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Por Cledis Candelaresi
 Fernando de la Rúa firmó
ayer el decreto para poner en marcha el Sistema Integrado de Protección
a la Familia, que prevé subsidios para niños y jóvenes
escolarizados de hogares de bajos ingresos y ancianos sin cobertura. Cuando
esté en plena vigencia, el plan elaborado por el Ministerio de
Seguridad Social demandará 3169 millones de pesos por año,
de los cuales 860 millones anoche no estaban asegurados. Será el
jefe de Gabinete quien resuelva qué partidas reasignar para que
la iniciativa de la ministra de Seguridad Social, Patricia Bullrich, se
transforme en realidad. Anoche intentó dar una vaga pauta de dónde
saldrán los recursos: “Vamos a sacrificar estructuras burocráticas
y el clientelismo político”, prometió. La cobertura
de asignaciones familiares se ampliará a familiares de trabajadores
en negro y a desocupados.
Bullrich inauguró la serie de exposiciones oficiales frente a los
empresarios reunidos en el Banco Nación, precediendo la introducción
de Domingo Cavallo y la breve y deslucida aparición del titular
de Desarrollo Social, Daniel Sartor, cuyo ministerio está bajo
amenaza de quedar vacío de contenido: gran parte de los recursos
de sus programas serán absorbidos por el Plan Bullrich, aunque
el detalle de esta transferencia aún no existe. En otros términos,
todavía no se sabe qué otros programas sociales quedarán
en pie y cuáles serán definitivamente eliminados.
La versión original del decreto incluyó un anexo con la
mención de todos los programas que existen, desde las pensiones
graciables al seguro por desempleo, pasando por otros específicos
y menos conocidos. Pero a último momento, se optó por reemplazar
el artículo que permitía echar discrecionalmente mano de
ese dinero por otro que faculta a Chrystian Colombo a reasignar partidas.
A esta batalla interna por el Presupuesto, el Gobierno añadirá
otra con los bancos para la instrumentación del nuevo sistema de
pagos de los beneficios. Aunque el decreto no lo especifica, Seguridad
Social trabaja en la instrumentación de una tarjeta de débito,
que será cargada con el importe que corresponda a cada beneficiario.
“Vamos a necesitar un sistema bancario solidario”, fue el llamamiento
que hizo anoche la ministra.
Muchos detalles de instrumentación quedaron sujetos a la reglamentación
en la que trabaja el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino,
y que permitirá poner en funcionamiento el nuevo sistema gradualmente
a partir del año próximo. Hasta entonces, subsistirán
las prestaciones actuales.
El plan tiene algunos rasgos distintivos: extenderá el asistencialismo
a los trabajadores en negro, incluye a quienes cobren seguro de desempleo,
y será otorgado por el solo hecho de cumplir con los requisitos
impuestos. “Se reemplaza el modelo clientelístico por otro
fundado en el derecho del que recibe el beneficio y no en la gracia del
que lo da”, subrayó Sanmartino, alfil de Bullrich en esta
propuesta, que resumirá el grueso del asistencialismo estatal en
las siguientes prestaciones.
 Asignación por niño.
Una asignación de 30 pesos por hijo de hasta 14 años para
los hogares con ingresos totales de hasta 1000 pesos. Los padres o tutores
no podrán tener un patrimonio neto superior a 100 mil pesos o ganancias
anuales declaradas por más de 12 mil; ser autónomo inferior
a categoría D o monotributista de la IV (pierden el derecho a una
asignación quienes tienen remuneraciones de entre 1000 y 1500 pesos
por mes).
Discapacidad infantil. Recibirá
30 pesos por mes por niño, con certificado expedido por autoridad
competente y cuyos padres no reúnan más de 2000 pesos por
mes o 24 mil al año.
Maternidad. Subsiste el sistema
actual. El Estado seguirá haciéndose cargo de la remuneración
durante el período de licencia laboral, para quien tiene antigüedad
mínima y continuada de tres meses.
Escolaridad. Para todos los
menores de 18 años que asistan a la escuela estatal o privada y
sus padres cumplan con los mismos requisitos que losbeneficiarios de la
asignación por niño y contra certificado de escolaridad.
Este pago será en especie: una mochila, útiles y libros.
Escolaridad secundaria. Una
suma anual de 400 pesos para los estudiantes de EGB3 de entre 14 y 17
años, cuyos padres tengan ingresos conjuntos inferiores a los 500
pesos por mes o ganancias anuales inferiores a los 6000 pesos. Esta prestación
se suma a la anterior.
Tercera edad. Se pagarán
100 pesos mensuales a los ancianos que en 2002 tengan 75 años de
edad y no gocen de otro beneficio o ingreso y dispongan de un patrimonio
inferior a los 100 mil pesos. Habrá una escala gradual para percibir
el beneficio, que en 2008 bajará a 70 años la edad requerida.
Prestación por cónyuge.
Se mantiene el valor mensual de 15 pesos por cónyuge de jubilados
y pensionados.
