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Por
Maximiliano Montenegro
 A
partir de hoy, Domingo Cavallo empezará a jugar en tiempo de descuento.
Después de haber lanzado la noche del jueves el plan de reestructuración
de la deuda, el ministro sabe que el Gobierno no está para soportar
muchas jornadas más como la del viernes, cuando el “mercado”
le respondió con el riesgo país volando hasta 2500 puntos
y, peor aún, se acentuó la fuga de depósitos de grandes
fondos de inversión del sistema financiero. Por eso, en el Ministerio
de Economía creen que en los próximos días habrá
que seguir con atención tres frentes simultáneos, para evitar
que este último paquete de medidas se esfume todavía más
rápido que los anteriores. Primero, la marcha de los depósitos,
indicador clave, porque, de continuar la sangría más allá
de un mes, podría caerse en alguna de las “D” más
temibles para la gente: depósitos congelados, devaluación
o dolarización. Segundo, el acuerdo con los gobernadores, que los
acreedores reclaman como garantía de que nadie pateará el
tablero (ver aparte). Tercero, la negociación con bancos y AFJP
locales, crucial para que no se derrumbe toda la ingeniería financiera
propuesta para abaratar el costo de la deuda. Más aún, Cavallo
prepara, en secreto, un plan para frenar las presiones del establishment
financiero, que se resiste a ceder una tajada de rentabilidad.
Con los ojos bien abiertos, como es su costumbre, Cavallo “cantó
envido y truco con un dos de oro, un cuatro de copa y una sota de basto.
Ahora lo importante es que todos se vayan al mazo”, ironizó
un consultor económico, graficando con una metáfora bien
argentina la estrategia del ministro frente a bancos, AFJP e inversores
extranjeros para lograr reducir la tasa de interés que paga el
Estado a menos del 7 por ciento.
De otro modo, Cavallo anunció una reestructuración “voluntaria”
de la deuda, pero sin ofrecer las garantías suficientes para que
un acreedor que posee un bono argentino que promete pagarle el 15 por
ciento anual acepte cambiarlo por otro con el que no ganará más
del 7 por ciento. El argumento del Ministerio de Economía es que
los nuevos préstamos que se emitirán, para canjear por los
anteriores, estarán garantizados con la recaudación impositiva;
y, por lo tanto, ofrecerán mayor seguridad de cobro a sus tenedores.
Sin embargo, los acreedores consideran que la recaudación no es
garantía de nada porque está en pesos mientras que los préstamos
fueron otorgados en dólares y porque no cambia sustancialmente
lo que ofrecía la ley de déficit cero, que ya privilegiaba
el pago de intereses de la deuda por sobre los sueldos estatales y las
jubilaciones. El “mercado” esperaba que tales garantías
fueran nuevos préstamos, en dólares contantes y sonantes
otorgados por Washington, para quedar inmovilizados como aval del cumplimiento
de los vencimientos de capital e intereses de la deuda. Según el
Deutsche Bank, para llevar a cabo una operación voluntaria que
le permitiera ahorrar 4000 millones anuales en intereses, el gobierno
tendría que haber puesto sobre la mesa garantías reales
(préstamos del FMI, el Banco Mundial, o el BID) por 30.000 millones.
La asistencia financiera no llegó, pero igualmente Cavallo no dudó
en cantar “envido y truco”. Y ahora no puede haber marcha atrás:
si los acreedores se le plantan y no aceptan la propuesta, entonces el
gobierno sería declarado en “default” por las calificadoras
de riesgo internacional, el riesgo país se dispararía todavía
más y el agravamiento de la crisis financiera podría terminar
de espantar a los pequeños ahorristas que hasta ahora, a diferencia
de lo que ocurrió en agosto, no salieron a comprar masivamente
dólares ni a retirar sus depósitos bancarios por ventanilla.
