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Por
Laura Vales
El funcionamiento de la Agencia Social, con Patricia Bullrich a su mando,
tiene pendiente de definición dos cuestiones centrales: el presupuesto
que se destinará al área y los alcances de su estructura.
El tema de los fondos es el que concentra los principales tironeos; Bullrich
reclama comandar un organismo con un piso de 2200 millones de pesos anuales,
a los que quiere sumar los recursos de la Anses. En cuanto a su estructura,
la idea de la ministra es traspasar a la Agencia buena parte de las funciones
que hasta ahora estaban en manos de Desarrollo Social, que sufriría
así un fuerte recorte de sus atribuciones, y algunas de las de
Trabajo, básicamente en lo vinculado a los planes de empleo.
El proyecto reflota la vieja idea, nunca concretada, de unificar los múltiples
programas de asistencia aprovechando la estructura de la Anses, que se
encargará de confeccionar un padrón único de beneficiarios.
Como criterio principal, Bullrich plantea que la función de la
Agencia debe ser la de reemplazar los programas de asistencia parciales
y focalizados por el de una prestación de carácter universal:
su propuesta es que todas las familias con ingresos menores a mil pesos
mensuales reciban una asignación de 30 pesos por hijo, y que todos
los mayores de 75 años sin jubilación cobren un seguro de
100.
La ministra sostiene que con un esquema de esta naturaleza la ventaja
principal es dotar de transparencia al sistema. “Las políticas
focalizadas pueden prestarse a prácticas clientelísticas,
por eso vamos hacia un sistema donde la asignación sea independiente
a la llegada que una persona tenga con los políticos”, explicó
ayer.
En realidad, el tema es eje de una vieja discusión; los técnicos
del área suelen apuntar que si en los programas focalizados el
riesgo es el de una distribución arbitraria (porque hay pocos recursos
para repartir entre muchos necesitados), los de carácter universal
tienen el problema de que la asistencia termina siendo ficticia, por falta
de recursos.
Desde el nuevo Ministerio de Seguridad Social y Agencia Social, Bullrich
pulseará también por llevarse el paquete de fondos de los
actuales planes de empleo, que desaparecerían progresivamente.
La intención, según lo que se debatió este fin de
semana en el Gobierno, es mantener en funcionamiento sólo aquellos
programas destinados a generar puestos de trabajo estables, los de capacitación
y algunos microemprendimientos, mientras que todos los planes asignados
con un criterio asistencial serían reformulados y volcados al nuevo
esquema.
Tanto la asignación por hijo como el seguro para los mayores de
75 años, se cobrarán a través de una tarjeta de débito,
que será recargada mensualmente. La bancarización tiene
entre sus objetivos desfinanciar a los movimientos piqueteros, cuyos integrantes
destinan una cuota similar a la sindical (en general de dos pesos) para
los gastos de organización, como el alquiler de micros para las
marchas o la compra de alimentos para los cortes de rutas de varios días.
La creación de la Agencia vuelve borroso el perfil del Ministerio
de Desarrollo Social, donde la semana pasada asumió el radical
Daniel Sartor. Ayer se especulaba con que el área quedaría
centrada en la asistencia alimentaria y de las situaciones de emergencia,
como las generadas con cada inundación. Por ahora, tampoco está
claro cómo se definirá la pelea por los fondos con Economía,
donde todo indica que el plan que Bullrich define como una “enorme
transferencia de ingresos a los sectores bajos y medios” se topará
con la pared del déficit cero.
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