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Por Cristian Alarcón
y Horacio Cecchi
 Sospechados de ser los matadores
de chicos de entre 14 y 16 años, señalados en una larga
lista de denuncias como quienes golpeaban y torturaban en la comisaría
3ª de Don Torcuato, conocidos en la zona norte del Conurbano como
la patota más temida de la Bonaerense, los primeros nombres de
las sombras del escuadrón de la muerte ayer fueron puestos en disponibilidad
preventiva. La Crítica, como se conoce a la seccional en la que
decenas de veces estuvieron detenidos Gastón “el Monito”
Galván y Miguel “Piti” Burgos, los niños asesinados
por un supuesto escuadrón parapolicial, se quedó sin el
sargento Hugo Alberto Cáceres, el sargento Carlos Horacio Icardo,
y los suboficiales Miguel Angel Lemos y Marcos Bresán. Juan José
Alvarez, el ministro de Seguridad que intenta despejar el tufo a maldita
policía que dejó la administración Verón,
nombró ayer un nuevo “segundo” de la fuerza –el
comisario mayor Ricardo De Gastaldi– y enseguida lo envió
en helicóptero a la mismísima 3ª, que nunca antes tan
crítica, vio como sus “pesados” pasaban a quedar “afuera”.
Esa misma es la comisaría que en sucesivas investigaciones Página/12
señaló como la que albergaba a los hombres investigados
por el crimen de Galván y Burgos.
Si cualquier interesado en saber cómo se distribuye el poder fáctico
en la zona de Don Torcuato, e incluso llegando al Tigre, pregunta por
quién merece el mote de “sheriff” del lugar, nadie dudará:
“el Hugo Beto”, la popular manera en que se ha hecho famoso
el sargento Cáceres. Ese nombre ha sido repetido a Página/12
durante los últimos dos meses por más de media docena de
fuentes. Lo nombran los padres de los chicos asesinados en los supuestos
enfrentamientos que la semana pasada denunció la Suprema Corte
de Justicia bonaerense. Lo menciona una altísima fuente de la Corte.
Ayer una fuente judicial también confirmó a este diario
que por lo menos tres de ellos aparecen en el secreto expediente de “el
escuadrón” que lleva en San Martín el fiscal Héctor
Scebba. Las vinculaciones de los policías no terminarían
en su pasión por la golpiza, el apriete, las amenazas en público,
las persecuciones a los tiros y la venganza como método. Por lo
menos el sargento Cáceres también es un hombre vinculado
a los negocios de la seguridad en el partido donde viven, junto a los
más pobres, los más ricos bonaerenses: San Isidro. Cáceres,
además, es el único de los cuatro que por ahora zafa de
la sanción por cuestiones administrativas. Ayer un atribulado comisario
de la 3ª, Eduardo Dolan, le dijo a Página/12 en su despacho
que el hombre está con licencia por enfermedad desde el 21 de abril
de este año. “Qué tiene”, fue la pregunta. “Depresión
profunda.”
En La Plata “Juanjo” Alvarez designó al comisario De
Gastaldi, hasta ayer director de Investigaciones, como segundo de la fuerza,
en reemplazo de Carmelo Impari. Impari había sido quien firmó
la polémica circular que a principios de agosto ordenaba la “limpieza”
de los niños mendigos. Alvarez también desplazó a
Daniel Rago de la departamental de Lomas de Zamora (ver aparte). En su
defensa clamaron sin suerte los intendentes de Lanús y de Almirante
Brown, Manolo Quindimil y Hebe Maruco. Junto a Rago, fue removido Claudio
Smith, director de Investigaciones de Lomas, enviado a la departamental
de Morón. Smith había sido un entrañable nexo entre
el ex comisario Mario Naldi y Mario “Chorizo” Rodríguez.
En Morón, estaba a cargo Alberto Sobrado, que fue elevado de rango,
como director de Delitos Complejos y Narcocriminalidad. Sobrado aparece
como un leal al nuevo ministro: coincidieron ambos en Hurlingham.
De Gastaldi fue quien ayer aterrizó en “la Critica” para
comunicar oficialmente la medida contra el grupo sospechado, acompañado
de un equipo de Asuntos Internos. A las seis de la tarde había
recibido el nombramiento. A las seis y media firmó. A las siete
subió a un helicóptero hacia Torcuato. De todas maneras,
Alvarez no tiene todo resuelto. Fuentes judiciales revelaron ayer a Página/12
la preocupación existente en la Corte y en los más altos
cargos del poder judicial sobre la desidia queestaría siendo la
marca distintiva sobre todo entre los fiscales del distrito judicial de
San Isidro. Allí se tramitan la mayoría de las causas por
homicidio que reveló la Corte. Entre ellas están los crímenes
de Fabián Blanco, cuya historia fue publicada en exclusiva por
Página/12 el último domingo y la de Juan Salto, un chico
de 16, que murió acribillado cuando intentaba esconderse abajo
de un auto. Tanto a Fabián como a Juan los habían amenazado
de muerte. Los dos vivían aterrorizados por la patota de “Hugo
Beto”. Sus amigos y sus madres reconocen a la distancia los perfiles
de los hombres de la patrulla. Y sus autos.
