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Por
Adriana Meyer
 “No
es una causa más”, repiten jueces y fiscales en alusión
a la investigación por el atentado contra la AMIA. De hecho, las
irregularidades cometidas en ese expediente siguen generando noticias.
La jueza María Servini de Cubría sobreseyó al ex
director de Prevención de la Superintendencia de Seguridad Interior,
Daniel de León, de quien dependía el Departamento de Protección
del Orden Constitucional (DPOC) de la Policía Federal, en la causa
que investiga la desaparición de 68 casetes con escuchas a Carlos
Alberto Telleldín, uno de los principales acusados del caso. En
otro expediente referido a la desaparición de rollos fotográficos
secuestrados a un sospechoso de la causa madre, la magistrada sobreseyó
a Horacio Jorge Gelabert y a Carlos Antonio Castañeda, ambos pertenecientes
al DPOC. El fiscal Miguel Angel Osorio apeló ambas resoluciones
ante la Cámara Federal.
Las escuchas habían sido realizadas al teléfono particular
de Telleldín entre el 27 de julio de 1994 y el 30 de agosto del
mismo año por la Dirección de Observaciones Judiciales de
la SIDE. Según describió Servini en su resolución,
esa dependencia envió los casetes con las escuchas al DPOC “para
su posterior transcripción”. El 22 de mayo de 1996 se le solicitó
al DPOC que los enviara al juzgado “con carácter de urgente”.
Fue así que el inspector Rodolfo Peralta informó que los
casetes “no se encontraban en dicha dependencia”, y sólo
envió las desgrabaciones que había hecho la SIDE. Las averiguaciones
del juzgado concluyeron que los cassettes fueron recibidos por el comisario
inspector Carlos Castañeda, que los transcribía y devolvía
a la SIDE. Sin embargo, el director de Observaciones Judiciales de ese
organismo informó al juzgado que los cassettes “fueron oportunamente
entregados al DPOC en un total de 68 unidades”.
La espía “Marta” aseguró el martes al ser interrogada
en la SIDE por el juez federal Claudio Bonadío que “los cassettes
eran todos reciclados para su reutilización. Sólo se guardaban
si había una orden expresa del juez y entonces quedaban en Observaciones
Judiciales”. Sin embargo, el abogado de Memoria Activa Alberto Zuppi
sostiene que hubo dos copias de cada cassette porque una iba al sector
de Contrainteligencia, y que cree que aún existen. Ante la evidencia
de que en la causa de Servini sólo fueron imputados policías
y ningún agente de inteligencia, el letrado se quejó de
que “la investigación no fue muy profunda”. La jueza
inició ambas pesquisas por las denuncias que hizo Galeano cuando
detectó que le faltaban esos importantes elementos de prueba.
Cuando De León, superior del inspector Castañeda, fue indagado
por Servini adujo que, según la ley orgánica de la Policía
Federal, los policías que actúan en una causa judicial “quedan
sujetos a las directivas emanadas del tribunal interviniente”, es
decir que reciben órdenes del juez y no de sus superiores jerárquicos.
Agregó que la responsabilidad de la distribución de los
cassettes para su desgrabación y transcripción era del DPOC.
El fiscal Osorio consideró en su apelación que es necesario
recordar que en el ámbito de ese departamento, a cargo de Castañeda
pero bajo supervisión de De León, se produjeron hechos similares.
“Esta secuencia de ‘pérdidas’ no puede escudarse
en una disolución de responsabilidades”, expresó el
fiscal.
Osorio destacó como un dato no menor que De León cumplía
tareas de contralor y coordinador entre el juzgado y la SIDE, porque en
ese marco “es claro que se encontraba en una inmejorable posición
para supervisar todo cuanto acaecía con la investigación
del atentado a la AMIA”. El fiscal concluyó que “en el
marco de la investigación del suceso más grave de nuestra
historia” la posición de De León es “de tal gravedad”
que las “excusas por él esgrimidas” resultan “pueriles”.
Por eso apeló elsobreseimiento dictado por Servini para que el
policía sea llevado a juicio oral.
Claudio Lifschitz, el ex prosecretario de Galeano que denunció
una larga serie de irregularidades en la investigación, comentó
a Página/12 que “es cierto que los cassettes se reciclaban
por una cuestión de costos pero en un caso de tal resonancia como
el de la AMIA es dudoso que no consultaran al tribunal ante de destruir
esas cintas y hayan borrado, por ejemplo, el diálogo que mantuvieron
Ana Boragni (mujer de Telleldín) y el mecánico Ariel Nitzcaner”.
Según el ex funcionario judicial, cuando la SIDE le informa a Servini
que devolvió las cintas omite el hecho de que el sector Contrainteligencia
tenía copias. “En las investigaciones quien maneja escuchas
siempre hace un ‘master’ con las partes más importantes
antes de reciclar los casetes, y en este caso el DPOC y 85 (Contrainteligencia)
tienen que haber hecho uno”, describió.
Mario Lorenz es el titular de una cédula de identidad con los mismos
números que figuran en el ticket de la Trafic, cuyo motor apareció
en los escombros de la AMIA, cuando fue dejada en el estacionamiento Jet
Parking. Cinco rollos fotográficos fueron secuestrados de su casa,
pero desaparecieron. Servini concluyó que “la custodia de
los rollos no estuvo en ningún momento a cargo del imputado Gelabert”,
y que Castañeda omitió mencionarlos en el acta del allanamiento
por “impericia” y no en una actitud dolosa. Por lo tanto, lo
sobreseyó del delito de falsedad ideológica. Osorio también
apeló con similares argumentos que en caso de De León: “No
era una causa más”.
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