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Por
Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
“El gobierno ha decidido suspender el proceso y el gobernador De
la Sota cree que ni este año ni el próximo se podrá
realizar” la privatización de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC). La frase, pronunciada ayer por el ministro de
Obras Públicas, Carlos Caserio, fue la conclusión inesperada
de un escándalo que por momentos hizo peligrar la paz social en
la provincia, luego de que la Justicia decidiera la captura de los máximos
dirigentes del gremio de Luz y Fuerza, a pocas horas de abrir el primer
sobre de la licitación. La explicación oficial se basó
en la situación económica nacional, no muy diferente a la
que hace una semana no tuvo mayor importancia para insistir con la venta
de la empresa por un valor significativamente menor a las expectativas
iniciales. Para la oposición, la trascendencia que tuvieron las
presiones a la Justicia para reactivar causas en contra de los gremialistas
fue determinante para la decisión.
La efervescencia que había alcanzado la situación en las
últimas horas era impredecible. El sindicato de Luz y Fuerza, apoyado
por varias organizaciones gremiales y estudiantiles, preparaba una movilización
para hoy a la tarde, en respuesta al desafío de la Justicia, que
llevó a uno de sus compañeros a la cárcel y a los
principales dirigentes a permanecer prófugos desde el viernes a
la noche. En 48 horas, la fiscalía a cargo de Gustavo Sandoval
había encontrado motivos suficientes para realizar allanamientos
y detenciones en el marco de dos denuncias por irregularidades en la obra
social y en la farmacia del sindicato que fueron hechas dos y tres años
atrás. No demoró en llegar a los medios la información
de que el propio gobierno había presionado en los Tribunales.
El anuncio de Caserio, difundido por Radio Universidad de Córdoba
en la mañana del domingo, llenó de satisfacción a
los lucifuercistas pero no convenció a nadie: “Ya desde el
jueves los inversores nos manifestaron su preocupación por la crisis
tan importante que hay en el país, así que nos reunimos
con el gobernador y tomamos la decisión de suspender el proceso
a solicitud de ellos”, y agregó: “Se suspende sin fecha,
el gobernador cree que ni este año ni el que viene se van a dar
las condiciones, porque para que esto cambie va a tener que cambiar el
país”.
Según Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de Luz y Fuerza , “a
la EPEC se la intentó regalar, porque mientras en principio se
llamó a una licitación internacional por el ciento por ciento,
cinco días antes se bajó al 80 por ciento la venta y se
autorizó a pagar en bonos hasta un 70 por ciento del valor. Si
se tiene en cuenta que en el pliego se prevé que la recaudación
de los tres bimestres anteriores a la adjudicación iban para la
empresa concesionaria (120 millones), estaba claro que se podía
comprar EPEC sin gastar un solo peso”, analizó.
Para mañana estaba previsto el acto de recepción de las
ofertas y la apertura del primer sobre. A medida que crecía la
movilización gremial también lo hacía el accionar
judicial en torno a sus dirigentes: primero, se ordenó la detención
de Juan Leyría, secretario adjunto; luego los allanamientos a la
obra social, a la farmacia y a la sede central del sindicato y la orden
de detener al secretario general Lorenzo Racero, a los dirigentes Santiago
Clavijo, Jorge Molina Herrera y al empleado Juan Medina.
De prófugos de la Justicia, los dirigentes pasaron rápidamente
a ser interlocutores para el gobierno. “Esperemos que sea para bien
y que ahora todos los actores que en su momento estaban en contra ayuden
a que la empresa crezca, para esto va a haber que asumir muchas acciones
patrióticas”, afirmó Caserio, la única voz oficial
que habló del tema ayer.
EL
MISMO FISCAL DEL CASO BODEGA
Delegados
en la mira
Por
M.G.
 Tras
la decisión de suspender la privatización de la EPEC, se
descomprimió la situación política, pero sigue igual
la situación judicial de los dirigentes de Luz y Fuerza que desde
el viernes busca la policía. “Vamos a ser cautelosos, supongo
que pronto se presentarán”, le dijo anoche el abogado Miguel
Ortiz Pellegrini a este diario y pidió el cese de la “persecución
contra los delegados” Lorenzo Racero, Santiago Clavijo y Juan Medina,
que permanecen prófugos para la Justicia y la libertad de Jorge
Molina Herrera, el único detenido. El fiscal que se ocupa de las
causas es el mismo que lleva la de Jorge Bodega, el senador acusado de
cobrar coima para votar las privatizaciones, que no tuvo mayores avances
desde febrero pasado.
El viernes, dos de los dirigentes se habían presentado espontáneamente
a la fiscalía, después de una publicación periodística
que anticipaba lo que finalmente sucedió. Les dijeron que se fueran
tranquilos, que no había motivos que los implicaran, pero por la
noche se ordenó su captura “para humillarlos y tratarlos como
delincuentes, cuando en realidad se trataba de escarmentarlos por el plan
de lucha que venían desarrollando”, opinó el defensor.
Molina Herrera está detenido en la cárcel de Bouwer, a 20
kilómetros del centro cordobés, para evitar manifestaciones
de protesta de sus compañeros, y la misma orden corría para
los demás. Al menos siete comisiones policiales estuvieron afectadas
al operativo de captura, lo que llevó a Ortiz Pellegrini a señalar
que “De la Sota buscó a los dirigentes de Luz y Fuerza más
que Bush a Bin Laden. A sólo cuatro días de la apertura
de sobres, no se puede decir que esto es judicial y no político,
a esto no lo cree nadie en Córdoba”, declaró.
Dos viejas denuncias llevaron al fiscal Sandoval a tomar tan drásticas
medidas. Ambas iniciadas por Raúl Brito, ex titular de la obra
social del gremio, contra Clavijo, Molina Herrera, Medina, Lorenzo Racero
y otros dos dirigentes. Es el mismo Sandoval que tramita la causa por
cohecho donde está imputado el senador Jorge Bodega, acusado de
cobrar 400 mil pesos para votar la ley de privatizaciones de De la Sota.
“Tenemos que pelear semanas para pedir medidas de avance en esta
investigación”, graficó Ortiz Pellegrini.
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