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 El próximo 10 de diciembre
Corrientes tendrá nuevo gobernador, tras dos años de intervención
federal. El primer enviado del gobierno nacional para hacerse cargo de
la provincia fue el hoy ministro de Interior, Ramón Mestre. En
marzo, lo sucedió Oscar Aguad, con quien dialogó Página/12.
El funcionario calificó de “inédita” la situación
electoral, en donde el candidato del Partido Nuevo, Raúl Romero
Feris, está detenido y fue además condenado anteayer a tres
años de prisión y a siete de inhabilitación para
ejercer cargos públicos (ver recuadro). Por otro lado, Aguad aseguró
que el nuevo gobernador encontrará una provincia “con las
cuentas ordenadas”, y que de ahora en adelante, “Corrientes
habrá dado una vuelta de página en su historia”.
–Existe una situación compleja con el caso de Romero Feris.
¿Qué opinión tiene sobre este caso?
–Evidentemente, la situación es conflictiva. Básicamente
porque el que está involucrado en todo esto es un ex gobernador
de la provincia, lo que es una situación inédita en la Argentina,
por lo menos hasta donde yo sé. Pero por otro lado, la sociedad
correntina estaba preparada para esto, había elementos que inducían
a pensar que se iba a presentar esta situación. Ahora, la jueza
tendrá que resolver, quizás mañana (por hoy) si Romero
Feris puede o no ser candidato. Esta es una situación que no tiene
antecedentes.
–¿Qué cree que puede llegar a resolver la Justicia?
–Yo tengo una opinión concreta sobre el caso. Pero creo que
no es conveniente que la haga pública. Puede parecer una presión
del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y no es ésa mi intención
para nada. Me reservo mi opinión.
–¿Este fallo judicial puede llegar a enrarecer el clima político
correntino?
–Espero que no. Este fue un hecho que la ciudadanía correntina
advertía que podía pasar. No ha sido algo traumático.
Era una decisión que se estaba esperando, por lo que no creo que
haya ningún inconveniente. La sociedad correntina ha madurado mucho.
Creo que desde diciembre, Corrientes habrá dado una vuelta de página
en su historia.
–En diciembre se van a cumplir dos años de la intervención.
¿Qué balance hace de ella?
–La verdad que lo que hicimos fue continuar con lo que empezó
Mestre, que hizo un gran trabajo. Dentro de esa línea, lo que hicimos
fue ordenar las cuentas y pacificar la sociedad correntina. También
hicimos un plan de obra pública, por el que construimos 8000 viviendas.
Es una sociedad muy particular, con una estructura estatal muy primitiva.
Hoy por hoy, Corrientes es una de las ocho provincias con superávit
primario, por lo que está en condiciones de refinanciar su deuda.
Por eso mismo es importantísimo el Pacto Fiscal que firmará
el gobierno nacional con las provincias. El gran problema de Corrientes
es el endeudamiento; tiene el mismo volumen de deuda que Santa Fe, pero
con un diez por ciento de su Presupuesto.
–Todavía las provincias no llegaron a un acuerdo con el Gobierno.
¿Cómo piensa que van a evolucionar las gestiones?
–Yo soy optimista. Lo que pasa es que está faltando ánimo
para decir que Argentina tiene que salir de donde está. Acá
hay que entender que nos tenemos que salvar juntos, gobierno nacional
y provincias. Creo que si hay gestos de buena voluntad de las dos partes
se va a llegar a un acuerdo.
–Pero parece que hay bastante tirantez entre ambas partes.
–Sí, puede ser. Pero en el caso de los gobernadores, creo
que se tratan de técnicas de negociación. Cada uno tiene
sus métodos. El Pacto tiene que salir, porque permitirá
reestructurar y refinanciar las deudas de las provincias, que es lo que
verdaderamente las ahoga. La instrumentación de las LECOP (Letras
de Cancelación de Obligaciones Provinciales) será muy importante.
Es un tipo de moneda muy buena para estos momentos. En Córdoba
aplicamos bonos y pudimos reactivar la economía, así que
creo que lasLECOP son una buena solución para estos momentos. Inclusive
creo que hasta los 1300 millones de pesos de LECOP puede ser un monto
perfectamente manejable. Quizá sería una buena señal
de la Nación que acepte también pagar con esos bonos parte
de los sueldos de sus empleados y a los proveedores.
Informe: Alejandro Cánepa.
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“Tato no se baja”
Raúl Romero Feris sigue en el centro de la escena correntina.
Pese a que permanece detenido desde 1999 por presuntas irregularidades
en su gestión como intendente de la capital correntina, y
a haber recibido una condena en otra causa el miércoles,
participará del ballottage de este domingo para elegir al
nuevo gobernador. Salvo que prospere un pedido de inhabilitación
de la candidatura de “Tato”, presentado por la senadora
provincial Miriam Zalazán.
Este domingo los correntinos tendrán que elegir su gobernador
entre la fórmula del Partido Nuevo (Panu), encabezada por
Romero Feris, y la del Frente de Todos, liderada por Ricardo Colombí.
