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Por Alejandra Dandan
 Y la guerra comenzó.
El presidente del Tribunal Oral 2 de Quilmes abandonó ayer todo
protocolo y frente a cámaras le ordenó a uno de los abogados
que se callara: “Lo único que busca usted –le gritó–
es notoriedad mediática”. La escena se convirtió en
el primer escándalo del juicio oral contra el empresario Alfredo
Pesquera, único acusado por las muertes de Rodrigo Bueno y Fernando
Olmedo. El duelo provocó la interrupción de un juicio que
sumó a lo largo del día cinco pedidos de procesamientos
por falso testimonio para uno de los testigos: el taxista que conducía
su auto detrás de la combi del Potro. Su relato sorprendió
a la audiencia porque fue opuesto a los cuatro que había dado durante
la instrucción. Esta nueva versión es distinta a la de las
fans que llevaba en su auto, pero además beneficia la posición
de Pesquera.
Rodolfo Antonio Villegas es taxista. En la madrugada del 24 de junio del
año pasado conducía su auto detrás de la Ford Explorer
de Rodrigo. Con él viajaban otras dos personas: Liliana Beatriz
López y Natalia Lourdes Varela Unruh, dos fans del cantante cordobés.
Todos ellos se presentaron ayer frente al tribunal.
Para Villegas no existió ninguna “mala maniobra” en la
ruta que haya complicado el avance de la combi de Rodrigo sobre la autopista
La PlataBuenos Aires. A la combi, dijo, se le habría “reventado
un neumático trasero”. Después de esa explosión,
observó un “humo blanco” y, enseguida, el zigzagueo de
la camioneta de Rodrigo que terminó con una maniobra contra el
guardarrail. Para el taxista, aunque la camioneta de Pesquera no hubiese
estado ahí, “lo mismo Rodrigo se hubiese muerto”, dijo.
Estas palabras levantaron la furia entre los ocho abogados de la querella
y de la fiscal Cristina Díaz, que el miércoles, cuando comenzó
el juicio pidió el cambio de carátula por homicidio simple
(ver aparte).
La de ayer no fue la primera declaración de Villegas. Su testimonio
aparece cuatro veces en la causa, pero ninguna de las declaraciones coincide
con esta nueva versión. El relato que dio ahora es opuesto a los
anteriores y beneficia la posición de Pesquera. “Su relato
coincide prácticamente con lo que sostenemos nosotros”, decía
su defensor Fernando Burlando.
La fiscal Cristina Díaz pidió su procesamiento por falso
testimonio, planteo que fue superado por la querella. Gustavo Romano Duffau
le sumó al falso testimonio un pedido de detención que fue
desestimado por el juez.
La declaración del taxista desató la tormenta en la sala
de audiencias. Gregorio Dalbón, patrocinante de una de las víctimas,
fue reprendido duramente por el juez Ariel González Eliçabe
por sus “interrupciones constantes al testigo”. A esa acusación,
Dalbón replicó con una amenaza de recusación porque
“no deja ejercer mis derechos constitucionales”, dijo. El punto
final lo impuso Eliçabe: todavía enfurecido, ordenó
un cuarto intermedio para analizar una sanción contra el abogado.
En medio de esta guerra quedó el taxista: debió recomenzar
su relato hora y media más tarde.
–Usted dice que un neumático reventó –indagó
Roberto Damboriana, uno de los querellantes–: dijo que salió
humo ¿de dónde?
–De la parte delantera de la combi –respondió el taxista.
–Si era de noche y estaba nublado ¿cómo puede precisar
a cien metros de distancia de qué cubierta sale humo?
La fiscalía no aceptó ninguno de sus detalles. Más
tarde, la fiscal testeó cada punto de su declaración frente
a Liliana López, la fan de 23 años que viajaba sentada al
lado de Villegas. Su relato fue el primero que dejó clara la hipótesis
del encierro de la Blazer sobre Rodrigo: “Cuando Rodrigo quería
pasarlo por izquierda –dijo la chica–, la combi se le iba a
la izquierda, cuando quería pasarlo por la derecha la combi se
fue para la derecha”. Esa maniobra, explicó, se repitió
cuatro veces. La joven se presentó como “admiradora”
de Rodrigo. Esa noche no tenía plata para presenciar el show de
Rodrigo en Escándalo. Fue Villegas -contó– quien luego
la llevó. Liliana aseguró que cuando aquella maniobra fatal
comenzó, el taxista gritó “lo encerró, lo encerró”.