Sin embargo, en los últimos días se notó una tendencia
que inquietó a más de uno en el Palacio de Hacienda: hubo
retiros importantes de depósitos de grandes empresas y fondos de
inversión extranjeros, los que hicieron saltar la tasa de préstamos
diarios entre bancos a más del 200por ciento anual. Hoy se conocerá
la información sobre los depósitos, que distribuye el Banco
Central, actualizada al jueves pasado, que reflejará claramente
la salida que vivieron con tensión hasta en los bancos extranjeros
de primera línea. Según pudo saber Página/12, el
viernes la tendencia se habría profundizado.
El primer tramo del canje se realizará con AFJP y bancos locales,
acreedores del Estado en casi 40.000 millones de dólares, entre
títulos públicos en cartera, préstamos a provincias
y préstamos directos al gobierno nacional. Es poco menos de la
mitad del total de la deuda pública. El resto está en manos
de fondos de inversión y acreedores extranjeros.
La negociación con bancos y AFJP no será sencilla, en particular
porque Economía estuvo negociando sin éxito en las últimas
semanas un acuerdo voluntario para reducir las tasas que resultara medianamente
ventajoso para el estado nacional y los provinciales. El anuncio del jueves,
de cuyos detalles no estaban enterados, no cayó nada bien en el
establishment financiero que opera en la plaza local. Y las presiones
se harán sentir en los próximos días.
Por ejemplo, el viernes último, el Banco Río (controlado
por el español Santander Central Hispano) explicó en un
informe sobre las medidas por qué la garantía de la recaudación
no luce atractiva: “A pesar de que el gobierno ofrece garantías
adicionales, la recaudación de impuestos en este contexto provee
una ayuda limitada, ya que está sujeta a los vaivenes de la economía
local y a posibles cambios futuros en la regulación”, afirmó.
Y esbozó una contrapropuesta que ruborizaría hasta al propio
equipo económico: “Si la recaudación fuese a un fondo
fiduciario manejado por una autoridad externa (¿el FMI?, ¿el
Banco Mundial?), el riesgo de pago debería caer sustancialmente”,
sostiene.
El Banco Río también calculó que aún en el
caso más exitoso de canje de deuda con bancos y AFJP locales, el
ahorro de intereses sería muy inferior al anunciado por Cavallo:
suponiendo que bancos y fondos de pensión participaran con unos
36.000 millones de dólares, “el canje local de deuda podría
proporcionar hasta 1600 millones en ahorro de intereses para el año
2002, cifra inferior a los 4000 millones anunciado por Domingo Cavallo
el jueves a la noche”, afirma. El economista jefe de otro banco de
primera línea, consultado por este diario, coincidió con
la estimación y agregó que por el segmento internacional
podría haber una cifra equivalente. Esto significa que para llegar
al ahorro presupuestario que Cavallo le vendió al presidente primero
tendrían que darse dos condiciones: una, que el canje a nivel local
fuera un éxito rotundo; dos, que lo mismo sucediera con el canje
a nivel internacional, donde los tenedores de bonos están más
atomizados y tendrán grandes incentivos para desoír la propuesta
y demandar judicialmente al Estado. Y aún así la cifra todavía
resulta inflada.
Para la negociación con bancos y AFJP Cavallo quiere poner sobre
la mesa la unánime aprobación que generó el anuncio
de la reestructuración de la deuda en toda la dirigencia política,
desde el radicalismo hasta el justicialismo, pasando por el Frepaso. Antes,
deberá cerrar algún acuerdo con los gobernadores, para mostrar
que el apoyo político no se queda sólo en palabras sino
que también puede avanzar en medidas concretas, como el recorte
de fondos de las coparticipación a las provincias, para garantizar
el cumplimiento del déficit cero. La tarea no será fácil
porque los gobernadores del justicialismo amenazan con cobrarse los fondos
automáticamente, promoviendo una ley en el Congreso que establezca
la coparticipación del impuesto al cheque, entre otras medidas
que jaquearían a la administración De la Rúa.
