Por Maximiliano Montenegro

Hay un dato que gobernadores y banqueros privados guardan con la mayor reserva: la porción de la coparticipación de impuestos que los bancos mantienen embargada a las provincias para el pago de intereses de sus créditos. Según la última planilla oficial con esa información, a la que accedió Página/12, en 14 provincias, de cada peso que deben recibir de la Nación en concepto de impuestos coparticipados más de 60 centavos son transferidos automáticamente a la caja de los bancos. Dichos fondos ni siquiera pasan por la provincia, sino que, gracias al marco legal que los protege, son ingresados a los bancos mucho antes de que el mandatario en cuestión sepa cuánto dinero dispone para pagar los sueldos. En algunos casos, como Río Negro, Jujuy, Formosa y Tucumán, por cada peso, menos de 7 centavos llegan a las arcas provinciales, porque el resto lo debitan en tiempo real, de sus cuentas en el Banco Nación, las entidades acreedoras.
Semejante dependencia del sistema financiero revela dos cosas. Por un lado, la posición de debilidad en que se encuentra la mayoría de las provincias para negociar individualmente una refinanciación. Por el otro, que la deuda provincial se ha convertido, al igual que la nacional, en un problema que requiere una “solución política”. Con la recaudación tributaria en picada, los gobernadores sólo pueden garantizar su pago a costa de postergar salarios y gastos esenciales a cargo de las provincias, como educación, salud y planes sociales.
De los 25 mil millones de dólares de la deuda provincial, unos 8000 millones de dólares fueron contraídos con un selecto club de bancos que operan en la plaza local, entre los que sobresalen el Galicia, el Río y el Francés, en ese orden. Dichos préstamos, aunque rinden tasas de interés que esta semana superaron el 25 por ciento anual, son de cobro inmediato y relativamente bajo riesgo para las entidades crediticias, porque están garantizados con los recursos de la coparticipación de impuestos. La coparticipación no es otra cosa que la parte de los impuestos nacionales que recauda la AFIP en las provincias y que luego la Nación debe reenviarles a las administraciones del interior.
El mecanismo de pago, mucho más rápido y efectivo que los sistemas de “pago fácil”, hace tiempo que fue bautizado, por algunos gobernadores, “cobro fácil”. Es el siguiente: a medida que ingresan en la AFIP los recursos, la parte correspondiente a la coparticipación es depositada en la cuenta que cada provincia posee en el Banco Nación. De esa misma cuenta son debitados automáticamente los fondos para cubrir los vencimientos mensuales de cada banco con la provincia. Recién después, la provincia percibe los ingresos fiscales provenientes de la coparticipación.
El sistema es mucho más seguro para el acreedor que los cobros por débito automático de las tarjetas de crédito, ya que en este caso puede ocurrir que el deudor ya no tenga fondos en su cuenta. En cambio, en el caso de los créditos garantizados por la coparticipación esto no es posible: antes de otorgar el préstamo, el banco se cerciora que la provincia no tenga el 100 por ciento de la recaudación coparticipada afectada al pago de otras deudas. Justamente, el bajo riesgo de incobrabilidad y las altas tasas es lo que hizo a este “nicho de mercado” tan atractivo para los grandes bancos locales desde mediados de los noventa, los que abrieron unidades especiales de negocios dedicadas a hacer lobby y asistir personalmente a gobernadores y funcionarios provinciales del área económica.
Hay quienes, incluso, consideran este sistema más confiable para el acreedor que los préstamos a la Nación, ya que los poseedores de títulos públicos nacionales dependen de la decisión del gobierno nacional de pagarlos a su vencimiento. Por eso es que Cavallo propició sin éxito, en más de una oportunidad, garantizar los bonos públicos con la recaudación impositiva futura; una forma de decirle al acreedor que cobrarán antes que los maestros, los jubilados o los policías, algo que de hecho sucede en las provincias. Por lo menos 13 provincias ya tienen la mayor parte de la coparticipación embargada por los bancos. La mínima afectación de la coparticipación de Buenos Aires se debe a que sólo una décima parte de la deuda provincial (unos 520 millones) fue contraída con bancos privados, mientras que el resto corresponde a títulos públicos y créditos de organismos internacionales, con diversos tipos de garantías.
Sea como fuere, el mayor drama lo viven las provincias chicas altamente endeudadas. No sólo porque ya hipotecaron entre el 60 y casi el 100 por ciento de la coparticipación en favor de los bancos, sino porque además en estas jurisdicciones los recursos tributarios propios sólo cubren una porción menor de los gastos del Estado.

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