neves comentó el jueves 25 que se pondría de inmediato en contacto con Horacio Rodríguez Larreta, el titular de la DGI, para averiguar cómo había sucedido el hecho. Un par de horas después, el funcionario se comunicó con este cronista y solicitó más datos sobre el ilícito que está denunciado en el Juzgado Federal Nº 4 a cargo del doctor Cavallo.
Rodríguez Larreta aparentaba no conocer el episodio de las computadoras cargadas con elementos de la causa y se comprometió a realizar su propia pesquisa sobre el asunto. Aunque también resulta curioso que no haya reparado en lo siguiente: el lugar que ocupan las oficinas de la AFIP es un edificio que semeja un laberinto donde, al menos desde el año pasado, se registran hechos como el que se produjo con las PC. Una fuente que suele transitar esos pasillos confirmó que varios empleados resultaron despojados de sus billeteras o de elementos que les proporciona la AFIP para cumplir con sus tareas. Este habría sido el caso de los peritos designados para colaborar en la investigación a cargo del juez Madhjoubian, quienes ya no cuentan con la clasificación de los datos obtenidos en unos cuarenta allanamientos.
Pese a estas graves dificultades, no existen quejas del magistrado y sus colaboradores contra los peritos del área que conduce Rodríguez Larreta, a tal punto que la AFIP visitó el juzgado para analizar cierta documentación sobre la productora Torneos y Competencias hace unos días, en el marco de otra investigación. En cambio, el juez y su secretario, el doctor Daniel Horacio Mauro, no se habrían formado el mismo concepto de otros auxiliares por situaciones que se plantearon en algunos operativos.
La fiscalía Nº 34 que entiende en la causa, a cargo del doctor Jorge Ballestero, tampoco mantendría una relación profesional dinámica con el juzgado. Consultado por este diario, el fiscal informó que no tiene delegada la dirección de la investigación, aunque sí ha incidido sobre ella en su desarrollo. Luego se excusó por no poder brindar más información: “Prefiero no hacer observaciones por respeto al Tribunal”. Dos letrados requeridos para esta nota y ajenos al expediente, estimaron que Ballestero “no puede perder el rol de acusador por no llevar la dirección de la investigación, eso no le quita responsabilidad”.
Respecto al área jurídica de la Cancillería adonde fueron enviados exhortos para verificar informaciones en el exterior, aún no se recibieron respuestas. Madhjoubian analiza, entre otros escritos, el contrato firmado el 28 de diciembre de 1998 entre la AFA y TyC sobre la televisación de los partidos que la Selección Nacional está disputando en las presentes Eliminatorias. Por ese acuerdo, la asociación que preside Grondona todavía no terminó de cobrar 15.000.000 de dólares, divididos en un anticipo de 1.200.000 y 38 cuotas iguales y consecutivas de 363.158 dólares. La productora que conduce Avila, mientras tanto, revendía los derechos por una suma cercana a los 50.000.000 de dólares.

Un testigo enfadado
Armando Capriotti, el vicepresidente de Chacarita que de hecho conduce el club desde que Luis Barrionuevo resultó electo senador por Catamarca, era uno de los testigos que se aguardaba con más expectativa en el despacho del doctor Madhjoubian. Según él, fue maltratado por el secretario del juez, Daniel Mauro, cuando se presentó a declarar. “Quería que dijera lo que él pretendía. Yo tengo diferencias muy profundas con Grondona, pero confieso que nunca me impidió hablar en las reuniones del Comité Ejecutivo. Si afirmara lo contrario, sería un mentiroso. Aunque sí reconozco que, de 28 miembros con que cuenta el Comité, yo soy el único tirabombas.”
El directivo del club de San Martín, quien también es concejal peronista en ese distrito, agregó: “El funcionario del juzgado me dijo que yo era una paloma con mis declaraciones, porque afirmaba que la conducción de la AFA era democrática. A mí nunca me hicieron callar la boca. Ni a mí, ni al presidente de Argentinos Juniors, Oscar Giménez, que objeta cosas como yo. Ah, y ahora se incluyó una nueva voz, la del presidente de Nueva Chicago, Tito Guerra, que también cuestiona ciertas cosas. Después, no hay nadie más que hable”.
A Capriotti se le endilga en Tribunales su supuesto manejo dual respecto de Grondona. O sea, que en público afirma cosas que no las rubricó cuando le llegó el momento de declarar en la causa. “Dijo que no había sijulismo en la AFA...” deslizan con sorna. “Yo sí dije que el contrato de TV era una cagada”, cuestiona el hombre de Chacarita.
Desde aquel 15 de junio del año pasado, en que Das Neves se presentó en el juzgado de Madhjoubian con la certeza de que le apuntaba al corazón del poder en el fútbol encarnado en Julio Grondona, sus principales colaboradores, la productora Torneos y Competencias y las empresas de televisión que controlan el mercado del cable, han pasado demasiadas cosas, aunque esos acontecimientos parecen no reflejarse en la causa. La investigación arrancó con tantos bríos, como zozobras acumula hoy. Y, en parte, refleja los arraigados contratiempos de la Justicia que acumula expedientes como éste, que ya tiene trece cuerpos.

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