Por Horacio Verbitsky

Luego de la derrota en los comicios del 14 de octubre, el presidente Fernando de la Rúa dijo que escucharía el mensaje de las urnas. De inmediato viajó a España para intervenir en un congreso de la lengua. En el vuelo de regreso, el jueves 18, recapituló con sus más íntimos colaboradores la estrategia a seguir. Uno de ellos dijo que lo vio sereno y que transmitía un moderado optimismo. El primer paso debía ser un acuerdo político, sin el cual ningún paquete económico tendría viabilidad. De ese modo podría sostenerse la promesa de no requerir más financiamiento externo, lo cual a su vez induciría el apoyo de los organismos internacionales y de los principales gobiernos. Con ese respaldo, vendría luego la reestructuración de la deuda pública, primero con los tenedores locales, por último con los extranjeros. Ni uno solo de esos supuestos se cumplió, por lo cual los anuncios del jueves 1º carecen de soporte político y económico, nacional o internacional. Tampoco se adoptaron medidas que controlen la especulación contra las reservas en divisas y la salida de depósitos, con lo que esto no se diferencia demasiado de una explícita declaración de default, para que el mercado decida qué hacer. Las tibias palabras de simpatía de los embajadores de las siete naciones más ricas y del FMI sólo pagan el derecho a no ser culpados por el desenlace.

Súplicas atendidas

El acuerdo político al que se refería De la Rúa consistía en reemplazar la coalición que en 1999 lo llevó a la presidencia, por otra, integrada por representantes de los partidos derrotados entonces. No con ministros en el gabinete, sino con apoyo legislativo a las nuevas medidas. Apenas un semestre después de la inclusión en el gabinete de ministros de Domingo Cavallo la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, más que una denominación política es una involuntaria ironía. Sólo quedan de ella vestigios, para cuya detección se requerirían los precisos métodos de análisis del Instituto Malbrán. El único punto que salió tal como De la Rúa lo imaginaba fue la condescendencia del jefe de su partido, Raúl Alfonsín, quien atendió la súplica presidencial de no formalizar en un documento partidario la solicitud de renuncia de Cavallo hasta no conocer el nuevo paquete de medidas y medir la respuesta social. El ex presidente llegó a ponderar los anuncios como un cambio de rumbo.
Desde antes de las elecciones el jefe del gabinete de ministros Chrystian Colombo conducía la negociación política con los gobernadores de diversas provincias. Fuera de discusión la necesidad de eliminar todo déficit de las cuentas públicas y la posibilidad de distribuir las cargas de otro modo, se trataba de descargar en el interior una parte significativa del achique. Aunque estaba por quedar en minoría en ambas Cámaras del Congreso, el gobierno nacional estaba seguro de que la mayoría justicialista no ignoraría las necesidades de financiamiento de sus gobernadores, con las escasas excepciones de pequeñas provincias superavitarias, como San Luis o Santa Cruz. La próxima semana, le mostrará los dientes, aun antes de que asuman los nuevos legisladores.

Operación aritmética

El buscado acuerdo político se basaba en una operación aritmética. Las provincias cobrarían en bonos las deudas acumuladas por la Nación y aceptarían a partir de entonces transferencias mensuales inferiores a las prometidas por la Nación en el último compromiso federal. El recorte sería equivalente al 13 por ciento ya sufrido por asalariados del Estado y jubilados. A cambio, la Nación les garantizaría una negociación con los bancos, de modo que la reducción en los intereses que las provincias pagan por sus deudas fuera mayor que las transferencias nacionales queresignarían. Como era de prever, los financistas se rehusaron. Sólo están dispuestos a capitalizar la reducción de intereses, es decir, a convertirlos en nueva deuda que a su vez devengaría mayores intereses futuros.
Según el plan de batalla que De la Rúa expuso en las últimas horas de aquel vuelo, una vez sellado el acuerdo con las provincias se obtendría el apoyo estadounidense y del FMI. Cavallo pegó un portazo a los gobernadores, a los que amenazó con un tajante lo toman o lo dejan, y voló a Nueva York sin aviso y sin agenda. El Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario le dijeron con todas las letras, subrayadas con ademanes bruscos como la negativa a recibirlo, que no contara con ellos. En esas condiciones, el gobierno siguió diseñando en el papel como si nada la reestructuración de la deuda pública. El voluntarismo oficial en este rubro no tiene nada que envidiarle al de los candidatos que hicieron su campaña electoral con propuestas semejantes. Su rigor en los cálculos e imprevisión de las consecuencias, tampoco. Antes de las elecciones, el gobierno nacional había enviado al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para 2002. En él se estimaban los ahorros fruto del canje de títulos en 2.700 millones de dólares. Ahora se habla de 4.000. La danza de la fortuna, con números que giran sin ton ni son. Sólo hace falta un lápiz bien afilado. La deserción del gabinete del subsecretario de financiamiento Julio Dreizzen anticipa la respuesta de los bancos locales, y el marginamiento en la elaboración del paquete del secretario de finanzas, Daniel Marx, la de los bancos internacionales. El gobierno simula creer que esto se compensa con las declaraciones de simpatía de Alfonsín y Eduardo Duhalde.