La causa en la que se investiga el asesinato de Galván y Burgos
es casi la única que se tramita en el distrito de San Martín.
Los cuerpos, baleados con 11 y 6 tiros, ambos rematados con un disparo
en la nuca, atados, y uno de ellos con la cabeza cubierta con una bolsa
que no fue usada para asfixiar sino para emitir un mensaje policíaco,
fueron tirados más allá de la jurisdicción de San
Isidro –a la que pertenece Torcuato–, en un descampado de José
León Suárez. Ayer, por primera vez desde que los mataron
el 24 de abril de este año, una alta fuente judicial le reconoció
a Página/12 que Cáceres, Icardo y Lemos aparecen como sospechosos.
Esos mismos nombres son los que se repiten en las denuncias que los chicos
muertos hicieron contando cómo eran sometidos en la tercera a diferentes
tipos de tortura. Allí, según los relatos de los padres,
era común que uno de los oficiales, conocido como el karateca,
se dedicara a practicar con los menores detenidos golpeándolos
con patadas de experto en el pecho. Al Monito Galván –le contó
su madre a este diario apenas lo asesinaron– lo obligaron poco antes
del ajusticiamiento a permanecer parado más de doce horas en un
calabozo. “Salió con los pies llenos de llagas y de ampollas
-dijo Zunilda Galván– pero él me pedía por favor
que no denunciara porque le tenían jurado que lo iban a matar.”
DESTITUYERON
AL JEFE DE LA DEPARTAMENTAL DE LOMAS
El coletazo de las torturas
Por H.C.
Siguen los remezones en la Bonaerense.
Esta vez, y con tono de señal por elevación, la decisión
del nuevo ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, tocó
la cabeza de la cuestionada Departamental de Seguridad de Lomas de Zamora:
el comisario Daniel Rago fue relevado del cargo y colocado a la espera
de nuevo destino, lo que en términos de la rígida y vertical
estructura policial significa quedar sutil pero lisa y llanamente destituido.
Las causas: ocho uniformados, entre oficiales, suboficiales y agentes
de la comisaría 7ª, de Villa Centenario, dependiente de Lomas
de Zamora, fueron detenidos por picanear a un detenido el 21 de octubre
pasado. Rago desplazó al jefe de la 7ª. Ayer le tocó
a el turno a él, en un movimiento que algunos interpretan como
señal fuerte: en un caso comprobado de torturas, no alcanza con
la cabeza de la seccional.
El 21 de octubre pasado fue detenido Javier Villanueva, con 24 años
y un auto ajeno. Fue conducido a la comisaría de Villa Centenario,
donde el dueño del vehículo reconoció su auto y al
que se lo había robado. El fiscal Oscar Acevedo, de Lomas de Zamora,
ordenó entonces su detención. Al tomarle declaración,
comprobó marcas que le parecieron extrañas. Villanueva negó
todo, pero de las pericias médicas que ordenó surgió
que, efectivamente, había sido picaneado.
La seccional fue allanada: en una gaveta hallaron un cable eléctrico.
Según Villanueva, fue el que usaron para pasar corriente por su
cuerpo. “Era un cable con el que se ahorcó otra persona, y
era guardado como prueba”, aseguró Rago en aquel momento.
El jefe de la seccional fue removido, y todo el plantel desplazado a otros
destinos. Once uniformados quedaron detenidos. Tres fueron liberados porque
no se encontraban ese día en la seccional. Ayer, otros dos siguieron
el mismo camino. Las acusaciones quedaron concentradas sobre el subcomisario
Oscar Djurazek, el oficial inspector Eduardo Castillo, los cabos primero
Walter Fidel Franco y José Melchor Hidalgo, y los agentes Víctor
Pérez y Gustavo Pereyra.
Según reveló un investigador a Página/12, “surgieron
nuevos elementos y en los próximos días es probable que
haya nuevas detenciones”. Los nuevos elementos son los reconocimientos
médicos truchos realizados sobre el amoratado cuerpo de Villanueva,
que olvidaron mencionar las lesiones.
Daniel Rago quedó señalado en el vértice. “Es
una señal rápida y fuerte a los jefes de todas las departamentales
–confió una fuente reservada–. En un caso así,
no basta con la cabeza del comisario.” Rago había sido nombrado
por el ex ministro Osvaldo Lorenzo, en una designación muy cuestionada.
Su departamental es la que enfrentó más denuncias de torturas
de toda la provincia.
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