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Por
Claudio Scaletta
 Mientras
Domingo Cavallo prepara un nuevo megacanje de deuda pública que
pone en evidencia el fracaso de la ruinosa operación anterior,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal sacó del medio de la investigación al fiscal que
imputó a la cúpula de Economía y a los principales
bancos de la city que participaron de la redituable operación.
Según el artículo 294 del Código Procesal Penal,
la “imputación” presupone la existencia de “motivo
bastante para sospechar que una persona ha participado de la comisión
de un delito”. El bloque de diputados del ARI presentará un
pedido de juicio político al ministro Cavallo por mal desempeño
de sus funciones y comisión de delitos.
El núcleo de la operación de canje de deuda pública
conocida como megacanje, implicó no sólo una distribución
de comisiones poco transparente por más de 150 millones de dólares
entre los bancos participantes, sino un simulacro de licitación
que terminó, vía acuerdos de última hora, en un pago
de sobretasas por al menos otros 150 millones sobre el ya cuestionado
“precio de corte” sugerido por la Oficina Nacional de Crédito
Público (ONCP). Los hechos dieron lugar a una causa por ilegalidad
de la operación. La razón fue que la nueva deuda, al pasar
de tasas de interés promedio del 7,5 por ciento anual a otra del
13,5 por ciento, no mejoró las condiciones de la anterior. Además
habría existido un reparto de las comisiones entre los bancos no
proporcional al aporte de papeles. El acuerdo privado entre bancos habría
premiado el poder de lobby diferencial de los distintos participantes.
El 26 de junio pasado, el Juzgado Federal Nº5, donde este año
está de turno la fiscalía de Miguel Angel Osorio, se hizo
cargo de la instrucción de la causa. Frente a la declinación
de incompetencia del juez Jorge Ballestero, titular del juzgado Nº2
del fuero, se sumó también una causa iniciada el 14 de mayo
en la que Marx y Cavallo fueron imputados por la anómala designación
de bancos intermediarios en el canje. A poco de iniciar las actuaciones,
la fiscalía sumó un informe de Página/12 en el que
se ponía de manifiesto que la tasa de corte de los bonos rescatados
no se determinó siguiendo parámetros técnicos, sino
que existían indicios de “acuerdos” entre bancos y negociadores.
A partir de aquí las medidas tomadas por la fiscalía 10
fueron las siguientes:
- Tomar declaraciones a la totalidad del personal de la ONCP que participó
en la operación. Según pudo saber este diario de fuentes
que declararon en la causa, estos testimonios resultaron fundamentales
para determinar las responsabilidades de la cúpula de Economía
en acuerdos de precios de última hora y en el simulacro de licitación.
Según consta, por ejemplo, en el memorando el ONCP, luego del “cierre
(de las ofertas) se recibieron solicitudes para modificarlas (...). Las
posturas (ofertas) 1799, 1800, 1804 y el lote 24035244, perteneciente
al Banco de Galicia, no habrían sido aceptados en caso de no hacer
lugar a las modificación (“propuestas por la autoridad”)
y en la postura 1813 perteneciente al Banco de Galicia igualmente hubiera
sido aceptada pero por un monto menor, mientras que la orden 23725014,
perteneciente a ING Barings, no habría sido aceptada de ninguna
forma”.
- Analizar la documentación sobre el canje último y anteriores
preparada por la ONCP (entre otros, EXPMECON EX 001-001552/2001), la que
convalidó las testimoniales.
- Corroborar las llamadas telefónicas entrantes y salientes realizadas
entre el 20 de mayo y el 6 de junio desde los teléfonos directos
de los principales actores (tanto de Economía como de los Bancos),
la que habría mostrado una alta interacción.
- Analizar un informe de la Comisión Nacional de Valores sobre
las compras de títulos de más de 10 mil pesos efectivizadas
durante el período previo al Megacanje. Algunos de los bancos participantes
habrían incrementado sensiblemente su participación.
- Solicitar a la Fuerza Aérea Argentina y a la Dirección
Nacional de Migraciones que informen sobre todos los vuelos realizados
al exterior los días previos al canje. El objetivo fue detectar
si efectivamente Cavallo viajó a Estados Unidos en un Lear Jet
propiedad de David Mulford. Hasta ahora se demostró la existencia
del viaje, pero no la titularidad de la Sociedad Anónima que aparece
como dueña de la aeronave.
Como resultado de estas investigaciones, el fiscal Osorio amplió
la imputación a los presidentes de los bancos JP Morgan, Francés,
Río, CSFB y a los integrantes de los mismos que participaron de
las negociaciones: Luis Rivaya, Pablo León, Jorge Bledel, Carlos
Villahoz, Andrea Camp, Andreas Keller, Marcelo Castro, Miguel Gutiérrez,
Moctar Fall y Cheikh Kane, así como también a los funcionarios
de Economía Julio Dreizzen (hasta ayer subsecretario de Financiamiento),
Jorge Baldrich (secretario de Hacienda), Guillermo Mondino (jefe de asesores)
y Federico Sturzenegger (secretario de Política Económica).