Villegas nunca reconoció ese hecho y por eso estaría previsto
un careo con la testigo.
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El paso por el
peaje
Por A.D.
La estrategia del conductor fantasma parece hacerse añicos.
La defensa de Alfredo Pesquera, el dueño de la combi blanca
polarizada, hasta ahora aseguraba que no había pruebas que
determinen que el empresario conducía el vehículo
que se cruzó en el camino con Rodrigo. Ayer apareció
el primer testigo que esa noche vio la cara de Pesquera: es un empleado
del peaje. Frente a los jueces reconoció al empresario como
la persona que le avisó del accidente.
Víctor Hugo Gómez había hecho un identikit
con la figura del dueño de la Blazer blanca poco después
del accidente. Ayer lo ratificó y comprobó que era
la misma persona que tenía sentada enfrente, en el banquillo
de acusados. La presentación derrumba la estrategia de la
defensa. Aun así, para Fernando Burlando, el abogado de Pesquera,
esto no confirma que su defendido haya estado al mando del volante.
Esa prueba es vital para la fiscal, María Cristina Díaz.
La fiscal necesita probar la participación porque considera
el cruce “mucho más grave que un accidente: los testigos
son contundentes. Hubo encierro y premeditación en la provocación”,
le dijo a este diario.
–A lo largo del juicio usted indagó en varias oportunidades
sobre las amenazas que habría recibido Rodrigo.
–Los damnificados tiran algo más: creen en la hipótesis
del atentado pero yo hasta ahora no tengo nada más que lo
que dicen ellos. Hubo amenazas, pero el asunto es ligar a Pesquera.
No sé si Pesquera tiene relación. No tenemos la conexión
de las discográficas con el procesado.
La conexión se rastreó ayer frente a José Luis
Gozalo, el manager de Rodrigo. La madre del cantante había
declarado que después del accidente Gozalo le dijo: “En
todo esto está la mano de los Kiroski”, los dueños
de la compañía discográfica para quienes trabajaba
Rodrigo. Gozalo negó esa versión. La noche del accidente,
antes de despedirse del músico, el manager le había
dicho que tuviera cuidado en la ruta. Cuando le preguntaron sobre
este punto, sólo respondió que fue porque la autopista
“es una boca de lobo”.
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UN
PROYECTO OFICIAL PARA AMPLIAR LA PROBATION
Blanqueando el uso judicial
La polémica la desató
un proyecto de ley de modificación a la probation, enviado por
el Ministerio de Justicia. Hasta ahora, el método suspende el juicio
cuando el delito es menor a tres años, obligando al condenado a
realizar trabajos comunitarios. El proyecto propone que la aplicación
se amplíe a delitos de hasta 6 años, pero con condena menor
de tres. En la práctica, los jueces siguen dos criterios: unos
conceden la probation cuando el delito es menor a 3 años; otros,
usando el criterio amplio, cuando el rango de condena del delito es, por
ejemplo, de 2 a 6 pero la condena no supera los 3. Ayer, Jorge Casanovas,
ex ministro de Justicia bonaerense, inició su campaña como
diputado un mes antes de asumir clamando, una vez más, por mano
dura. Esta vez, contra el proyecto, asegurando que violadores, asesinos
y asaltantes tendrán en la probation un perdón, jamás
divino. Olvidó citar que cuando juez, en un fallo de Casación,
votó por aplicar la probation utilizando el criterio amplio que
ahora cuestiona.
El proyecto fue presentado con la firma del ministro de Justicia, Jorge
de la Rúa. La propuesta modifica el artículo 76 del Código
Penal, que trata sobre la suspensión del juicio a prueba más
conocido como probation. Por la mañana, Casanovas y el séquito
de la mano dura salió a golpear el proyecto aduciendo que “violadores,
asesinos, asaltantes a mano armada, a partir de ahora saldrán libres”.
En realidad lo que sacó de quicio a los duros fue el artículo
7º del proyecto que textualmente dice: “El imputado por delitos
reprimidos con pena de hasta seis años podrá solicitar la
suspensión de la persecución penal a prueba cuando pudiere
corresponderle condena de ejecución condicional”.
Hasta la fecha, los jueces aplican la probation en delitos con condenas
menores a tres años. Otros utilizan el criterio amplio: la aplican
cuando pese a que el delito pueda alcanzar un máximo de condena
superior a los tres años, el juez determina que la condena será
inferior a esa suma. El proyecto sólo unificó los criterios
utilizados hasta ahora, incluyendo el del criterioso Jorge Casanovas.
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