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Por Martín
Piqué
 El Gobierno esperaba contar
con el apoyo de los gobernadores de la Alianza para lograr un acuerdo
que pusiera fin a la desgastante negociación por la coparticipación
de impuestos. Las conversaciones ya llevaban más de dos semanas
y un nuevo fracaso representaba un serio problema para el Ejecutivo. Además,
en la Casa Rosada esperaban el pacto para anunciar las nuevas medidas
económicas. Sin embargo, nada resultó como lo esperaba el
Presidente: los enviados de Domingo Cavallo no se pusieron de acuerdo
con los mandatarios de la Alianza, y el chaqueño Angel Rozas terminó
a los gritos con el jefe de Gabinete. Como ya es habitual en esta gestión,
los tiempos se prolongan y nadie puede anticipar el final.
A último momento, Chrystian Colombo intentó recomponer las
relaciones con los radicales, que habían quedado afectadas por
la discusión con Rozas. Después de hacer varios llamados,
a las nueve de la noche se fue personalmente hasta la Casa de la Provincia
de Chubut, donde esperaban los mandatarios del oficialismo. Al cierre
de esta edición, pasadas las once de la noche, seguían dialogando.
Los aliancistas se negaban a trasladarse al CFI sin abrochar un acuerdo
con el gobierno. Entretanto, en la sede de la calle San Martín
aguardaban los peronistas, que matizaban la espera comentando lo que sucedía
entre sus pares de la Alianza.
La jornada había comenzado antes del mediodía, cuando todo
hacía suponer que el postergado acuerdo se convertiría,
por fin, en realidad. A esa hora, los gobernadores radicales comenzaban
a llegar a la Casa de Chubut, en Sarmiento al 1100. Se habían citado
allí para analizar la propuesta del PJ, que establecía que
las provincias sin problemas financieros recibirían el 100 por
ciento de los recursos coparticipables, mientras que los que estuvieran
“en rojo” refinanciarían sus deudas al 7 por ciento con
la garantía de su coparticipación. La “contraoferta”
del PJ también incluía otro punto controvertido: la Nación
debía pagar el 50 por ciento de sus deudas en Lecop, y la otra
mitad en efectivo.
Además de José Luis Lizurume, estaban Rozas, Pablo Verani
(Río Negro), Roberto Iglesias (Mendoza), Alfredo Avelín
(San Juan) y Hernán Colombo, vicegobernador de Catamarca. Habían
llegado junto a sus ministros de Economía, que luego se encargaron
de preparar un nuevo documento alternativo a las del Gobierno y el PJ.
Por la ciudad de Buenos Aires estaba el secretario de Hacienda, Miguel
Pesce. Más tarde llegó el jefe de gobierno Aníbal
Ibarra. Cerca de las 14, ya habían terminado de redactar otro documento
que se diferenciaba del paper firmado por los peronistas. Según
los aliancistas, esta propuesta destrabaría la negociación.
“Es muy equitativa y equilibrada. Atiende las expectativas de las
provincias y los reclamos de la Nación”, explicaba a esa hora
Avelín.
El documento elaborado por los radicales contaba con 15 artículos
e incluía un par de puntos que permitían soñar con
un acuerdo. En el primer apartado, se aceptaba el pago en Lecop de la
totalidad de las deudas por coparticipación al 31 de octubre de
este año. Los peronistas, por el contrario, habían reclamado
que se pagaran “un 50 por ciento en efectivo y un 50 por ciento en
Lecop”. Y en el artículo 10 figuraba una frase que parecía
escrita por Cavallo: “Será condición para que el Fondo
Fiduciario asuma las deudas, que las jurisdicciones no aumenten sus gastos
primarios, ni tomen nuevo endeudamiento”. En la propuesta tampoco
aparecía una cláusula irritante del texto del PJ: que la
Nación debía garantizar “con sus propios recursos”
la refinanciación de las deudas provinciales.
Por todas estas modificaciones, los aliancistas se dirigieron a la Rosada
con la certeza de que el Gobierno iba a aceptar la oferta. El chaqueño
Rozas, por ejemplo, confiaba en que se llegaría a una rápida
solución, y como prueba argumentaba que “(Colombo) está
absolutamente dispuesto al diálogo”. Sin embargo, los pronósticos
no se cumplieron.
Los aliancistas llegaron al despacho del jefe de Gabinete, en el primer
piso. Allí se encontraron con Colombo, y con dos hombres de confianza
de Cavallo: Hugo Garnero y Jorge Baldrich. Los funcionarios de Economíaleyeron
atentamente el documento de los radicales. Lo hicieron con aire de censores
y en verdad lo fueron. Vetaron varios puntos del texto, entre ellos el
que disponía que los Lecop debían ser distribuidos en forma
igualitaria entre la Nación y las Provincias, y también
el que ponía una fecha límite (31 de diciembre de 2002)
al recorte de 13 por ciento en los fondos coparticipables que gira la
Nación.
La objeción de Garnero y Baldrich enfureció a Rozas. El
vicepresidente de la UCR ya venía enojado porque el Ejecutivo había
ayudado en secreto a Buenos Aires y Córdoba, a través de
un “salvataje financiero” de 68 millones y 70 millones de pesos.
La provincia del Chaco, en cambio, no había recibido ningún
socorro de la Nación, a pesar de que necesitaba sólo 3 millones
para abonarle en tiempo a los tenedores de los bonos. La falta de ayuda
obligó a Rozas a diferir por decreto el pago, lo que fue considerado
un “default”. El chaqueño, entonces, le transmitió
toda su bronca a Colombo, Baldrich y Garnero:
–Cavallo arregló con Ruckauf y a nosotros no nos dan un peso
–se quejó a los gritos.
Los hombres del Gobierno lo miraban impávidos, pero Rozas clausuró
la negociación e inició la despedida con una amenaza:
–Este Gobierno no representa al radicalismo. Y si lo representa,
yo renuncio a la vicepresidencia de la UCR –vociferó, y se
fue.
El cruce había sido tan duro que Colombo telefoneó a la
sede porteña del Chaco, a donde se habían ido los aliancistas.
Era un día crucial para el Ejecutivo, que se sabía débil
y necesitaba un espaldarazo de los gobernadores de su partido, Cavallo
volvió a ser el malo de la película.
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