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Por Eduardo Tagliaferro
 Las diputadas Elisa Carrió
y Graciela Ocaña reclamaron al ministro de Justicia, Jorge de la
Rúa, que en su condición de representante del Estado, querellante
en la causa por la venta ilegal de armas, “instrumente los actos
procesales de apartamiento de los jueces de la Corte Suprema, Julio Nazareno
y Adolfo Vázquez, por mantener amistad íntima y frecuente
de trato con varios de los implicados en la causa, entre ellos Carlos
Menem y Emir Yoma”.
La nota que las legisladoras le hicieron llegar a De la Rúa sostiene
que “si el Estado nacional renunciara al ejercicio de las facultades
que le competen en el Código Procesal Penal, sería parte
de un régimen de complicidad por silencio, que podría derivar
en el dictado de un acto jurisdiccional beneficioso para los encausados,
dictado por amigos íntimos que pondría en cuestión
el sistema republicano de gobierno”.
Carrió y Ocaña adjuntaron su presentación ante la
Corte Suprema y la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans que busca
esclarecer si los integrantes del alto tribunal no incurrieron en alguna
figura delictiva por no haberse excusado.
En la causa por la venta ilegal de armas, el Estado nacional es querellante
desde el comienzo de las actuaciones. Así lo determinó el
decreto 497/96. En él, Carlos Menem le encargó el seguimiento
del expediente al entonces procurador del Tesoro, Rodolfo “Chango”
Díaz. Por el decreto 1116/2000, el gobierno de Fernando de la Rúa
puso la responsabilidad de la querella bajo la jurisdicción del
Ministerio de Justicia.
La nota entregada ayer al ministro pone al Gobierno ante la alternativa
de definirse públicamente sobre una causa en la que ha evitado
por todos los medios dar una opinión. Claro que en privado buscaron,
a través de distintos interlocutores –entre ellos el titular
de la SIDE, Carlos Becerra–, una salida judicial que no complicara
a Menem. De instruir a los abogados Héctor Navarro y Norberto Bizarro
para que se sumen a la presentación hecha por las diputadas del
ARI, rompería lanzas con la Corte, en momentos en que el tribunal
tiene que resolver la presentación hecha por los gobernadores provinciales
con respecto al régimen de coparticipación federal de impuestos.
Tema que desvela al Gobierno.
Según las legisladoras, de no tener en cuenta la presentación
de las diputadas ni la denuncia de Monner Sans, el Gobierno daría
argumentos a quienes desde un primer momento sospecharon de la existencia
de un “pacto de impunidad”. Carrió y Ocaña la
definieron: “Complicidad por silencio”.
En la Corte se trabaja a marcha forzada sobre el recurso que resolverá
la situación procesal de Emir Yoma. Los ministros del máximo
tribunal pidieron a un juez de instrucción una pericia psiquiátrica
realizada a Lourdes Di Natale en una querella que le promovieron en su
momento Emir y Mariano Cúneo Libarona. Sin bien allí se
afirma que la ex secretaria de Emir “no es fabuladora”, el examen
psiquiátrico dejaría algunos resquicios. Si los cortesanos
desacreditan el testimonio de Di Natale y rechazan la confesión
de Sarlenga, compartiendo los argumentos del procurador general de la
Nación, Nicolás Becerra, y de la defensa de Emir, podrán
construir una teoría que dé por tierra con la figura de
la asociación ilícita y liberar a Emir.
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Seis millones inquietantes
El último embarque con armamento argentino hacia Croacia
partió el 2 de febrero del ‘95. En las ventas de armas,
los pagos suelen hacerse por adelantado. Por eso llamó la
atención a quienes siguen de cerca las investigaciones, la
existencia, en las planillas entregadas ayer a la Justicia por los
diputados Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez,
de unos seis millones girados por la firma croata R.H. Alan a las
cuentas de Palleros en Exterbanca con posterioridad a esa fecha.
Las víctimas por la explosión de la fábrica
militar de Río Tercero, de la que hoy se cumplen seis años,
tienen entre sus muchas hipótesis que las cifras corresponderían
a adelantos por ventas imposibles de concretar. Esos seis millones
parecen validarla. Ana Gritti, cuyo marido falleció el día
de la explosión, sostiene que para “el día 11
de ese mes se esperaba la visita de compradores de armas”.
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LA
CAMARA FEDERAL REVOCO UN FALLO EN ROSARIO
Galtieri tendrá que declarar
El dictador Leopoldo Fortunato
Galtieri deberá presentarse ante la Justicia santafesina para responder
por la desaparición de Alejandro Pastorini, un médico psiquiatra
secuestrado en la madrugada del 7 de agosto de 1976 en Rosario. La citación
de Galtieri fue ordenada por la Cámara Federal de esa ciudad al
revocar una decisión del juez Carlos Carrillo, quien había
resuelto que tanto el dictador como el general Genaro Díaz Bessone
y el coronel Juan Rolón declararan en un tribunal que tuviera jurisdicción
en sus domicilios.
El fallo del Tribunal integrado por los camaristas Edgardo Bello, Hugo
del Pozo y Héctor Tripicchio, le dio la razón a la apelación
presentada por los abogados patrocinantes de Nora Pastorini, hija del
desaparecido, y de Cristina Romanini, la pareja de Pastorini.
La abogada de la APDH, Matilde Bruera, expresó que “los testigos
siempre deben declarar en el juicio y únicamente se hace por exhorto
cuando la persona tiene algún tipo de impedimentos para trasladarse,
algo que no ocurre en este caso. La decisión del juez Carrillo
desvirtuó el fundamento en el que se apoyan los juicios por la
verdad: el armado del más cruento rompecabezas creado por los ejecutores
de la represión ilegal durante los años de la dictadura
militar”.
Al momento de la desaparición de Pastorini, Díaz Bessone
era el jefe del II Cuerpo de Ejército. Galtieri lo sucedió
en octubre de 1976, por lo tanto el psiquiatra pudo haber estado detenido
bajo la responsabilidad de ambos militares. Rolón era miembro del
destacamento de Inteligencia del Ejército en Santa Fe.
En los próximos días la Cámara remitirá el
expediente al juzgado de Carrillo, que deberá fijar la fecha de
las correspondientes citaciones. Galtieri ya declaró en Santa Fe
en la causa en la que se investigaba la supresión de identidad
de María Carolina Guallane, secuestrada en 1977 cuando era una
beba. “No recuerdo absolutamente nada. Era un cúmulo de hechos
que se sucedían en el país y en la zona del II Cuerpo de
Ejército”, dijo en esa oportunidad.
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