Por Adriana Meyer

El abogado del ex comisario Juan José Ribelli, acusado de haber sido “partícipe necesario” en el atentado a la AMIA, quiere demostrar que la SIDE armó escuchas que perjudican la situación de su cliente. José Manuel Ubeira dijo ayer a Página/12 que, si la SIDE y el gobierno nacional limitan las declaraciones que prestarán en el juicio oral los agentes de ese organismo de inteligencia que participaron de la investigación y no los releva de su secreto profesional, presentará pruebas sobre cómo armaron escuchas telefónicas que comprometen a su defendido. El Gobierno podría hacer una autorización específica para que esos espías sean interrogados sin condicionamientos. Las escuchas que Ribelli insiste en impugnar ya demostraron su contundencia en otra causa contra el ex comisario.
Ubeira se hizo eco de versiones que hablaban de una negativa oficial al pedido del Tribunal Oral Federal 3 para que levante el secreto de Estado en el que podrían ampararse los agentes al momento de declarar sobre su intervención en la causa. Y adelantó cuál será su estrategia: apelará a la Constitución Nacional para argumentar que ninguna autoridad puede evitar ser juzgada ni puede gozar de privilegio alguno. “Es paradójico que habiendo sido auxiliares de la Justicia en esta causa ahora no quieran explicar cómo actuaron”, se quejó el letrado. Agregó que las escuchas son parciales porque se hicieron sólo a los policías de la brigada de Lanús y no a los de Vicente López (también acusados), y que fueron “armadas y secuenciadas”. En definitiva, consideró que si esos elementos de prueba se incorporan sin que él pueda cuestionar cómo fueron producidas se verá afectado el derecho de defensa del ex comisario.
En las grabaciones Ribelli aparece hablando con casi todos los acusados y les dice que se iba a entregar porque pensaba que la imputación era sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que no lo privaría de su libertad por largo tiempo. En otra charla se comunica con el subcomisario Raúl Ibarra y le sugiere que ante la cercanía de un nuevo aniversario del atentado “deje prolijo” su escritorio por un eventual allanamiento. Y en las últimas queda expuesto el pacto de silencio.
La jueza de Lomas de Zamora Silvia González comprobó con testimonios la coherencia de las escuchas y las utilizó como prueba al procesar a Ribelli por tres hechos de extorsión, dos en tentativa, falsedad ideológica de instrumento público, violación de los deberes de funcionario, fraude contra la administración pública y asociación ilícita. Esa causa investigó los delitos que cometieron los policías bonaerenses liderados por Ribelli.
Ayer Ubeira recordaba que su cliente insiste en “no reconocer” esas escuchas. Sin embargo, en una de ellas no sólo dio su nombre sino también su número de documento al hablar con una escribana para la conformación de una sociedad para recibir una donación que pretendía hacer una empresa a la policía bonaerense.
El letrado está convencido de que el presidente Fernando de la Rúa no levantará el secreto de Estado para que declare sin limitaciones el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y otros trece agentes que lo acompañaron en su gestión. Por eso ayer solicitó al Tribunal que se le avise apenas llegue una resolución oficial, algo que todavía no ocurrió, para que pueda hacer sus planteos. Los abogados de Memoria Activa consideran, en cambio, que el gobierno no condicionará el juicio pero emitirá una autorización limitada a la materia de la causa AMIA. Algo similar ocurrió en el caso de los sobornos en el Senado, aunque no tuvo efectos demasiado útiles.

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