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EL OPERATIVO EN PELIGRO POR LA REBELION DE LOS DOCENTES
El censo sumó una nueva pregunta

El Indec asegura que, si los maestros se niegan a censar, se deja sin efecto el relevamiento. Ctera decide el miércoles.

Una foto del Censo 80:
docentes con look setentista en plena tarea censal en un área rural.
Ahora, los gremios docentes dicen que no están garantizados los fondos para el pago del trabajo.

Por Alejandra Dandan

La apuesta es de alto voltaje. El Censo ahora tambalea. Para los maestros no están dadas las condiciones técnicas ni de seguridad para llevar adelante la encuesta. Ellos son más del 95 por ciento de los 450 mil encuestadores convocados. Según el Indec, sin ellos no hay Censo: “Se suspende diez años”, aseguraron fuentes del organismo a Página/12. El gremio docente bonaerense pidió la suspensión y el miércoles próximo representantes de todo el país tomarán la decisión final en el marco de un congreso nacional organizado por Ctera. El Gobierno asegura que la ausencia puede penarse con condenas que van de 15 días a un año de prisión; los docentes, en tanto, estudian la presentación de un amparo.
La medida comenzó a estudiarse hace unos días, pero se disparó cuando los maestros escucharon el anuncio del recorte del incentivo docente anunciado el jueves por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. En este contexto, el Censo se trasforma en la mejor instancia de presión contra el Gobierno: “Es una resistencia pacífica que nos permite ejercer presión sin interrumpir el ciclo lectivo”, reconoció el titular del Suteba, Hugo Yasky, en diálogo con este diario.
De los 450 mil encuestadores que trabajarán el próximo 17 y 18 de noviembre en todo el país, algo más del 95 por ciento son docentes. “Sin ellos no hay censo”, decía cada vez más intranquila la vocera del Indec, Noemí Muchnik, directora del área de Difusión del organismo. “Estaríamos tirando 57 millones de dólares –le dijo a Página/12–: porque no tenemos una estructura que nos permita a esta altura reemplazar a los casi 450 mil docentes afectados.”
Reemplazar a los maestros parece imposible. “A esta altura ni siquiera tenemos tiempo de capacitar al plantel de empleados públicos”, decía Muchnik, mientras apuraba algunos llamados en medio de un operativo de salvataje. Durante la tarde, mientras los maestros pedían la suspensión de la Censo, el Indec logró arrancarle una partida de 26 millones de dólares al Ministerio de Hacienda para adelantar el pago de los encuestadores. De acuerdo con Muchnik, ese dinero cubriría la compensación prevista para los maestros.
“Al principio nos iban a pagar 60 pesos, después dijeron 50 y ahora son 43 porque nos aplicaron la reducción del 13 por ciento”, detallaba Yasky, secretario general de Suteba, sobre el compensatorio previsto para los dos días de tarea en zonas urbanos. Ese dinero, que alcanzará los 50 pesos para quienes trabajen en las áreas rurales, no está garantizado. A pesar del depósito hecho por Hacienda, los maestros quieren cobrarlo antes del Censo. Pero ni siquiera así la discusión estará saldada. El miércoles pasado, delegados de todo el país se reunieron en un plenario para analizar la situación de los maestros frente al Censo: “No están garantizadas las medida de seguridad ni el acceso a las vastas zonas inundadas: mandan a los docentes sin trasporte y en lugares donde desde hace meses muchos ni siquiera están cobrando los sueldos”, explicaba, intentando describir el estado de “mucha bronca” entre sus compañeros, Clelia Lavini, secretaria adjunta de Ctera.
El descontento suma críticas al diseño del cuestionario. “Las encuestas excluyen el trabajo infantil y la maternidad precoz porque deja fuera de la entrevista a los menores de 14 años”, sigue Lavini. De acuerdo con Muchnik, todo el diseño se estudió y consensuó con el gremio cuando comenzó el trabajo de capacitación que ahora está finalizando.

 

Qué, quién, dónde, cómo

0-800 censo: Por día, el Indec recibe unas 600 llamadas en la línea dispuesta para las consultas. El 0-800-999-23670 atiende de lunes a viernes de 9.30 a 17.30. Hasta ahora, de acuerdo con estadísticas propias, las preguntas más frecuentes fueron de desempleados: querían saber cómo convertirse en encuestadores rentados durante los días del censo.
Feriado: El sábado 17 será por ley peor que un feriado. Desde las 8 de la mañana hasta las 20 no habrá comercios abiertos. Esta medida regirá también el domingo, pero hasta las 13. Las farmacias y el transporte público –igual que el servicio de taxis y de remises– funcionarán con guardias de emergencia como las organizadas durante un feriado.
Salir: Responder al Censo es obligatorio. El Indec recomienda la permanencia de todos los miembros del hogar en sus casas hasta que pase el encuestador. Si alguno falta, otro puede responder en su lugar.
La maestra llama dos veces: Los encuestadores están obligados a regresar a los hogares donde no encontraron a nadie hasta el domingo.
Multas: No habrá multas ni penas para quienes no estén esos días en sus casas, excepto si el desacato es masivo: “No quiero hablar de multas ni de leyes pero si la omisión es alta habrá sanciones porque no podemos permitir que se malgaste el dinero del Estado”, explicó Noemí Mutchinik, directora de difusión del Indec.
Inundados: El Indec analiza la posibilidad de postergar el censo en las zonas inundadas del interior bonaerense. Esta medida no contempla a los casi siete mil evacuados y autoevacuados que serán entrevistados en los lugares donde están residiendo.

 

AUMENTO A 70 LA MAXIMA EN ALCORTA Y LIBERTADOR
Con permiso para acelerar

Durante 90 días por lo menos, aquellos que transiten por ciertos tramos de las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador podrán hacerlo a 70 kilómetros por hora como máximo. La medida, puesta en marcha ayer por el gobierno porteño, se realiza en forma experimental y puede prorrogarse por otros tres meses.
La prueba abarca la avenida Figueroa Alcorta desde Pueyrredón hasta Ortiz de Ocampo, también desde Casares hasta 100 metros antes del puente del ex ramal Mitre y desde la calle Dorrego hasta La Pampa. En tanto, sobre Avenida Del Libertador el aumento de velocidad corre para el tramo desde Olleros hasta Pueyrredón.
El subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Horacio Blot, comentó a Página/12 que en el primer día de la iniciativa “el tránsito no varió respecto a otros días ya que convalidamos la situación existente”. Además, explicó que “la mayoría de los automovilistas circulaba a más de 60 kilómetros por hora (el límite anterior)” y consideró que en estas avenidas casi no hay transporte comercial y tienen muchos carriles y una buena señalización luminosa, lo que las hace aptas para esta prueba.
Sin embargo, el director del Instituto Superior de Enseñanza Vial, Eduardo Bertotti, mostró sus dudas sobre el proyecto. “Esta iniciativa nos parece ridícula, además es factible que provoque una mayor cantidad de accidentes de tránsito”, sostuvo. Por otra parte, aclaró que “aumentar la velocidad requiere generar la posibilidad de mayor distancia para el frenado”, condición que no se cumple en este caso.
En este marco, Blot afirmó que “no es que incrementar la velocidad implícitamente ocasione accidentes” y destacó que se está controlando que el máximo se cumpla. Por el contrario, Bertotti cuestionó: “Si mañana muchos van a 90, ¿legitimamos lo que a la gente le parece bien o trabajamos técnicamente?”. Vencido el plazo de 90 días, si no se renueva, se elevará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un informe con los resultados de esta prueba para que decida si esta medida se convierte en norma definitiva.

 

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