El quántum del ajuste

Del proyecto de ley de presupuesto también se desprende que el financiamiento que requiere la Nación es de más de ocho mil millones de dólares. A esto debe agregarse el ajuste que se espera de las provincias: tres mil millones de transferencias que la Nación le retacea y otros dos mil quinientos de déficit espontáneo propio que deben reducir. Es decir que entre Nación y Provincias el déficit cero está a unos 14.000 millones de distancia. Este es el contexto que no puede eludirse a la hora de valorar los anuncios presidenciales del jueves. Así los bancos nacionales y extranjeros fueran amables ancianas que dejan sus dentaduras postizas dentro de un vaso con agua sobre la mesita de noche y no implacables tiburones prestos a atacar en cuanto huelen sangre, la reducción anunciada de 4.000 millones de dólares en la cuenta de intereses para 2002 dejaría en pie casi dos tercios del ajuste necesario. Los números reales podrían ser incluso peores, ya que, a los efectos de no incluir el recorte salarial y jubilatorio en el presupuesto enviado al Congreso en plena campaña electoral, el gobierno nacional incluyó un incremento equivalente de la recaudación, que sólo sería obtenible si la economía creciera un 6 por ciento en el año, lo cual constituye un supuesto sin pies ni cabeza. El propio Memorando de Política Económica elevado por Economía al FMI confiesa que los ingresos fiscales de 2002 no superarán los de este año y estima un crecimiento nunca superior al 2,5 por ciento. A cada interlocutor se le dice lo que quiere escuchar en cada momento. Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo, y la economía es reacia a los dibujos manipulatorios.
Si todo saliera tan maravillosamente bien como anuncian De la Rúa y Cavallo, en vez de ajustar catorce mil millones en 2002, sólo habría que ajustar diez mil. Esto implicaría por supuesto mantener la rebaja jubilatoria y salarial del 13 por ciento (unos tres mil millones al año), y efectuar un ajuste adicional de más de siete mil millones. El ministerio de Economía ya ha definido posibles recortes por unos cinco mil millones.El cuadro reproduce algunas de las previsiones de la Dirección de Programación Fiscal.
Hay además, un problema adicional que ni el gobierno ni la oposición abordan. El saldo negativo en divisas en la cuenta corriente del balance de pagos indica que no basta con suprimir el déficit fiscal. Además es necesario que la economía genere los dólares necesarios que, comprados con los pesos del superávit primario, permitan afrontar los servicios de la deuda pública, que deben pagarse en dólares, no en pesos. Esto explica el desdén de los acreedores por el ofrecimiento de garantizar el pago con la recaudación impositiva. Es decir con pesos, que ya están reservados para el mismo fin por la ley de déficit cero. La idea de que habrá 4.000 millones disponibles para oxigenar la política social, oscila entre la ingenua expresión de deseos y el cínico engaño, según quien sea que la difunda. Eso permite poner en duda la retórica oficial reactivadora. Sólola deflación, por la que Cavallo clamó desde el bautismo de la convertibilidad, en 1991, permite con el actual esquema obtener por el saldo del comercio exterior los dólares que nadie está dispuesto a prestarle a la Argentina.

