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Por Felipe Yapur
 Sobre la mesa hay tres cajas
de cigarrillos vacías que no logran tapar una decena de carpetas
a las que le sobran decenas de papeles. Al lado hay una docena de traqueteadas
cajas azules de plástico que fueron abiertas innumerable cantidad
de veces. En un cuarto contiguo, dos colaboradores tipian sin descanso
en sendas computadoras. Y finalmente, sentada en un sofá y rodeada
de otras tantas pilas de documentos, está Elisa Carrió,
la titular de la comisión investigadora sobre lavado de dinero,
que se apresta a presentar el próximo viernes el informe final.
Fuma mientras lee una copia del decreto de las últimas medidas
económicas. Cuando llega Página/12 levanta la mirada, saluda
y dispara: “Estamos frente a una verdadero asalto al Estado que implica
la estatización indirecta de la deuda privada”. Tras un corto
silencio, dice: “El plan de Cavallo es una garantía de impunidad
a través del blanqueo de capitales”.
–Ante la reestructuración de la deuda, no puedo estar en desacuerdo
-dice Carrió–. Pero hay que ser claro: carece de respaldo
internacional.
–¿A pesar de que el FMI y el G7 dijeron que estaban de acuerdo?
–Sólo fueron expresiones de voluntad y nada más. Lo
que no se dice es que estamos frente a un default al que no se lo quiere
llamar así. Pero sí debo advertir que es una maniobra extremadamente
peligrosa. Pero lo más peligroso es el jubileo de deudas.
–¿La cesión de acciones al Estado a cambio de cancelar
deudas?
–Sí, y es la más grave. Esto debe ser debatido por
el Parlamento porque este decreto de necesidad y urgencia esconde una
indirecta estatización de la deuda privada de los sectores que
se beneficiaron con el régimen de los últimos diez años,
que fugaron dinero y que están altamente endeudados.
–Para eso deben modificar leyes.
–Y la hacen. Es la modificación del artículo 823 del
Código Civil con carácter permanente. Acá se muestra
la clara perversidad del proyecto de (Horacio Tomás) Liendo. Y
es que se puede cancelar cualquier tipo de deuda, pasada, presente o futura
con la simple entrega de sus acciones. Con lo cual el beneficio para Macri
en el Correo o para Eurnekian en Aeropuertos 2000 está claro. Y
habrá que sumar varios apellidos como es el caso del Grupo Yoma
o Gualtieri en el Banco Nación. Esto forma parte de una estatización
indirecta de la deuda privada argentina, de los grandes empresarios que
también participaron de la que se hizo en 1982, y de los beneficiarios
y socios del régimen menemista.
–El gobierno dice que el plan tiende a beneficiar al sector productivo.
–No es así. Para mí tiene nombre y apellido. Porque
un productor o una Pyme tendrá que conformar una sociedad anónima
para acogerse a esta norma. Esto está dirigido a quienes fugaron
el dinero porque se les permite repatriarlos sin preguntar nada. Se promueve
el blanqueo, la licuación de pasivos y la estatización con
mecanismos parecidos al ‘82. Pero lo que más preocupa es la
aceptación de la clase política.
–La mayoría apoyó la refinanciación de la deuda.
–Sí. Y yo acuso al silencio de la clase política sobre
la estatización de la deuda privada. Este es el pacto de complicidad
que venimos investigando en la comisión antilavado. Si este silencio
y el aval es posible, es sólo por las contribuciones a los partidos
políticos de estos mismos empresarios. No puedo entender el silencio
ante la entrega de los intereses de la Nación. No puedo entender
cómo los argentinos volverán a pagar las deudas que estos
señores tienen con el Estado. Y el sello de impunidad de toda esta
maniobra está en que todas las medidas cautelares pueden ser recurridas
directamente a la Corte Suprema, que es casi el reconocimiento de que
habría un acuerdo político con la Corte para rechazar todas
estas medidas cautelares que se puedan interponer contra el planteo establecido.
Lo que no queda claro es si esto implica también laimpunidad no
sólo a las medidas del gobierno, sino también a algunos
sectores políticos que están siendo investigados por asociación
ilícita.
–Si hay complicidad de la Corte, ¿sucederá lo mismo
en el Congreso?
–Habrá que ver, porque también esto es una apelación
a la conciencia. Yo quiero saber si todos los diputados representan a
su pueblo o apuestan a la impunidad de la licuación final de los
pasivos de los que se robaron el país. Pero si la Corte avala todo
esto, hay que entender que la mayoría automática no respondía
sólo al menemismo sino en realidad al régimen.
–De lo que dice se desprende que el denominador común es Cavallo.
–Es el mismo personaje que estuvo en la estatización del ‘82,
en el blanqueo de capitales del ‘92 con el plan Brady que sirvió
para entregar empresas públicas a cambio de bonos que valían
dos pesos. Ahora busca licuar pasivos de los que hicieron los negocios
estos años y que fugaron millones por fuera del sistema legal.
Cavallo siempre estuvo, con los militares y en la democracia. Habrá
que ver es si la democracia funciona igual que la dictadura.
–El viernes la comisión antilavado presentará su informe
final. ¿Estos temas, estos nombres, estarán en dicho informe?
–Lo vamos a presentar, pero vamos a continuar porque muchos de los
bancos investigados son aportantes de la fundación Mediterránea.
Es obvio que Cavallo fue un actor principal para torpedear a la comisión.
Pero él no es el problema. Acá están avalando Duhalde,
Alfonsín, Ibarra, los gobernadores. Acá, el problema no
es un ministro, es la legitimación política de un sistema.
–¿Muchos de las personas que usted nombró, estarán
en el informe final?
–En muchos casos sí. Estará Cavallo, Liendo, (Chrystian)
Colombo. Es el sistema. Todos están implicados y no me importa
el costo a pagar.
–En la comisión hay representantes de partido políticos
que usted sostiene que avalan este régimen. ¿Darán
acuerdo al informe final?
–La verdad es que lo desconozco. Lo único que nos queda es
terminar de trabajar y después seguir investigando solos.
–Algunos de esos representantes dicen que avalarán las recomendaciones.
–Me parece bien, pero nosotros los anexos los entregamos, los firmamos.
Allí están las pruebas de la matriz del Estado mafioso y
de sus cómplices.
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