Por Laura Vales

Patricia Bullrich no perdió el tiempo en promesas chicas: “Voy a ejecutar la política social más revolucionaria que haya tenido la Argentina desde Perón”, anticipó ayer, en el día de su asunción como ministra de Seguridad Social. Pero por el clima que siguió a su debut, haría bien en empezar a prenderle velas a Santa Evita: los programas sociales están repartidos por todos los ministerios; los ministros ya empezaron a plantear que ni locos van a soltarlos; el padrón único de beneficiarios no existe y por ahora no está claro cómo conseguir que los fondos alcancen para todos los que se propone asistir.
La propuesta de Bullrich, expresada en sus términos más atractivos, puede resumirse en tres puntos básicos: unificar los programas sociales dispersos, terminar con el clientelismo y repartir los recursos con justeza (usando un criterio de asignación universal) entre las familias más castigadas por el modelo económico.
¿Quién podría oponerse a cualquiera de estos puntos? A continuación, se detallan las principales objeciones que funcionarios del Gobierno formularon ayer a Página/12. Cada una refleja, a su manera, la fuerte pulseada que ya se desató en torno del manejo de los planes sociales:
- Unificar programas. “La dificultad para concentrar los programas en una sola mano responde a que falta una decisión del presidente”, explicó un técnico de Desarrollo Social. “Todos los ministerios tienen sus planes de asistencia; los hay en Interior, en Trabajo, hasta en la Jefatura de Gabinete. El único que puede modificar esta situación es De la Rúa, ordenando a sus ministros que traspasen estos fondos a un solo lugar. El lo sabe y hasta ahora no avanzó sobre el tema; habrá que ver si esta vez lo hace”.
El segundo problema es la pelea por las funciones que mantendrá cada área. El paquete que reclamaba originalmente Patricia Bullrich implicaba manejar la Anses, el ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Promoción de Empleo. De esta manera esperaba unificar las asignaciones familiares con los planes Trabajar y los programas sociales, conformando un presupuesto muy fuerte. Pero sólo consiguió el control de la Anses.
El nuevo ministro de Desarrollo Social, Daniel Sartor, ya hizo saber que no piensa convertirse en un ordenanza de la Agencia Social. “No hay traspaso de ningún programa” al área de Bullrich, anticipó ayer uno de sus colaboradores. “Como dijo el presidente, se va a trabajar en conjunto en todo lo atinente al ingreso social; nadie está pensando en resignar funciones”.
Desde el Ministerio de Trabajo hubo señales idénticas; “los planes de empleo van a permanecer en mi competencia”, dijo el ministro José Dumón a Página/12 (ver página 9). La secretaría de empleo que encabeza Enrique Martínez, encargada de administrarlos, quedó bajo su órbita.
- Poner los fondos en una sola bolsa. “Aunque quisiéramos hacerlo, hay partidas de dinero que no pueden reasignarse, porque corresponden a programas con financiamiento internacional con asignación específica”, apuntaban ayer en el ministerio de Dumón. “Pongamos como ejemplo los planes Trabajar. Se pagan con créditos de Banco Mundial; son entre 60 y 80 millones de pesos por año que se otorgaron específicamente para ese proyecto, es decir que su uso no puede cambiarse así porque sí. Para hacerlo habría que renegociar con el banco. Lo mismo se aplica a otros programas”.
El paquete total de planes de empleo, entre lo que reparten la Nación y las provincias, dicen los técnicos, consiste en cerca de 400 millones de pesos por año.
- El padrón. Hasta ahora, a pesar de los repetidos anuncios, nunca se armó un padrón único de beneficiarios que permita controlar que no exista superposición de beneficios. “En este caso hay un problema de arrastre, yes que los gobernadores se niegan a entregar a la Nación sus padrones”, se quejó un legislador del radicalismo.
En el Gobierno apuestan a armar un listado utilizando la estructura del Anses, trabajando a partir de la demanda, es decir del propio interés de la gente por inscribirse para recibir asistencia del Estado. Un criterio más o menos factible en centros urbanos y muy complejo fuera de ellos. Aún en este caso, sin la cooperación de las provincias será complicado detectar cuándo una persona recibe más de una prestación.
Con este panorama, todo indica que la ministra podrá avanzar en principio en la redistribución de las asignaciones familiares. Bullrich ya anunció que su idea es que todas las familias con ingresos menores a mil pesos por mes reciban 30 pesos por hijo. Para hacerlo, necesita repartir de manera distinta el dinero que el Anses ya destina a las asignaciones familiares. “La estimación es que 500 mil familias dejarán de percibirlos, y ese ahorro se distribuirá entre 3 millones de beneficiarios nuevos”, apuntó ayer un hombre del Gobierno. El mecanismo implica reasignar fondos entre las familias más pobres del país y no genera grandes dudas; el interrogante está puesto, en cambio, en toda la asistencia ubicada por encima de esos 30 pesos por hijo.

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