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Por
Laura Vales
 Los
piqueteros argentinos, junto a otras organizaciones sociales de América
latina como los Sin techo del Brasil, los campesinos Sin Tierra del Paraguay
y entidades de México, Uruguay y Bolivia pondrán en marcha
una escuela latinoamericana de dirigentes sociales. Lo decidieron a principios
de octubre, en Montevideo, en un encuentro de grupos vinculados a la lucha
por el acceso a la tierra, la vivienda y el trabajo a lo largo del continente.
La reunión congregó a siete organizaciones que, aunque con
características y objetivos propios, tienen en común el
venir impulsando fuertes protestas, con un cuestionamiento central hacia
los efectos de las políticas neoliberales. Los anfitriones del
encuentro fueron los uruguayos de la Fucvam, la federación de cooperativas
de vivienda por autogestión que agrupa a 300 asociaciones de base
y conforma la organización social de mayor peso dentro de aquel
país. Por Bolivia participaron representantes de la Coordinadora
del Agua, que encabezó los levantamientos de 2000 ante el intento
de privatización y el aumento al triple de las tarifas de ese servicio
público. Desde Brasil hubo delegaciones de la rama urbana del Movimiento
de los Sin Tierra, de México representantes del Movimiento Urbano
Popular. Por la Argentina viajó una delegación de 150 integrantes
de la Federación de Tierra y Vivienda (integrada a la CTA) y otra
menor de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa, que en
ambos casos tienen un origen muy ligado a las tomas de tierras y los asentamientos
de mediados de la década del 80.
El diagnóstico de sus integrantes es que en toda la región
estos movimientos están creciendo en número y necesitan
fortalecer y acelerar la formación de dirigentes. Parten de la
idea de que ninguna organización sobrevive sino se ocupa de formar
a sus cuadros; a nivel local la mayoría ya desarrolló sus
propias estrategias de capacitación, con cursos y programas de
estudio y en algunos casos convenios con las universidades estatales.
El objetivo que se plantean es ir ahora un paso más allá
para establecer un espacio permanente de aprendizaje e intercambio entre
los distintos grupos.
Para el argentino Néstor Jeifetz, del Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos de la CTA y uno de los encargados de desarrollar el proyecto,
junto con la escuela se armará “un banco de datos donde queden
registradas las experiencias que se están desplegado a lo largo
de América latina, que conforman un capital social valioso”.
¿Qué materias y contenidos debería tener una escuela
de estas características? Los dirigentes dicen que, básicamente,
hay consenso en que los programas tengan un perfil “muy volcado a
la formación política y de gestión”.
En lo que hace a lo segundo, explicó Jeifetz, “hay un conjunto
de conocimientos que siempre resultan prioritarios: entender cómo
funciona el Estado, de qué manera conseguir fondos tanto dentro
del país como en el exterior, a aprender a armar y presentar proyectos,
conocer modelos de organización interna para los propios grupos”.
En La Matanza, donde la Federación de Tierra y Vivienda da sus
cursos desde 1992, los programas abarcan cuestiones que van desde el reconocimiento
de las áreas de responsabilidad de los gobiernos nacional, provincial
y municipales (que sirve, entre otras cosas, para saber a quién
y cómo reclamar o pedir) a temas jurídicos y contables,
pasando por técnicas de trabajo barrial.
Para Luis D’Elía, titular de la FTV, hay otro tipo de saber
cuyo valor es estar anclado a la experiencia. “En La Matanza, por
ejemplo, nos perjudicamos cuando la mayoría del asentamiento rechazó
la idea demantener la propiedad colectiva de la tierra. Habíamos
tomado el lugar en el ‘83 y conseguimos comprar toda la superficie
donde se levantó el barrio El Tambo por un valor de 200 mil dólares,
entre 719 familias, con un plan de cuotas a once años que cancelamos
en cuatro. Al principio la propiedad se fijó como colectiva, es
decir que cada uno figuraba como dueño de la 719ª parte del
terreno”. Esta modalidad implicaba, entre otras cosas, que nadie
podía vender su casa o usarla para tomar créditos sin la
autorización de la asamblea de vecinos.
La propiedad colectiva, sin embargo, nunca terminó de convencer
a todos; luego de un proceso de discusiones, en 1994 el tema se llevó
a votación y ganó la postura de que cada cual tuviera su
escritura. Seis años después, relata D’Elía,
“el veinte por ciento perdió su casa a manos de los usureros.
Lo que se había ganado de manera colectiva se perdió individualmente”.
La escuela comenzará a funcionar el año con viene, en base
a cursos, un programa de intercambio a nivel regional y una estructura
que permita ir adecuando las clases a las necesidades que planteen las
distintas organizaciones. Duchos en gestionar fondos, los dirigentes acordaron
que avanzar a la vez en cada país en busca de acuerdos con las
gobernaciones e intendencias dispuestas a respaldar sus proyectos de capacitación.
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