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EL MINISTRO DE JUSTICIA, JORGE DE LA RUA
�La renuncia de Cavallo sería un contrasentido�

El hermano del Presidente confía en el paquete económico lanzado el jueves. Dice que la crisis hizo necesario apelar a decretos y evitar el debate parlamentario. Considera que ningún partido solo puede transformar el país.

 

Por Irina Hauser                         

  A Jorge de la Rúa lo escolta en su despacho una foto de su hermano, Fernando de la Rúa. Todos los ministros la tienen, pero en su caso lleva una carga extra. Detesta que lo comparen con él y, más aún, explicitar las diferencias que los separan. A pesar de que estuvo a un ápice de renunciar cuando Ricardo López Murphy asumió en Economía ahora avala, decidido, las últimas medidas económicas. Conoce, igualmente, los riesgos: si hay default y demandas de los acreedores internacionales ante la Corte de Nueva York, Argentina desconocerá la competencia de esos tribunales, anuncia. Como ministro de Justicia, cree que el decretazo está justificado por la situación de emergencia; y que si se va Domingo Cavallo se creará una situación de "gran complejidad".

  "En este momento el Presidente está en una situación políticamente difícil", dice Jorge de la Rúa. Lamenta, aún hoy, la salida de Carlos "Chacho" Alvarez del Gobierno. Y está convencido de que el escándalo de los sobornos del Senado fue determinante en el resultado de las últimas elecciones. "Generó un reexamen de la política, pero que quedó a mitad de camino, y eso es lo que dijo la gente", sostiene. 

   --Aceptaría, como venía analizando el Presidente, la fusión del Ministerio de Justicia con el de Educación o el de Interior?

  --La idea de la fusión de Educación y Justicia viene de una tradición. Aún en la época del doctor Raúl Alfonsín fue Ministerio de Educación y Justicia. Hoy creo que son ministerios que tienen una gran especificidad. No parece lógico anexarlos. Se habló de trasladar áreas de seguridad a Justicia, pero no se correspondería con la lógica.

  --Además, esa fusión implicaría que usted deje el cargo.

  --Por supuesto, un ministro está hasta que lo decida el presidente, el cargo siempre está a disposición.

  --Usted ha reclamado que el gabinete nacional tenga representación de todos los partidos de la Alianza, ¿qué le parece la composición actual?

  --Ha sufrido los vaivenes de la relación de partidos de la Alianza. En ese sentido, con los planteos del Frepaso de un alejamiento parcial se está reflejando la poca representación en el Gabinete.

  --¿Qué consecuencias tiene esta situación?

  --En este momento ningún partido por sí solo puede llevar adelante una transformación en el país. En la medida en que los objetivos sigan vigentes no está excluida nunca la posibilidad de seguir integrando el gabinete con distintas corrientes de opinión que coincidan en el modelo de crecimiento y desarrollo. Ahora, en esta etapa difícil, el Presidente ha priorizado la cohesión de su gabinete. Yo he sido siempre un defensor de la Alianza y considero que sigue vigente en los objetivos que la constituyeron y en este ministerio se refleja esa integración.

  --¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el Gobierno?

  --El principal es la situación económica, que es muy difícil. A este Gobierno le tocó la etapa más complicada desde la restauración de la democracia. Se llegó a este período con una deuda pública de 130.000 millones de dólares. Argentina tiene que arreglarse con lo suyo en un momento de recesión. Este gobierno no ha incrementado la deuda pública significativamente. Apunta al crecimiento, a mejorar la situación de la gente, por la reducción de aportes a las AFJP, los descuentos de IVA y el uso de las tarjetas de débito.

  --¿Preparan alguna artillería para responder a las demandas de los acreedores internacionales, las AFJP y los bancos ante la Corte de Nueva York, factibles si no aceptan el canje o si el Estado deja de pagar?

  --No creo que ocurra porque tanto la regulación del sistema bancario a través del Banco Central, como de las AFJP a través de la normativa interna y de la Superintendencia son cuestiones de derecho argentino. Además, si no aceptan el canje o el Estado no paga, son eventualidades. El que tiene un título argentino hoy si quiere se lo guarda para entregárselo a sus nietos, no está obligado a canjearlo. Ahora el Estado argentino ofrece un título con garantías especiales, con menor interés pero más seguridad.

  --¿Y por qué hay abogados del Estado sondeando el terreno en Nueva York?

  --No, no conozco eso sinceramente (sonríe).

  --Entonces ante cualquier reclamo en un tribunal extranjero, Argentina planteará que el tema es de competencia de sus tribunales.

  --Sí, son materias de regulación del propio Estado argentino.

  --Da la impresión de que el Gobierno está forzando el límite de la legalidad en algunas cuestiones: el nuevo decreto institucionaliza el per saltum como una herramienta que puede usar el Estado para recurrir directamente a la Corte Suprema ante cualquier demanda en su contra; la ley de déficit cero prohibía las medidas cautelares.

