Los gobernadores del Partido Justicialista presentaron anoche, a última hora, una contrapropuesta al gobierno nacional que, básicamente, establece diferencias entre las provincias endeudadas y aquellas que tienen sus cuentas en caja. La contraoferta contempla libertad de aceptación del esquema de refinanciación de deudas y para las provincias “en rojo” la cesión de su coparticipación como garantía de sus deudas y un recorte de los recursos que le envía la Nación.
Las provincias que tienen los números ordenados recibirán el 100 por ciento de sus recursos coparticipables, sin recortes, según la iniciativa justicialista que se completa con la aceptación del pago de los recursos adeudados, 50 por ciento en pesos y el resto en Lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales). Al mismo tiempo, reclama que el gobierno nacional garantice en un 7 por ciento anual el costo de la refinanciación de las deudas provinciales.
Por su parte, el gobierno nacional presentó su propuesta para fijar un nuevo criterio de transferencias fiscales a las provincias. Algunos gobernadores justicialistas consideraron la oferta oficial como “intermedia” entre la original que presentara Colombo y la posición del último jueves de Cavallo, que llevó a la suspensión de las negociaciones. La Nación propuso que la deuda en concepto de transferencias entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del año en curso se cancelarán totalmente con Lecop, que también se podrán utilizar para saldar cualquier otra obligación que el Estado nacional tuviere con las provincias que firmen el acuerdo, “con el consentimiento de la jurisdicción respectiva”.
Respecto de las transferencias a partir del 2002, la Nación postuló que “se reducirán en la misma proporción en que disminuyan los créditos presupuestarios destinados al pago de haberes previsionales y salarios” del Estado nacional, que actualmente es del 13 por ciento.
Esta quita cobra especial importancia en relación con la refinanciación de deudas provinciales. La Nación pretende “netear”, es decir deducir el ahorro de la refinanciación del descuento del 13 por ciento. Si quedara un saldo a favor de las provincias, se pagarían en Lecop o en títulos públicos a la par. De esta manera, el piso mensual quedaría en 1186,7 millones de pesos, lo que implica una quita de 177,3 millones por mes, o 2127,6 millones por año. Las provincias no fijaron una posición al respecto, dejando el tema para “un acuerdo razonable” que se discutirá en otro momento.
En cuanto a la refinanciación de las deudas provinciales, cada jurisdicción podrá encomendarla a la Nación, “de modo que se conviertan en forma voluntaria en préstamos garantizados con recursos nacionales a ser asumidos por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”, según la propuesta del Gobierno central. Las provincias que accedan a ello no podrán aumentar sus gastos ni asumir nuevo endeudamiento y las amortizaciones se realizarán a partir del 2004. Los préstamos garantizados serán a tasa de interés, fija o flotante de hasta el 7 por ciento o 3 por ciento sobre LIBOR.
Como contrapartida, las provincias que accedan estarán sujetas a la auditoría fiscal y financiera que designe la Nación (Banco Mundial o BID). Por otra parte, se prorroga hasta el 2031 el impuesto a los débitos y transacciones financieras, afectado al fondo de crédito público durante toda su vigencia. Los pagos a cuenta de IVA y Ganancias serán computados como masa coparticipable.
La propuesta presentada por los gobernadores justicialistas fue puesta a consideración no sólo del gobierno central sino, además de los mandatarios de provincias gobernadas por la Alianza. El punto principal de diferencia entre ambas propuestas radica en la forma de cancelación de las deudas computables por el año en curso, de la cual los justicialistas reclaman que la mitad sea liquidada en pesos. Asimismo, las provincias justicialistas exigen al gobierno que garantice una tasa del 7 por ciento para la refinanciación de las deudas y establece que a las jurisdiccionesque no accedan a firmar el entendimiento no se le realicen quitas a su cuota de coparticipación.
En el proyecto se indica que “las jurisdicciones provinciales que participen de esta propuesta cederán como garantía su coparticipación en los porcentajes necesarios”. Por otro lado sostiene que “las jurisdicciones que no participen de este programa recibirán el 100 por ciento de los pisos garantizados”. Aquellas que participen de la refinanciación cederán hasta un 13 por ciento del piso.

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