La jueza electoral Adriana Carranza de Carrió, que aseguró
que “hasta el momento no existe ninguna modificación”
en la situación de Romero Feris, pese a que el miércoles
fue condenado en una causa por el presunto delito de “abuso
de autoridad”, cuando era intendente de Corrientes Capital.
Aprovechando esa circunstancia, Zalazán pidió la inhabilitación
de Romero Feris
De todos modos, el apoderado del PaNu, Jorge Simonetti, ratificó
que “Tato” será candidato, y aseguró que
“no hay tiempo material” para que se pueda impedir la
postulación del ex gobernador.
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ROSELLO,
PROCESADO Y DETENIDO
Unico preso por los ñoquis
Por
Irina Hauser
El ex concejal
Eliseo Roselló –quien perteneció al riñón
del presidente Fernando de la Rúa, pero terminaron odiándose–
fue procesado ayer por el por el juez Alberto Baños y tendrá
que seguir preso por el cobro de 1.400.000 pesos de sueldos de falsos
empleados del disuelto Concejo Deliberante porteño. El magistrado
trabó, además, un embargo de 500 mil pesos contra el ex
edil. Considera que era un hombre clave dentro de un sistema de nombramiento
de “ñoquis” en el cuerpo legislativo que servía
para disfrazar una forma de financiamiento ilegal de la política.
Roselló está acusado de malversar fondos públicos
por haber certificado firmas de 50 recibos de gente que nunca trabajó
en el ex Concejo Deliberante y cuya identidad fue usada para que cobraran
otros. Es el único de todos los ex funcionarios involucrados en
la megacausa de los ñoquis que queda preso. A él lo complicó
el hecho de haberse fugado en agosto 1999, cuando Baños ordenó
su detención. El año pasado lo encontraron en Brasil, asentado
en el estado de Minas Gerais, manejando una fábrica procesadora
de ajo, y estuvo preso diez meses en Belo Horizonte, hasta que lo extraditaron
a mediados de octubre.
Ayer el magistrado le fijó prisión preventiva mientras dure
el proceso porque no tiene domicilio en Argentina y podría volver
a escaparse en cualquier momento, tal como habían planteado los
fiscales de la causa Mónica Cuñarro, Augusto Troncoso, Marcelo
Roma y Horacio Amelotti. Pero también es porque tiene otra causa
pendiente: fue denunciado porque habría extorsionado a De la Rúa
con la divulgación de escuchas telefónicas, entre ellas,
las conversaciones de sus hijos Aíto y Antonio con sus profesores
de la Facultad de Derecho para aprobar sus exámenes.
El retorno del ex puntero radical fue un dolor de cabeza para el Gobierno,
que hizo todos los malabares posibles para postergar su deportación
y que lo indagaran después de las elecciones legislativas. El secretario
de Seguridad, Enrique Mathov, llegó a decir que no había
presupuesto para traerlo. Temían que Roselló confesara y
contara para quién recaudaban los concejales. Respiraron cuando
se negó a declarar.
Su situación deberá ser resuelta ahora por la Cámara
de Apelaciones, que hasta ahora en esta causa ha concedido excarcelaciones.
POR
“COACCIONES” A SU AMIGA
Tres años para Green
Uno de los ex secretarios
de Lucha contra la Drogadicción del gobierno de Carlos Menem, Gustavo
Green, fue condenado a tres años de prisión en suspenso
por un tribunal oral porteño que lo halló culpable del delito
de “coacciones reiteradas” a una mujer con la que salía.
Green fue condenado por amenazar tres veces a la ex diputada nacional
María Antonia Salino, con quien –según el fallo–
mantenía una relación afectiva. El hombre fue condenado
a dos años y tres meses de prisión en suspenso, pero como
tenía una condena anterior, los integrantes del tribunal oral Nº
1 unificaron las penas en una única condena de tres años.
Sin embargo, Green no irá a la cárcel porque la condena
fue dictada en suspenso. Los hechos que se le imputan ocurrieron a mediados
de 1996, cuando Salino debía viajar a Viena como representante
de la Cámara de Diputados a la inauguración de las 39as.
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas. “Si no desistís del viaje
voy a increpar a tus hijos y voy a armar un escándalo en el hall
del aeropuerto”, le dijo entonces Green según puede leerse
en el fallo. En ese momento, atemorizada por la situación, Salino
suspendió el viaje. Los camaristas Martín Vázquez
Acuña, Rafael Oliden y Fernando Ramírez dieron por probado
que la diputada canceló el viaje “por temor a lo que pudiera
pasarles a sus hijos o por el escándalo que pudiera hacer Green”
en el aeropuerto. “La amenaza tenía la entidad suficiente
para motivar una decisión contraria a la asumida por la destinataria,
ello teniendo en cuenta que se trataba de una mujer que revestía
la función de diputada de la Nación y el contexto en el
que fueron realizadas”, dijeron los jueces. No fue aquélla
la única amenaza de Green, quien más adelante le dijo: “Si
te veo con otro te voy a matar” y “te voy a reventar la cabeza
si no me llamás, estoy harto”. En la tercera ocasión,
luego de compartir un almuerzo con la legisladora y otros comensales en
el Country El Remanso, y con la intención de que Salino “no
finalizara la relación afectiva que mantenían” Green
le dijo: “Hija de puta, te voy a matar”.
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