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Por
Victoria Ginzberg
Alejandro Corschs Lerena tiene 25 años. Sus padres llegaron a Argentina
en 1973, huyendo de la dictadura uruguaya, pero fueron secuestrados aquí
el 21 de diciembre de 1977. Alejandro nació pocos días después
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y cuando sus papás
desaparecieron logró, a través de un vecino, reunirse con
sus abuelos en Uruguay. Cuando el Estado argentino decidió indemnizar
a los familiares de las víctimas de la dictadura, comenzó
su trámite y a fines de 1999 tuvo a su disposición los bonos
que el Estado empezó a recuperar a principios de este año.
Pero Alejandro perdió el dinero de su reparación, como otros
diecinueve uruguayos y siete argentinos que denunciaron haber sido estafados
por la empresa Capital Service. Algo similar le habría ocurrido
a otro grupo de familiares de desaparecidos, en este caso, con la firma
Proinvest.
Las veintisiete personas perjudicadas por Capital Service realizaron el
miércoles una denuncia penal contra el corredor de Bolsa Carlos
Gómez, a quien acusan de “defraudación por administración
fraudulenta”. Según relataron los damnificados, la mayoría
se enteró de la maniobra que habría realizado la empresa
en la que tenían depositados sus títulos cuando empezó
a recibir la liquidación de la caja de valores con “cero bonos”.
Ante esa situación, el lunes se realizó una reunión,
a la que viajaron varios de los familiares uruguayos, en la que Gómez
informó que había retirado los bonos de la Caja de Valores
para entregarlos en caución de un préstamo que había
solicitado para cubrir sus deudas. El empresario les pidió una
convalidación de la operación que había realizado
sin el consentimiento de los titulares de los bonos, pero éstos
se negaron y decidieron recurrir a la Justicia.
La firma Proinvest también habría damnificado a un grupo
de entre quince y veinte familiares de desaparecidos. Al menos en dos
casos a los que tuvo acceso Página/12 las mujeres vendieron sus
bonos correspondientes a la reparación por la desaparición
de sus maridos y luego aceptaron realizar una operación en la que
prestaban su dinero al titular de Proinvest, Alfredo Scarpati a cambio
de un interés. Pero el hombre falleció en mayo de este año
y sus herederos no reconocen la deuda. Los perjudicados se presentaron
en la sucesión del empresario pero se encontraron con que allí
no hay bienes que les permitan recuperar su dinero. Aunque oficialmente
la viuda y los hijos de Scarpati no aceptan las operaciones que atribuyen
a “un empleado infiel”, intentaron negociar. A una de las mujeres
involucradas le ofrecieron un cuadro que no llega a cubrir un diez por
ciento de la suma que le adeudan.
Los abogados de las víctimas de Scarpati sospechan que hubo una
maniobra de vaciamiento premeditado de sus bienes ya que el empresario
estaba enfermo desde hacía un tiempo y están estudiando
iniciar una querella penal. Para Patricia Escofet, representante de uno
de las damnificados “esto tiene que ver con la forma en que el Estado
implementó el pago de las reparaciones e insertó a un sector
social en el sistema financiero especulativo”. La abogada sostuvo
que las personas que aceptaron hacer negocios con Scarpati “no tuvieron
conocimiento de la situación de ilegalidad en que se los estaba
poniendo, fueron víctimas de un engaño”.
El Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) informó que “suspendió
preventivamente” las operaciones de Capital Service –la firma
denunciada por los familiares uruguayos– y dispuso “la apertura
de un sumario” por “presunta infracción a la normativa
vigente”. “Si correspondiese, la institución puede aplicar
como medidas disciplinarias un apercibimiento, la suspensión y
hasta la revocación de la inscripción para actuar como agente
o sociedad de Bolsa”, expresó el Merval en un comunicado.
Francisco Urdaniz, apoderado de Proinvest a través del estudio
Gutiérrez Eguía, afirmó que Proinvest renunció
como agente de Bolsa y que el Mercado de Valores interviene en la liquidación
de toda operación pendiente. El abogado diferenció la situación
de esa empresa de la de Capital Service, que vendió los títulos
sin autorización de los beneficiarios. “Quienes noretiraron
sus bonos, van a cobrar un ciento por ciento porque tienen la garantía
del Mercado de Valores.” Urdaniz reconoció que “se han
recibido denuncias de que algunas personas que vendieron sus bonos con
Proinvest habrían sido asesorados por un empleado infiel en hacer
colocaciones de dinero en otros lugares y es así como en la sucesión
del ex presidente se presentaron como acreedores”.
–Pero los papeles que firmaron estas personas tenían la firma
de Scarpati.
–Los préstamos parecieran tener la forma del ex presidente
y se está investigando en la sucesión.
Además del fraude que Proinvest o Capital Service pudieron haber
cometido, los involucrados señalaron que es llamativo que todos
los damnificados sean personas que recibieron la reparación a las
víctimas del terrorismo de Estado. “Gómez nos ofreció
negociar pero cuando le contestamos que no, nos dijo que nos eligió
a nosotros porque éramos pobres y él tenía más
poder de negociación, por eso apuntó a los familiares de
desaparecidos”, relató Corschs Lerena.
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