|
Por
Horacio Cecchi
 El
primer movimiento de importancia en la estructura jerárquica de
la Bonaerense tuvo lugar el fin de semana posterior a la caída
de Ramón Verón. El nuevo ministro de Seguridad, Juan José
Alvarez, removió al comisario Carmelo Impari como director general
de Seguridad y lo desplazó a la Jefatura Departamental marplatense.
La movida tiene doble signo: el cargo que ostentaba Impari es el segundo
de importancia dentro de la Bonaerense y fue él quien firmó
la circular que ordenaba detener a los menores “desprotegidos en
la vía pública” a principios de agosto pasado. Alvarez,
además, confirmó que en cuatro de los 60 casos de menores
muertos en presuntos enfrentamientos con la policía, informados
por la Suprema Corte, se habían constatado denuncias previas por
apremios ilegales. Aseguró que analizará “caso por
caso”. Ayer, el ministro se reunió con los miembros de la
Corte, y por la tarde con el procurador, Matías de la Cruz, y la
directora de Minoridad, Irma Lima. Al concluir la reunión anunció:
“En sesenta días no habrá más menores detenidos
en comisarías del Conurbano”.
Cuatro de los 60 casos de menores muertos en presuntos enfrentamientos
con la policía y que previamente habían denunciado apremios
ilegales, informados por la Suprema Corte bonaerense son investigados
en detalle. Tres de ellos fueron anticipados por Página/12, dos
de los cuales fueron publicados seis meses antes de que fuera redactada
la acordada de la Corte. Los casos corresponden a Gastón “Monito”
Galván, de 14 años, muerto de once balazos, y Miguel “Piti”
Burgos, de 16, con seis disparos. Ambos aparecieron en un descampado de
José León Suárez, el 24 de abril pasado. El tercero
es el de Fabián Blanco, de 16, muerto de cuatro balazos policiales
el 1º de noviembre de 2000, en Don Torcuato. El cuarto, en la misma
localidad, y con características semejantes, corresponde a un menor
de apellido Salto.
La hipótesis sobre la actividad de escuadrones de la muerte no
figura dentro de las líneas de trabajo del ministro. Descartó
la existencia de un “plan de exterminio de chicos”. También
rechazó la idea de una “purga policial” y prefirió
la más acotada tarea de “analizar caso por caso”. “La
palabra purga parece más una bomba puesta debajo de la mesa, y
se mueren buenos y malos –dijo–. Lo que yo quiero es ir individualmente,
caso por caso, lugar por lugar, comisaría por comisaría,
y ver qué sirve y qué no sirve. Si no lo hiciera, no podría
trabajar, ni desarrollar ningún plan de seguridad. Sería
una frustración muy grande para los vecinos de la provincia de
Buenos Aires. No habrá purga, pero de todas formas algunos traslados
vamos a hacer; hay algunas departamentales que no están funcionando.”
Precisamente, ayer, el subjefe de todas las departamentales, Carmelo Impari,
fue removido del cargo por orden de su superior en línea directa,
Amadeo D’Angelo, virtual jefe de la Bonaerense. “D’Angelo
le dijo: ‘Te necesito en Mar del Plata’”, reveló
a este diario un alto comisario. Y no agregó si el problema era
marplatense. En realidad, Impari fue quien firmó la polémica
circular del 6 de agosto pasado, dirigida a todos los jefes de departamentales,
en la que ordenó la realización de “amplios operativos”
para detener a “niños y jóvenes que se encuentren desprotegidos
en la vía pública y/o pidiendo limosna”. Inicialmente,
la decisión de Alvarez fue difundida como lisa y llana “remoción”,
pero con el correr de las horas el propio Alvarez señaló
que se trató de un error de interpretación y que Impari
“no fue relevado sino que va a ocupar un cargo muy importante”.
Aunque de menor jerarquía.
El tema de los menores siguió siendo el que cubrió la agenda
del día: por la mañana, Alvarez se reunió durante
una hora, primero con el presidente entrante de la Corte, Juan Carlos
Hitters, y luego con el resto de los miembros del tribunal. Participó
también el procurador general, Matías de la Cruz. “Se
mostró dispuesto a trabajar codo a codo con las fiscalías”,
reveló a este diario uno de los participantes de la reunión.”Se
habló mucho del tema de los menores, y la habilitación de
dos institutos de alta seguridad.”
Durante dos horas, a partir de las dos de la tarde, recibió a Irma
Lima, directora del Consejo del Menor bonaerense. A las tres se sumó
De la Cruz. En la reunión, Alvarez se comprometió a insistir
ante Carlos Ruckauf para que sean liberados fondos que aceleren las obras
en dos edificios, uno cedido por el Servicio Penitenciario, y otro por
la Bonaerense, ambos en la zona de Ensenada, para albergar entre 65 y
80 menores como institutos de alta seguridad. “La policía
no está preparada ni su función es la de custodiar menores.
Estamos trabajando en un plan muy fuerte para que en 60 días no
haya más menores en comisarías del Conurbano”, aseguró
Alvarez al finalizar el encuentro. Según las cifras proporcionadas
por Lima, son 92 los menores detenidos en comisarías en toda la
provincia, de los cuales 69 se encuentran en seccionales del Conurbano.
|
