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Por Eduardo Videla
 En la pelea por la instalación
de las máquinas tragamonedas en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno
nacional perdió el primer round. Una jueza federal declaró
nulo el decreto por el que el presidente Fernando de la Rúa autorizaba
el funcionamiento de esos equipos en locales porteños. Según
el fallo, al que accedió a este diario, el decreto presidencial
“intenta burlar la legislación vigente (en la ciudad) mediante
el artilugio de considerar que los tragamonedas son una forma tecnológicamente
novedosa de la raspadita”.
La sentencia fue dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo
Clara María do Pico ante una acción de amparo presentada
por el legislador porteño Atilio Alimena. La magistrada resolvió
además un pedido similar, presentado por la diputada nacional Alicia
Castro (Frente para el Cambio), que pedía suspender la resolución
que autorizaba la instalación de las máquinas tragamonedas
en los cinco bingos de la ciudad de Buenos Aires.
La resolución compromete al propio presidente De la Rúa,
a quien la diputada Castro denunció por incumplimiento de los deberes
de funcionario público, por su responsabilidad en la firma del
decreto 494/01, que autorizaba la instalación de los tragamonedas
en la ciudad de Buenos Aires, donde su funcionamiento está expresamente
prohibido. La jueza Do Pico admitió como prueba la documentación
presentada por la diputada Castro: “Las máquinas electrónicas
tragamonedas habrían sido importadas con anterioridad al decreto
494”.
El conflicto surgió en abril, cuando De la Rúa autorizó
a la Lotería Nacional a implementar juegos de resolución
inmediata por medio de máquinas electrónicas en territorio
porteño, el único lugar donde el organismo estatal tiene
jurisdicción. La reacción no se hizo esperar: la Procuración
de la ciudad, la Defensoría del Pueblo y el abogado Ricardo Monner
Sans presentaron recursos en contra. Los argumentos: que la Constitución
porteña le atribuye a la ciudad el control y la regulación
de los juegos de azar, y que la ley 538, que reglamenta esa atribución,
no autoriza las máquinas tragamonedas.
Los tres recursos fueron rechazados y están en apelación
en la Cámara. Pero la presentación de Alimena –en julio
último– tuvo mejor suerte. La jueza consideró como
“vicios” del decreto su referencia al decreto 801 de 1991, que
encomendaba a Lotería Nacional la implementación de “una
modalidad de resolución inmediata, conocida como raspadita”.
Ahora, el decreto de De la Rúa entiende que las máquinas
tragamonedas son “una forma tecnológicamente novedosa del
juego de la raspadita”.
“Las máquinas tragamonedas nada tienen de novedoso y existieron
con mucha anterioridad al dictado del decreto del ‘91”, argumentó
la jueza. Y agregó: “Pareciera más bien una forma de
introducir en la ciudad de Buenos Aires y en contra de las disposiciones
específicas, una modalidad de juego absolutamente diferente y no
autorizado”.
La jueza también desestimó los argumentos de Lotería,
de que la recaudación tiene como destino la asistencia social.
“El decreto 901/91 destinaba un porcentaje no inferior al 12,50 de
lo recaudado, mientras que el 484/01 dedica (solo) el 2 por ciento”.
La resolución judicial es sólo un capítulo de la
batalla por las tragamonedas: puede ser apelada por Lotería. “El
Estado nacional puso en total 23 abogados en esta demanda, del Ministerio
de Acción Social, de Lotería y de la Procuración
del Tesoro”, dijo a Página/12 el diputado Alimena, del Partido
Demócrata.
En el Ejecutivo porteño, el fallo se recibió con satisfacción.
“Nos parece muy importante que la justicia reconozca la jurisdicción
de las autoridades de la ciudad en materia de juegos de azar”, dijo
a este diario el jefe de Gabinete, Raúl Fernández. El funcionario
adelantó que “el gobierno de la Ciudad va a ser inflexible
en la aplicación de las norma y en cuanto se detecte una máquina
tragamonedas funcionando, inmediatamente vamos a clausurar el lugar”.
Lotería Nacional ya había previsto eventuales conflictos
por la instalación de las máquinas: en una resolución
interna, a la que tuvo acceso este diario, obliga a los dueños
de los bingos a renunciar a cualquier demanda judicial por daños
y perjuicios derivada de la aplicación de las leyes vigentes en
la ciudad.
UNOS
650 CHICOS JUGARON AL AJEDREZ EN PLAZA DE MAYO
Simultáneas en la Pirámide
“Estaba con el codo en
la mesa, me di vuelta sin querer y se me cayeron todas las fichas. Encima,
iba ganando”, se lamentó Micaela, de cuarto grado de una escuela
de Chacarita. Como ella, más de 600 chicos de escuelas públicas
porteñas coparon la Plaza de Mayo para jugar las Simultáneas
de Ajedrez organizadas por la Secretaría de Educación de
la Ciudad, aunque no todos terminaron con las piezas en el suelo. A pleno
sol, los niños –sentados en bancos alrededor de la Pirámide–
mostraron cómo juegan a pensar. O, lo que es lo mismo, cómo
piensan para jugar.
Daniel Justel, uno de los coordinadores del área Ajedrez de Instancias
Educativas Complementarias, explicó a Página/12 los beneficios
de esta actividad. “Los chicos tratan de comprender cuáles
son los planes del otro y de inventar sus propias estrategias”, señaló.
Además, recalcó que la violencia “que se expresa con
empujones o juegos de mano, se canaliza a través del tablero”.
El programa abarca los talleres que se dictan en 150 escuelas comunes,
seis de educación especial, tres secundarias, una de adultos y
diez jardines de infantes, con 14.000 participantes. También incluye
los encuentros de ajedrez de los sábados, a los que asisten cerca
de 300 chicos.
Las simultáneas implican que un maestro juegue paralelamente con
varios chicos, lo que les da más tiempo para pensar. “Moví
la torre para ver si me la comía, pero al final me hizo jaque con
el caballo. Ahora, me conviene mover el rey”, comentó muy
segura Melanie, alumna de primer grado.
En esta ocasión, se puso en marcha la iniciativa de la Primer Olimpíada
de Ajedrez Escolar –por un convenio entre la Secretaría de
Educación porteña y la Asociación Miguel Najdorf–
que comenzará a fin de este año.
En diálogo con este diario, Daniel Filmus informó que las
simultáneas forman parte de la Campaña por la Paz, que sigue
hasta el fin del ciclo lectivo. “Son para expresar una síntesis
del trabajo que se hace durante el año. Además, la idea
fue poner al ajedrez como contracultura de la cultura de guerra que hay
en el mundo”, indicó. También opinó que “el
gran desafío es conjugar las políticas progresistas con
la eficiencia” y recalcó que en 2002 más escuelas medias
formarán parte del proyecto.
Cerca de las 12, los chicos guardaron los 650 tableros donados por una
empresa. Antes, Agostina había confesado: “Quiero ser campeona
para poder ganarle siempre a mi papá”. El riesgo país
sobrepasaba los 2000 puntos. Pero los chicos, por unas horas, le hicieron
jaque mate a los problemas.
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