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Por F.Y.
 Cuarto intento y nada. Ayer
los diputados tampoco pudieron derogar la ley de superpoderes al no conseguir
el quórum necesario para concretar la sesión especial. Sólo
un detalle permite trocar el fracaso en esperanza y es la aprobación
por mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales del
proyecto en cuestión, por lo que la iniciativa quedó habilitada
para ser tratada la semana próxima en la sesión ordinaria.
De no mediar ningún inconveniente, Domingo Cavallo y Fernando de
la Rúa se quedarían sin superpoderes la semana que viene.
Sin duda, esta novedad le generará un fuerte dolor de cabeza al
presidente en retirada de la Cámara baja, Rafael Pascual, quien
ya debe estar buscando, lupa en mano, alguna argucia reglamentaria que
le permita ganar al menos una semana más de tiempo. Es que el delarruista
sabe que con el dictamen aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
que preside Elisa Carrió (ARI), los días de la polémica
norma están contados.
En la próxima sesión, los legisladores podrán aprobarla
con mayoría simple y no necesitarán de los huidizos dos
tercios como lo exige el tratamiento de un proyecto durante una sesión
especial.
El dictamen lleva la firma de la casi totalidad de los integrantes de
la comisión. Los únicos que se resistieron a la iniciativa
fueron la justicialista Norma Godoy y los radicales René Balestra
y Julio Tejerina.
El proyecto deroga los artículos 1 al 6 de la ley 25.414 que le
confirió atribuciones extraordinarias al Poder Ejecutivo y que
fueron aprovechadas fundamentalmente por el Ministerio de Economía
que conduce Cavallo. Con estas facultades se pudo modificar la estructura
de la administración pública central y alícuotas
impositivas, entre otras medidas que hubieran requerido antes la aprobación
legislativa.
Con lo ocurrido ayer, prácticamente quedó confirmado que
la vía de la sesión especial era el peor camino para intentar
derogar los superpoderes. Las tres sesiones anteriores cayeron faltando
muy poco para conseguir el número de diputados que oficializaba
la sesión, 129 legisladores. Pero la última fue la de peor
performance, cuando sólo bajaron al recinto apenas 80 diputados.
El PJ tan sólo convocó a 50 representantes. El lunes aseguraban
que aportarían noventa de los 99 legisladores que integran la bancada.
Por lo tanto, no fue suficiente con la participación de los bloques
del ARI, Frepaso, del Frente para el Cambio y mucho menos con los cinco
radicales que estuvieron presentes: la storanista Margarita Stolbizer,
María Isabel García de Cano, María Nilda Soda, Juan
Carlos Farizano y Miriam Curletti.
El argumento esgrimido para justificar la numerosa ausencia en el PJ fue,
curiosamente, la hora de la convocatoria. “Llamaron a las 11 y muchos
diputados no alcanzaron a llegar desde sus provincias”, dijeron algunos
quejosos de la principal bancada opositora. Pero Jorge Matzkin fue el
más explícito de todos: “Cuando se cita a este horario
es para no tener éxito”, dijo. “Las leyes importantes
siempre han costado aprobarlas en esta Cámara”, agregó
quien supo ser el presidente del bloque justicialista durante los casi
diez años de la gestión menemista.
El Frepaso, en cambio, acusó a los justicialistas de carecer de
voluntad política para debatir este proyecto y aseguraron que “los
peronistas utilizan la derogación como una herramienta de presión
para mejorar las condiciones de negociación que llevan adelante
los gobernadores con el gobierno nacional” .
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Hay radicales oficialistas
Diecinueve presidentes de distritos de la Unión Cívica
Radical (UCR) apoyaron ayer al gobierno nacional y al presidente
Fernando de la Rúa “por su permanente vocación
para sacar al país de las graves dificultades en que se encuentra”.
En una declaración firmada por los conductores del radicalismo
en 19 distritos –entre los que no figura Buenos Aires, que
lidera Federico Storani– se cuestionan las críticas
del justicialismo a la administración aliancista y se asegura
que “hoy más que nunca se necesita racionalidad y consenso”
para zanjar diferencias. “En las difíciles circunstancias
por las que atraviesa el país es cuando más la Unión
Cívica Radical debe estar unida y apuntalando la gestión
de nuestro gobierno”, dice el texto. El documento no fue firmado
por los presidentes del radicalismo de Buenos Aires, Entre Ríos,
La Pampa, Chubut y Formosa. Los que sí lo suscribieron, cuestionan
las “críticas desproporcionadas e injustas de gobernadores
y dirigentes justicialistas”. Los radicales dejaron sentado
que “no es casual” que los peronistas “eludan referirse
a la herencia que dejaron” y mencionaron como ejemplo “una
recesión que ya lleva cuatro años, un desmesurado
déficit fiscal, una deuda externa triplicada a pesar de haber
enajenado el patrimonio nacional y un estado de corrupción
generalizado que Menem, Duhalde, De la Sota y Ruckauf, entre otros,
no pueden hacerse los desentendidos”.
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