Por Adriana Meyer

Fernando Jorge de Santibañes puede convertirse en el primer ex funcionario llamado a indagatoria por el repuesto juez federal Norberto Oyarbide. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron que el ex secretario de Inteligencia del gobierno delarruista y otros ex empresarios y ex directivos del Banco Nación sean convocados a declarar como sospechosos en la causa denominada Inducuer. De Santibañes siempre juró que no tiene “nada que ver con ese maldito proyecto”, pero los fiscales concluyeron que su presencia “se perfila como una sombra” detrás de las empresas involucradas, según el dictamen al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. Los ex directivos del Nación Aldo y Mario Dadone, Hugo Gaggero y Genaro Contartese, procesados en el escándalo con la empresa IBM, también están en la mira.
En rigor, quien fuera el principal fundamentalista del ajuste aún puede seguir viajando a los Estados Unidos para dar sus cursos y atender a sus caballos de carrera. Pero en cualquier momento deberá estar “a disposición de la Justicia”. El juez Oyarbide aún no decidió si accede al pedido de los fiscales, pero mientras tanto ordenó una serie de medidas tendientes a precisar la magnitud de la estafa, a través de una serie de exhortos diplomáticos. Fuentes judiciales consultadas por este diario prefirieron no anticipar si las indagatorias se producirán antes o después de la concreción de esas medidas, que consisten en recabar datos de las empresas radicadas en el exterior, dos de ellas italianas y una en quiebra, implicadas en la maniobra. ¿En qué consistió la presunta estafa?
Todo empezó el 10 de noviembre de 1989, cuando Fernando de Santibañes y Angel David Gorodisch, propietarios del Banco de Crédito Argentino, fundaron una sociedad llamada Ferdar, que se convertiría en la controlante de la megacurtiembre Inducuer. La empresa suiza Ultrafin había resuelto en agosto de 1989 financiar el proyecto, que contaría con equipos y servicios provistos por la italiana Giza. También otorgaría créditos la Banca Gottardo, pero en todos los casos se exigía el aval de un banco oficial argentino de primerísima línea. No podía ser otro que el tan vapuleado Nación. En noviembre de 1990 De Santibañes y Gorodisch se retiran. Y en enero de 1991 el banco concedió el primer aval. Hacia setiembre del año siguiente los socios europeos quebraron. El Nación siguió aportando recursos para la reconstrucción del proyecto. Hace tres años, Inducuer se terminó de hundir y llamó a concurso de acreedores. El caso ocurrió durante la presidencia de Hugo Santilli y Aldo Dadone, quienes nunca ordenaron verificar a quién habían otorgado los avales. Los investigadores consideran inadmisible que los funcionarios del Nación no haya comprobado durante siete años algo tan elemental como la inexistencia de la empresa, está acreditado en la causa que no llegó a curtir un sólo cuero. Si hubieran actuado con más reflejos el daño patrimonial habría sido menor. La causa Inducuer empezó en 1998 por la denuncia de Nación, que le confió la querella al abogado Jorge Edwin Torlasco, socio de León Arslanian.
En noviembre de 1999 Página/12 reveló los detalles del caso y el entonces jefe de los espías acudió al juzgado de Gabriel Cavallo, que en ese momento reemplazaba a Oyarbide, para que le dieran un certificado de que no estaba imputado. Pero el papel que se llevó decía que no estaba implicado “por ahora”. De Santibañes se defendió diciendo que era el vicepresidente de la empresa Ferdar y sólo tenía una cuarta parte, de tal modo que su incidencia no era mayor al cinco por ciento. E intentó despegarse del caso argumentando que se retiró de la sociedad controlante de Inducuer en noviembre de 1990, tres meses antes de que el Nación otorgara el primer aval a la operación, que consistía en la instalación de una gigantesca curtiembre en Monte Chingolo. Sin embargo, fuentes del directorio del Nación sospecharon de la adulteración de esa fecha en el acta correspondiente. En los hechos, lo reemplazaron su amigo Guillermo Miguel Nano y su contador, Carlos Adolfo de la Vega. En el Nación sospechan que son testaferros. Cuando el juez Gabriel Cavallo, recientemente ascendido a camarista, tuvo en sus manos la causa trató de determinar si quienes lo sucedieron en Inducuer estaban vinculados a él ya sea por haber sido empleados de su banco –el Crédito Argentino, con cuya venta se hizo millonario– o por alguna otra relación. Ahora, con más elementos de prueba recogidos, los fiscales Freiler y Delgado determinaron que De Santibañes fue accionista fundador de Ferdar pero además su “presencia se perfila como una sombra detrás del domicilio consignado por Alejandro Almarza, síndico titular de Inducuer y suplente de Ferdar desde 1993, confirmado en 1996”.
Los investigadores ya pudieron establecer que el perjuicio patrimonial para el Estado es de unos 38 millones de pesos, que el equipamiento de la curtiembre estuvo sobrevaluado en un 55 por ciento y que el Banco Nación omitió varios pasos legales al otorgar los avales para la operación. Además de los hermanos Dadone, Gaggero y Contartese, deberían presentarse también los ex directivos Hugo Santilli y César Ochoa. Y además de De Santibañes los fiscales mencionaron como posibles indagados a Rodolfo Constantini, Guillermo Miguel Nano, Angel Gorodisch y Carlos de la Vega.

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