La respuesta de la Justicia no se hizo esperar. La notificación
a los imputados se ordenó el 4 de octubre. El día 9 el juez
Norberto Oyarbide, titular del juzgado 5, pidió la causa a la fiscalía
10 y, por razones de conexidad, se la envió a Ballestero, quien
se excusó y la devolvió. Sin embargo, Ballestero también
se excusó. La decisión final de la Cámara del fuero
llegó rápido. El 22 de octubre su presidente, Eduardo Luraschi,
determinó que la causa correspondía ser tratada por Ballestero.
Osorio fue quitado del medio. El argumento jurídico fue el inciso
3 del articulo 42 del CPP, el que sostiene que frente a la existencia
de “causas conexas por delitos de acción pública y
jurisdicción nacional” el tribunal competente será
el que tenga la causa más antigua. Sin embargo, la decisión
de la Cámara deja de lado el inciso 1, que precede en prioridad
jurídica, el que señala que la causa corresponde “a
aquel (tribunal) a quien corresponda el delito más grave”.
En este caso, la asociación ilícita investigada por Osorio.
ADVERTENCIA
DE UN CAVALLISTA, HOY EN LEHMAN BROS.
Canje
voluntario o “como deba ser”
 En
el medio de la convulsión que ayer vivió Argentina, el ex
vicedirector gerente y actual asesor del Fondo Monetario Internacional
Stanley Fischer dio un fuerte respaldo a la convertibilidad. Según
el ex funcionario, el régimen cambiario local no es el responsable
de la grave situación que afecta a la economía del país.
Joaquín Cottani, funcionario del equipo económico durante
la primera gestión de Cavallo en Economía y hoy analista
de Lehman Brothers, también salió en apoyo del ministro,
convocando a los bancos a aceptar una reestructuración voluntaria
de la deuda. “Si no, será lo que deba ser”, advirtió.
Fischer defendió el tipo de cambio fijo en la Argentina durante
un discurso en la Escuela de Economía de Londres, donde señaló
a “la falta de disciplina fiscal” como el verdadero origen de
los padecimientos locales. Durante esa misma exposición respaldó
el 1 a 1 en la Argentina, aunque aclaró que “esto no significa
que el sistema cambiario se mantenga”.
Por su parte, Cottani comentó ayer que “lo que está
planteando la Argentina es una reestructuración más profunda
del problema de la deuda, que el Gobierno quiere que sea voluntaria; pero
eso depende de la buena voluntad de los bancos en aceptarlas y de que
los organismos multilaterales pongan las garantías que propusieron
y nunca pusieron”.
El ex funcionario, de aceitada relación con Domingo Cavallo, consideró
que “lo que ha hecho el gobierno inteligentemente es tirar la pelota
para obligar a que jueguen los que estaban de espectadores cuando tienen
que ser jugadores importantes de este partido”. “El problema
no es que Argentina tenga una deuda que es por naturaleza imposible de
pagar. Es en las condiciones y en las circunstancias actuales, donde no
hay créditos para emergentes y en particular para la Argentina,
cuando los organismos internacionales tienen que actuar; fue lo que prometieron”,
recordó. Para el economista, “la forma en que el G-7 actúa
con total displicencia y con un grado de tacañería enorme
respecto de los problemas del grueso del mundo, que son los países
emergentes y subdesarrollados, es asombroso. Pero creo que ese enfoque
está siendo replanteado”. “Ya no es sólo una cuestión
del país, sino que involucra a los organismos internacionales.
Argentina ha hecho el esfuerzo de evitar la reestructuración compulsiva
de la deuda pero la única forma de que sea voluntaria es con el
apoyo de los organismos internacionales y, en primer lugar, de los bancos
y fondos de pensión locales”, dijo.
El analista advirtió que los bancos y las AFJP “tienen que
entender que si el Gobierno les ofrece garantías que implican que
el pago de la deuda va a ser hecho antes que cualquier otro en el Gobierno,
tienen un valor, y en lugar de conducir al país a una renegociación
de intereses con capitalizaciones y cosas que no resuelven el problema,
tienen que aceptar las condiciones que están a tono con la realidad
actual”.
“Los bancos deben aceptar el canje que les propone el Gobierno, y
para los inversores internacionales el canje será voluntario si
hay apoyo de los organismos multilaterales y del G7 y, si no, será
lo que tenga que ser, pero ese momento habrá llegado no porque
lo impulsó la Argentina”, advirtió Cottani.
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