Como el 82 y el 85

Ninguna de las medidas anunciadas tiende a contrarrestar la distribución regresiva del ingreso que ha dejado catatónico al mercado interno de bienes de demanda masiva, en un contexto en el que el argentino más rico de cada diez se apropia de casi la mitad del ingreso total. Como en 1982, cuando pasó en forma fugaz por la presidencia del Banco Central durante la dictadura militar, o como en 1995 bajo la presidencia de Carlos Menem, Cavallo ha puesto en marcha un mecanismo por el cual el conjunto de la sociedad deberá sacrificarse para mejorar la rentabilidad de las empresas. La primera vez se trató de la socialización de la deuda privada. La segunda, de la supresión de los aportes patronales, con el argumento de que así mejorarían la competitividad de la economía y el empleo. Ahora el socio bobo que sigue siendo el Estado deberá asumir los pasivos empresariales, tal como había adelantado el vidente Franco Macri. Aún no se conoce ni la magnitud del clavo ni los mecanismos exactos por los cuales deberá ser absorbido por la sociedad, dada la ostensible improvisación del paquete anunciado. Pero es ostensible que hacia allí se canalizará cualquier merma que se consiga en la factura financiera. La incoherencia entre ambas medidas sugiere que el conflicto entre dolarizadores y devaluadores dista de haber sido resuelto y que la débil capacidad de arbitraje del Estado es una invitación para que sean las diferencias de poder en el mercado las que, una vez más, tengan la última palabra, siempre a expensas del salario.

El palacio de la risa

Las denominadas medidas distributivas y reactivadoras son risibles. El incremento salarial indirecto por la reducción de aportes previsionales sólo comprende a los asalariados que tienen un empleo fomal, que apenas son el 30 por ciento de la Población Económicamente Activa. Para ellos y sólo para ellos, la medida consiste en una renuncia a una parte del futuro ingreso jubilatorio, a cambio de mayor consumo presente, sin sacrificio alguno por parte de las administradoras de esos fondos de la desproporcionada comisión que cobran. Desde el punto de vista de la demanda global, en la mejor de las hipótesis esto volcaría al consumo 2.400 millones de pesos al año, es decir 500 menos de los que sustrae el 13 por ciento de reducción salarial y jubilatoria, que se mantendrá el año próximo. Es también dudoso que la disminución del IVA para las compras realizadas con tarjeta tenga algún efecto reactivador perceptible. De hecho, hace por lo menos dos años que los precios están constreñidos por la deflación y el consumo sigue cayendo. El objetivo complementario es detener la caída en la recaudación por el blanqueo que implican las compras con tarjeta y su resultado tampoco es seguro. Ni el 3 ni el 5 por ciento de esa rebaja, que se aplicará en el limitado circuito plástico parecen demasiado atractivos frente a las reducciones de hasta el 10 por ciento que en aplicación de la ley de la calle premian el desinterés por la factura.
La asignación universal de 30 pesos por hijo menor de 14 años, parece inspirada a primera vista en el salario de ciudadanía que el Frente Nacional contra la Pobreza someterá a consulta popular en diciembre. Sólo a primera vista. El golpe de efecto de la supérstite Patricia Bullrich encubre un pase de manos que apenas producirá un mínimo goteo desde las capas medias hacia las más pobres, como de costumbre sin tocar a la cúpula. La alquimia oficial conseguirá de este modo reducir en unos 600millones anuales el gasto social, sin mejoras para ningún sector. Los trabajadores con empleo formal verán reducida su asignación por hijo, de 40 a 30 pesos mensuales, y aquellos en los que el grupo familiar tenga un ingreso superior a 1.000 pesos mensuales, directamente la perderán. Los más postergados recibirán un ingreso que hoy no tienen, pero que de todos modos no les permitirá emerger ni siquiera por encima de la línea estadística de indigencia. Muchos de ellos perderán a cambio otros programas con que se ayudan a subsistir. El promedio de hijos de ese sector es de tres y medio por familia, es decir 105 pesos mensuales según la nueva asignación, cuando el más modesto de los planes de empleo que ahora se eliminan era de 120 pesos. La prometida asignación de 150 pesos mensuales a cada anciano a partir de los 75 años es, lisa y llanamente, humor negro: la expectativa de vida en la Argentina es de 72 años.

No mentirás

Por H.V.