Consciente de que aún con respaldo político, el establishment
financiero se plantará fuerte para no resignar ganancias, Cavallo
ya amenazó veladamente a los bancos con tomar medidas más
drásticas, a travésdel Banco Central, para forzarlos a aceptar
la propuesta de Economía. “No creo que la banca local quiera
ir al default, van a aceptar”, avisó ayer en el suplemento
Cash de Página/12 Horacio Liendo, el asesor legal del Ministerio.
Lo que no avisó Liendo es lo que trasmitió a manera de trascendido
a los principales bancos: si no aceptan la propuesta, entonces el Banco
Central modificará las normas de contabilización de los
títulos públicos en los balances, que actualmente figuran
a valor de compra, para obligar a imputarlos a valor de mercado, en el
caso de que optaran por retener los viejos bonos de tasas altas. Así,
los bancos que no aceptaran la invitación de “Papito Cavallo”
–como lo calificó indignado un ejecutivo de una entidad extranjera–
deberán reconocer en sus balances pérdidas de capital multimillonarias,
ya que papeles que se compraron entre 80 y 100 hoy cotizan a menos de
la mitad. El ministro ya había anticipado parte de su jugada cuando
afirmó el jueves en el Banco Nación que los bancos tenían
los balances dibujados por incluir en los mismos, al valor nominal de
compra, títulos que rinden tasas de interés exhorbitantes.
Cavallo necesita que los bancos y AFJP firmen sin chistar la reestructuración
anunciada para después ir por los acreedores del exterior. Sigue
negociando con Washington algún préstamo adicional que sirviera
de garantía para ofrecer a cambio de una menor tasa de interés,
ya que para los fondos extranjeros la hipoteca sobre la recaudación
les resulta menos convincente todavía que a los locales.
Sin embargo, el ministro sabe que la tentación entre los acreedores
extranjeros de demandar al Estado argentino ante los tribunales de Nueva
York será tan grande que está evaluando cortar por lo sano.
Por eso, en los últimos días empezó a ver con cariño
una propuesta conversada con funcionarios del Fondo Monetario. La misma
circuló en agosto pasado en el directorio del FMI, a manera de
un “paper” que resume las experiencias de Ecuador, Pakistán,
Turquía y Rusia, países que encararon la reprogramación
de su deuda.
La propuesta apunta a abolir todas las cláusulas llamadas de “acción
colectiva” incluidas en los contratos de los bonos emitidos, que
dan a los acreedores el respaldo legal para dejar al Estado argentino
bajo una tormenta de demandas, con sentencia contraria en un plazo inferior
a los 4 meses. En concreto, quiere eliminar tres cláusulas: 1)
la que establece a los estrados de Nueva York como jurisdicción
legal para entablar los juicios. 2) La llamada de “cesación
de pagos cruzada”: implica que si el gobierno incumple la condiciones
de un bono cualquiera un acreedor sobre otro bono también puede
hacerle juicio. 3) La denominada de “aceleración”, que
supone que si el gobierno incumple un vencimiento de capital e intereses
como fue acordado a la emisión del título, entonces debe
pagar en un plazo reducido todas las cuotas de interés e interés
acumuladas hasta el vencimiento del bono.
Para poder realizar esta movida, Cavallo necesita conseguir que la mayoría
simple de los acreedores sobre los títulos emitidos estuviera de
acuerdo. Y de ahí que sea crucial cerrar el acuerdo local: el ministro
confía que con los bancos y las AFJP lograría el piso necesario
para imponer legalmente nuevas condiciones a los acreedores extranjeros.
A partir de hoy habrá nuevas pistas para saber cómo sigue
la pulseada con el establishment financiero.
TRES
DECRETOS FIRMADOS EL DOMINGO
El
holding de la AFIP
 El Presidente firmó ayer
otros tres decretos del paquete de medidas anunciado el jueves. Los tres
se refieren al funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, que conduce Armando Caro Figueroa. Establecen lo siguiente:
- Se le otorga autarquía a la AFIP, fijándole un presupuesto
equivalente al 2,75 por ciento del total de la recaudación tributaria.