Una de las grandes incógnitas es cómo hará el Estado
para controlar que, efectivamente, los beneficiarios cumplen con las condiciones
exigidas y no pretenderán burlarlas. Para Seguridad Social bastará
con un empadronamiento, que piensa organizar en un futuro cercano utilizando
hasta las escuelas y, naturalmente, las 210 bocas que la Anses tiene en
todo el país. Esa información será cruzada con los
datos contenidos en la base de esa dependencia, que dispone de información
precisa de quienes están en el sistema de empleo formal o gozan
de algún beneficio asistencial.
REDUCCION
DE 6 PUNTOS EN APORTES JUBILATORIOS
Unos pesos más a fin de mes
El Gobierno dispuso una reducción
de seis puntos en los aportes jubilatorios de los trabajadores en relación
de dependencia, una medida con la que confía en generar una rápida
respuesta en materia de reactivación de la demanda. La resolución,
que tiene alcance sobre todos los empleados “en blanco”, sean
afiliados a una AFJP o estén en el sistema de reparto (estatal),
supondrá poner en el bolsillo de éstos un 6 por ciento adicional
de su salario bruto que actualmente se descuenta como aporte previsional.
El decreto ómnibus difundido anoche, en su artículo 15,
establece que “el aporte personal de los trabajadores en relación
de dependencia” al sistema previsional se reducirá al 5 por
ciento (actualmente es del 11) “por el término de un año”,
que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar por un año más
“o disponer el aumento progresivo de los aportes” durante ese
segundo año. La disposición tendrá vigencia ya a
partir de los sueldos de noviembre.
Las AFJP ya han puesto el grito en el cielo por lo que representa esta
resolución en pérdida de aportes de sus afiliados, pero
no han hecho referencia aún a cuál será su política
en materia de comisiones, la que como consecuencia de la baja del aporte
a menos de la mitad se elevaría a proporciones exorbitantes. Según
la argumentación del sector, “la reducción del aporte
previsional no asegura la reactivación del consumo y contribuye
a la pérdida de confianza y a la sensación de seguridad
jurídica”, además de generar “una disminución
futura en los haberes previsionales de los beneficiarios”.
En cambio, la propuesta oficial apunta a volcar sobre el mercado interno
una demanda adicional de consumo. En su discurso grabado, el presidente
Fernando de la Rúa destacó esta medida como una de las principales
dentro del capítulo de políticas activas para la reactivación.
La misma se encadena con el mecanismo de rescate por capitalización
de las empresas endeudadas y la rebaja del IVA en compras minoristas con
tarjeta (ver aparte), que incluyó en el mismo enunciado.
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OPINION
Por Alfredo Zaiat
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Sincerar el default
Los efectos del default ya se están viviendo. Cuando la
construcción cae un 25 por ciento interanual, los supermercados
venden 8 por ciento menos que doce meses atrás, el transporte
retrocede 11,2 por ciento y las ventas en shoppings se derrumba
casi el 22 por ciento se está en presencia de una profunda
depresión económica. Ese registro es contundente:
la riqueza generada por el país, que los especialistas denominan
Producto Interno Bruto, se desmoronó a un ritmo del 12 por
ciento en el tercer trimestre. Como gustan decir los financistas,
se ha estado descontando la cesación de pagos. Los fantasmas
diseminados por el sistema financiero sobre el impacto demoledor
del default son ciertos. Pero ya se están padeciendo, no
es que van a venir. La resistencia a la reestructuración
de la deuda que han estado exponiendo los bancos tenía que
ver con sus propios intereses más que sobre las desgracias
que provocará sobre la gente. A esta altura, resulta evidente
que el default no es un jardín de rosas. No es un camino
deseable. Pero la verdad es que Argentina está en virtual
default, sólo postergado su declaración formal a lo
largo de este año por la asistencia financiera extraordinaria
otorgada por el FMI, Banco Mundial y el BID. Desde ¡setiembre
de 1999! el país no puede acceder al mercado voluntario de
crédito internacional, y con dificultad y a tasas elevadísimas
a nivel local con tomadores cautivos, como AFJP y bancos. Esa veda
al financiamiento voluntario durante ese prolongado período
ha acostumbrado a los agentes económicos a los efectos de
un default. Y también se ha estado y se está padeciendo
sus efectos devastadores sobre la economía. Una tasa de desocupación
cercana al 20 por ciento no es otra cosa que una de esas consecuencias
espantosas. No habría que esperar, entonces, otras más
sorpresas desagradables con el anunciado canje forzoso. No se tratará
de una cesación de pagos como la de Rusia, que en agosto
de 1998 dejó muy mal parados a bancos y fondos de inversión
excesivamente expuestos en ese mercado, como en el resto de los
emergentes. Con Argentina, se ha tenido un lapso extenso para prepararse.
Y en los hechos lo han estado haciendo muchos que se desprendieron
de títulos. La reestructuración “voluntaria”,
como la presentó el Gobierno, que para el mercado será
“compulsiva”, o sea técnicamente default, no provocará
mucho más daño en la ya deteriorada economía.
Pero lo cierto es que tampoco servirá para sacar a la economía
de la ciénaga. Al menos, ahora se ha empezado a sincerar
una parte de la crisis, mordiendo rentas extraordinarias del sistema
financiero. De aquí en más faltará que ese
sinceramiento de la economía sea completado.
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