La semana pasada, María Hebe Pastor de Bonafini dijo en un reportaje que “además de ser judío, Verbitsky es totalmente pronorteamericano”. Esa misma noche, denunció “la burda maniobra de hacernos aparecer como antisemitas”. Según ese texto, no me criticó por ser judío sino “agente norteamericano”. También dijo que su declaración había sido falsificada y que la revista 3puntos publicó algo que ella no había dicho. En mi columna del domingo 28 de octubre ofrecí a quien tuviera interés la grabación de la entrevista, que demuestra la fidelidad de lo publicado y la falsedad de la desmentida.
El lunes 29 advirtió que no podía seguir negando sus palabras y trató de explicarlas. “Yo dije que él es una persona que como judío aprobaba las matanzas de Palestina”, dijo, en una entrevista radial con el periodista Nelson Castro.
–Alusiones a la calidad de judío, en un país que tiene la historia que tiene –objetó Castro.
–Yo lo que hablé es que como judío, él aprobaba la matanza de Palestina –insistió.
–Sabe que no es así –insistió Castro.
–A mí me pueden decir gallega y saben que no me voy a ofender -concluyó ella.
Yo tampoco estoy ofendido. Estoy indignado y entristecido, por esta alevosa segunda mentira a la que acudió cuando no pudo seguir sosteniendo la primera. Otro periodista, Adrián Paenza, me preguntó cuál era mi posición ante el conflicto de Medio Oriente. Le sugerí que dirigiera la pregunta al embajador de Palestina en nuestro país, Suhail Hani Daher Akel, cuya respuesta se reproduce con membrete y sello en esta página. “Guardamos por el señor Verbitsky el mayor de los respetos y rescatamos de él su permanente solidaridad hacia nuestro pueblo de Palestina y su derecho a la autodeterminación”, dice Akel, quien nació en Jerusalén y fue expulsado con su familia por el terror israelí. Antonio Gramsci escribió que la verdad es revolucionaria. Los respectivos antónimos también van de la mano.
El mismo lunes 29, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fijaron sus diferencias con el grupo Bonafini-Shocklender. Reivindicaron “la militancia, ideales y solidaridad de nuestros hijos detenidosdesaparecidos” y dijeron que “nuestra exigencia es la justicia, no la venganza, no la guerra, no el terrorismo”. La declaración condena “el ataque terrorista del que fueron víctimas ciudadanos estadounidenses y de otros países el 11 de septiembre” pero también “la política del gobierno de Estados Unidos, que inicia una guerra contra Afganistán involucrando a los países occidentales contra un pueblo inerme, hambriento y castigado desde hace años”. Las Madres de Plaza de Mayo también rechazaron “enérgicamente la expresión de alegría de Hebe de Bonafini, ante el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York” y sus expresiones “para con periodistas, políticos, gobernantes, miembros de distintas iglesias y aún de integrantes de organismos de derechos humanos, que siguen en la lucha por la verdad y la justicia”, con métodos distintos a los de ella. Agregaron que el pueblo “sufre una exclusión social indescriptible, que sólo será saldada con la vigencia plena de los derechos humanos, civiles, sociales, económicos, culturales y de los pueblos” y consideraron “profundamente dolorosa la expresión antisemita, judío, usada por Bonafini”. Por último rechazaron “con todas nuestras fuerzas que se identifique a quienes ejecutaron el demencial acto terrorista con la lucha y objetivos por los que ofrendaron su vida nuestros hijos detenidosdesaparecidos” y postularon que “sea la justicia internacional la que actúe en ese crucial momento en que peligra la paz mundial”.
También respondió uno de muchos docentes que renunciaron a raíz de los festejos por los atentados, el director de la revista “Debate marxista”, Rolando Astarita. La señora Pastor de Bonafini había minimizado el impacto de las renuncias aduciendo que se trataba de “cobardes que trabajan para la Universidad Nacional de Buenos Aires” y “sirvientes de los radicales”. Astarita sostiene que ante el trato dispensado a quienes “hasta hace horas éramos considerados valiosos colaboradores, cualquier persona con un mínimo de lógica se preguntará: ¿qué hará esta gente si llega al gobierno? ¿qué tipo de sociedad, de cultura, de régimen político está dispuesta a establecer?”. Añade que “la cuestión adquiere, sin embargo, una gravedad inusitada ante el también inusitado calificativo en boca de alguien que se reclama de izquierda de ‘judío’ a un adversario. No hay posibilidad ni siquiera de establecer un diálogo mínimamente civilizado cuando las cosas se ponen en este plano. Más aún, hay que preguntarse ¿cómo puede organizarse una carrera de Derechos Humanos cuando aparece la más retrógrada de las expresiones discriminatorias, como es el antisemitismo, en boca de la más alta autoridad de la Universidad? Es necesario responder a esta cuestión. Es necesario extirpar todo vestigio de la lacra del antisemitismo que dicho sea de paso, también fue utilizado en los períodos más negros del régimen stalinista. Dejo apuntado, además, que a partir de estas afirmaciones adquiere una nueva significación la caracterización de las autoridades de la UPMPM de ‘revolucionario’ a Bin Laden, sin importarles el régimen político que defiende. Expresa, por lo menos, un profundo menosprecio por todo lo atinente al proyecto de sociedad que postulamos los socialistas frente a la barbarie del capitalismo globalizado”.

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