“Esto pone a la AFIP fuera de cualquier recorte presupuestario, asegurándole
fondos propios para su funcionamiento”, comentó a Página/12
Caro Figueroa. Según el funcionario, también se mantendrá
la “cuenta de jerarquización del personal”, que dispone
premios en los sueldos de los empleados del organismo de acuerdo a las
mejoras en la recaudación.
- El segundo decreto establece un nuevo mecanismo de registración
laboral por parte de los empleadores y la creación de un instituto
especial encargado de la recaudación previsional. “De ahora
en más los empresarios deberán depositar en el banco el
salario bruto del trabajador, y el instituto determinará cuánto
va como aporte a la ART, cuánto a la AFJP, cuánto a la obra
social, etc.”, contó Caro Figueroa. El organismo figurará
bajo la órbita del Ministerio de Economía.
- Finalmente, se crea una Sociedad Informática del Estado, para
producir, desarrollar y vender sistemas informáticos tributarios.
“La idea es que le venda sistemas a la AFIP, pero también
puede hacerlo a terceros países”, afirmó el titular
del organismo recaudador.
Los
gobernadores esperan una llamada y que muevan las blancas
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Mientras
el Gobierno exhibe optimismo, los gobernadores esperan señales �concretas�
para pactar. Los justicialistas amenazan con una ofensiva legislativa
contra Cavallo, pero tienen el frente interno fragmentado por los
pagos a Ruckauf y De la Sota.
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Los
gobernadores están a la espera de un nuevo llamado del Ejecutivo
nacional para lograr el tan esquivo acuerdo por la coparticipación
y por las deudas que Nación tiene con las provincias. “Estamos
esperando que haya señales del Gobierno para ir a Buenos Aires
y reunirnos”, dijo a Página/12 un gobernador de la Alianza.
Pero mientras desde el oficialismo derrochan optimismo y el vocero presidencial
Juan Pablo Baylac asegura que hay “un 90 por ciento de consenso”
entre ambas partes, el PJ amenaza con una triple ofensiva parlamentaria
contra el Ejecutivo –más precisamente contra el ministro de
Economía Domingo Cavallo– para forzar un acuerdo más
beneficioso para sus distritos. Con ese telón de fondo, las negociaciones
entrarán hoy en su cuarta semana.
Hay dos trabas fundamentales para alcanzar un acuerdo. La primera es que
los gobernadores quieren que el gobierno federal también use Letras
de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) para pagar
a empleados y proveedores. “Nosotros aceptamos que nos paguen todo
lo que nos deben con LECOP, pero para valorizarlas tendría que
aceptarlas el Estado también, además de pagar así
su costo político”, razonaba otro gobernador oficialista.
Dentro de esta cuestión, queda por ver si los “gobernas”
peronistas también aceptan cobrar la deuda únicamente en
bonos.
El segundo obstáculo es que los mandatarios provinciales, tanto
los justicialistas como los oficialistas, se resignan a que a partir del
año próximo les disminuyan un 13 por ciento los fondos fijos
coparticipables, pero exigen que la rebaja en las tasas de interés
que pagan las provincias sea explícita y esté garantizada
de antemano. “La verdad es que no nos mostraron nada concreto. No
podemos arriesgarnos a que nos bajen la coparticipación sin saber
fehacientemente que vamos a pagar una tasa del 7 por ciento”, decía
el mismo gobernador.
Pese a las dudas y los obstáculos, desde el Gobierno se apuraron
a mostrarse optimistas. Baylac afirmó ayer que hay un “90
por ciento” de posibilidades de llegar a un acuerdo y atribuyó
la demora a “un plan de confrontación pensado desde los gobernadores”,
aludiendo a la dureza de los mandatarios peronistas y de algunos aliancistas
como el chaqueño Angel Rozas. El vocero presidencial reconoció
que “hay algunos aspectos, por cierto, mínimos en el conjunto
del acuerdo, pero importantes para los gobernadores, como es si el gobierno
nacional va a repartir exclusivamente LECOP o dinero en efectivo”.
