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Por Gustavo Veiga
 En la AFIP avanza una investigación
para deslindar responsabilidades por el robo de información referida
a una causa judicial que involucra a Julio Grondona. Negligencia, desaprensión
o la inseguridad con que se trabaja en ese organismo del Estado pueden
haber sido las razones que contribuyeron para que desaparezcan siete computadoras
portátiles, de las cuales dos contenían numerosos datos
sobre el expediente 61.484 en que el dirigente figura como imputado por
el presunto delito de administración fraudulenta. Una alta fuente
del ente recaudador le confirmó a Página/12 que se formularon
cuatro pedidos de sumario interno para desentrañar estos episodios
debido a que, durante el transcurso de este año, cuatro fueron
las dependencias de la entidad oficial afectadas por los robos. Pese a
la gravedad de la situación, el funcionario aclaró que “no
se perdió la información” del expediente judicial sobre
la AFA, ya que lo que se guardaba en las notebooks figura en la denominada
“Base Fisco”, un banco de datos donde están incluidas
las personas investigadas por la AFIP.
El reconocimiento del ilícito denunciado ante el Juzgado Federal
N 4 a cargo del doctor Gabriel Cavallo prueba una de las dificultades
con que se ha topado el juez Juan José Madhjoubian, quien lleva
adelante la causa desde el 15 de junio de 2000. Aunque la documentación
cargada en las PC que fueron sustraídas de la sección Fiscalización
Externa N 3 se recuperará de la base central de información
que posee la AFIP, en el juzgado consideran que, por el atraco, se perdió
el producto de un año de labor.
En lo que va de 2001 ya son siete las computadoras que desaparecieron
de distintas dependencias del organismo que encabeza Armando Caro Figueroa.
Cinco de estos elementos de trabajo se hurtaron en el viejo edificio del
ex Banco Hipotecario, ubicado frente a la Plaza de Mayo –de ahí
que en principio se difundiera sólo esa cantidad–, uno en
la agencia santafesina que la AFIP tiene en Casilda y otro en el sector
denominado AFIP On line. En la casa matriz desaparecieron tres PC en Fiscalización
Externa N 3 y dos en Fiscalización Externa N 4. Precisamente, dos
de las notebooks que fueron robadas en el primer sitio contenían
los datos sobre Grondona y las demás personas y empresas investigadas
por Madhjoubian. El 11 de octubre pasado se envió a Fiscalización
Externa N 3 la propuesta para determinar el nombre de un inspector que
instruya el sumario interno, independientemente del camino que pueda seguir
la causa radicada en el Juzgado Federal N 4.
La ratificación de que la AFIP ya no cuenta con siete de sus computadoras
portátiles y la respectiva información que había
sidoincorporada a ellas por orden judicial induce a sacar, en principio,
dos conclusiones. La primera es que las dependencias del ente recaudador
son un campo fértil para que sucedan ciertos actos dolosos por
las precarias condiciones de seguridad. Ya lo había adelantado
este diario hace una semana: varios empleados resultaron despojados de
sus billeteras o de elementos que les proporciona la AFIP para desempeñar
sus tareas cuando no se encuentran en sus oficinas.
La segunda deducción tiene íntima relación con la
causa de Grondona. Como sólo dos de las siete PC que se evaporaron
incluían detalles de la investigación de Madhjoubian, podría
inferirse que lo acontecido en la sede central del organismo oficial no
fue obra de alguien que haya pretendido entorpecer adrede el accionar
judicial. Si no que es el resultado de hechos aislados entre sí,
que están estimulados por la vulnerada vigilancia en el antiguo
Banco Hipotecario.
De cualquier modo, aunque el juez Madhjoubian avanza a paso lento en su
propósito de desentrañar el presunto delito de administración
fraudulenta por esta dificultad que se planteó con las computadoras
de la AFIP, hay otras circunstancias que lo han demorado. Exhortos diplomáticos
no agilizados por la Cancillería, testigos que sostienen en público
lo que no reafirman bajo juramento, la ausencia de un querellante y la
propia morosidad de la Justicia que a menudo no da abasto para resolver
los expedientes que se amontonan sobre los estantes.
Cabría agregar que la AFA, como sus socios en el negocio del fútbol,
han montado una operatoria intrincada en base a contratos televisivos
sucesivos y que perduran en el tiempo hasta 2014. Descifrar este rompecabezas
también le llevó su tiempo al magistrado.
El 21 de junio del año pasado, en el salón auditorio del
Senado, se reunió la Comisión de Comunicaciones de esa Cámara
en audiencia pública. Organizaciones del deporte nacional, varios
sectores vinculados a los medios periodísticos e instituciones
de consumidores se hicieron presentes. Quienes no asistieron fueron Julio
Grondona y Carlos Avila, dos de los protagonistas clave en la causa 61.484.
Durante el desarrollo del debate, el periodista Víctor Hugo Morales,
querellado tanto por el dirigente como por el empresario periodístico,
efectuó la exposición más documentada sobre el entramado
que investiga Madhjoubian y puso especial atención en el caso de
los contratos televisivos de las actuales eliminatorias mundialistas.
“...Fueron pasando de mano en mano, al estilo de una cuidadosa jugada
de rugby, de la AFA a Torneos, de Torneos a Enequis SA, de Enequis SA
a Dayco Holding Limited, empresa ésta de nacionalidad norteamericana
cuya dirección en el país del Norte es la de una casilla
postal ubicada en Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas,
mientras que en nuestro país no posee domicilio comercial...”
tales las palabras de Víctor Hugo durante un tramo de la audiencia,
donde también expusieron el ex vicepresidente de Boca, Carlos Heller,
y el periodista Raúl Burzaco por la Asociación Argentina
de Televisión por Cable (ATVC), entre otros.
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