Las negociaciones parecían encaminarse la última semana,
luego de que se superara la pelea entre Cavallo y los gobernadores peronistas.
No obstante, cuando se supo que la Nación le giró unos 120
millones de pesos a Buenos Aires y Córdoba, ambas gobernaciones
en manos del PJ a través de Carlos Ruckauf y José Manuel
De la Sota, todo volvió a enturbiarse. Los demás mandatarios
se sintieron traicionados, hubo fuertes enojos y el acuerdo se esfumó
nuevamente.
A partir de ese momento, el PJ activó un triple mecanismo para
presionar al Gobierno. Si hoy no se logra resolver el conflicto, mañana
será un día clave, porque hay tres proyectos en el Congreso
que le quitan el sueño al Ejecutivo y que son utilizados por los
mandatarios provinciales para presionarlo:
- El primero es el proyecto que establece la coparticipación de
la Ley del Cheque, que el PJ quiere que se trate mañana. Si se
aprobara la norma, la Nación tendría que repartir entre
las provincias lo recaudado por el impuesto, lo que trabaría la
intención de Economía de garantizar la reestructuración
de la deuda con esos fondos.
- El segundo mecanismo de presión es el proyecto de derogación
de los “superpoderes” que el mismo Congreso le otorgó
en marzo al Ejecutivo. Los bloques opositores ya fracasaron dos veces
en ese intento, pero este martes insistirán en el tratamiento.
- El tercer fantasma que agitan los gobernadores es el pedido de juicio
político contra Cavallo, por el famoso megacanje. Pese a que esa
demandala impulsa el ARI, tanto los gobernadores peronistas como los de
la Alianza pueden sumarse a la movida, para “apretar” al Gobierno.
Los gobernadores del PJ calculan que tanto Rozas como el sanjuanino Alfredo
Avelín, otro histórico enemigo de Cavallo, pueden apoyar
la iniciativa parlamentaria “antiCavallo”. Pero tampoco tienen
garantizado un frente común; de hecho, la plata que recibieron
el cordobés José Manuel De la Sota y Carlos Ruckauf agrietó
el bloque peronista. Por otro lado, otros gobernadores aliancistas rechazaron
sumarse a la iniciativa. “Creo que el diálogo nunca debe romperse.
Lo que hay que hacer es llegar a un consenso, porque no estamos lejos
del acuerdo. Nunca lo estuvimos”, señaló el gobernador
chubutense José Luis Lizurume.
“El PJ procurará intentar la coparticipación del impuesto
al cheque”, señaló el titular de esa bancada, Humberto
Roggero, ya que “no se observa ningún mecanismo que permita
aliviar el ahogo que sufren las provincias”. Por su parte, el presidente
de la bancada radical, el catamarqueño Horacio Pernasetti, dijo
que “no hay motivos para pedir una sesión especial”,
y pidió “esperar el desenlace de las negociaciones”.
Los gobernadores tienen clara su postura; sentarse y esperar. Consideran
que el próximo paso lo tiene que dar el Gobierno. Pero el tiempo
también les juega en contra; en esta semana tienen que abonar sueldos,
y en distritos como Entre Ríos, Chaco, San Juan o la mismísima
Buenos Aires las cuentas están más que en rojo. Los gobernadores
aliancistas, previa convocatoria del Gobierno, se reunirían el
martes en Capital Federal. Sus colegas justicialistas, en tanto, lo harían
en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Mientras tanto, el Gobierno se dedicó el fin de semana a afilar
su estrategia; por lo pronto, sólo hubo contactos “informales”
por teléfono con gobernadores como el peronista de San Luis Adolfo
Rodríguez Saá. Tanto el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
como el ministro de Interior, Ramón Mestre, apuestan a cerrar el
nuevo pacto cuanto antes. Los apuran los tiempos: el jueves De la Rúa
viaja a Estados Unidos, y necesita tener listo el acuerdo para conseguir
respaldo financiero en aquel país.
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