  --El nuevo decreto busca definiciones judiciales más rápidas. En este país los grandes programas siempre han sido postergados indefinidamente por medidas judiciales. La Corte puede aceptar o no las presentaciones del Estado, y resolver a favor o en contra. La idea fundamental no es asegurarse un fallo a favor del Estado, pero sí tener seguridad jurídica.

  --Lo que conocemos del per saltum es el uso que ha hecho de ella el menemismo para obtener fallos a su medida.

  --El per saltum es una institución jurisprudencial que viene de Estados Unidos, con base legal, que busca resoluciones rápidas. Si es inconstitucional, que se diga rápido. Yo no creo que lo sea.

  --¿No es inconstitucional reformar, como se ha hecho, el Código Procesal Civil por decreto, sin debate parlamentario? 

  --No hay una prohibición expresa. 

  --¿El Gobierno está abusando de los decretos? 

  --No, creo que el Gobierno los ha usado razonablemente, en una situación particularmente dificultosa. 

  --¿La salida a la discusión con las provincias es la Corte Suprema?

  --No, va a haber un acuerdo. En el fondo el problema es que no se ha asumido el debate de la ley de coparticipación, que según la Constitución del '94 debería estar sancionada.  

  --¿Cómo define políticamente a su hermano? 

  --Es un político moderno que afronta una problemática muy cambiante. Preocupado por el crecimiento de la sociedad y de la gente. No es un hombre que responda a sectores determinados de la economía.  

  --Dicen que usted es más progresista.

  --Dicen. Hoy ser progresista es manejar los dineros públicos de la forma más estricta y transparente. Es lo más revolucionario que se puede hacer.

  --¿Cómo maneja las diferencias que tiene con él? Por ejemplo: usted lamentó la salida de Carlos Chacho Alvarez, cuestiona el rol de Antonio (De la Rúa), impulsó una postura de neutralidad en relación a Cuba,

y hace unos días tuvo que retirar su proyecto sobre la probation porque le cayó mal al Presidente.  

  --No hay discrepancias profundas. El Presidente lamentó el alejamiento de Alvarez. Con lo de Antonio se hace una fábula sin relación con la realidad. En el tema Cuba, el debate fue si se violaban o no los derechos humanos y finalmente la postura argentina un pedido de levantamiento del bloqueo. En cuanto a la probation... (suspira) fue un accidente comunicacional. Un proyecto que está desde agosto en el Parlamento para resolver un problema interpretativo que daba lugar a que se juzgara distinto a la gente y aparece presentado como que salían los delincuentes a la calle. Una lástima. Se discutirá en un momento más oportuno.

  --¿Qué implicancias tuvo la salida de Chacho Alvarez del Gobierno?

  --Le quitó bases de sustentabilidad política al Gobierno en forma significativa.

  --¿Qué pasa si se va Domingo Cavallo?

  --La ida de Cavallo sería realmente generadora de una gran complejidad. Sería un contrasentido. Se ha lanzado un programa, fuerte, que se espera que en tres o cuatro meses de resultado. 

  --¿Las medidas que terminó impulsando Cavallo se parecen al plan de Ricardo López Murphy en su breve paso por Economía?

  --No tanto. El gran cambio de las medidas del jueves pasado, es incorporar un elemento dinamizador de la economía. El pequeño empresario puede ampliar el capital, pagar a la DGI con acciones, y con ese pago a los impuestos ir y pagar con títulos que valen la mitad al banco.        

   --¿Se sumaría a un proyecto Fernando de la Rúa 2003?

   --No, creo que en este momento sería una falta de respeto a la ciudadanía hablar de reelección o no reelección. En este momento el Presidente está en una situación políticamente difícil. Pero es un país donde nada quita que dentro de un año esté distinto. 

Sobre Menem hizo mutis

   --¿La figura de asociación ilícita no es aplicable a un Gobierno, como intentaría decir la Corte, a favor de Carlos Menem en la causa armas?

  --Es aplicable a personas que se reúnen y hacen un acuerdo para cometer delitos indeterminados. Los gobiernos no son autores de delitos. Pero las personas sí. Igual no voy a opinar sobre esa causa.

  --¿Va a pedir el apartamiento de los jueces de la Corte Suprema Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, como pidieron Elisa Carrió y Graciela Ocaña? 

  --Le trasladaré el tema a los abogados para que evalúen qué corresponde. No tiene que mirarse como una maniobra política o especulativa.

  --¿Se resolvió correctamente la causa de los sobornos?

  --Es un tema instalado en la opinión pública pero al buscar las pruebas hay dificultades. El tribunal de apelación dirá si se resolvió bien.

  --¿Qué implicancias institucionales tuvo esa causa?

  --Provocó un deterioro grande en la clase política. Los últimos resultados electorales son un ejemplo. Generó un reexamen de la política, pero que quedó a mitad de camino, y eso es lo que dijo la gente. 

Primero, territorialidad

  --¿Qué criterio se aplicará con los pedidos de extradición que están pendientes en causas de derechos humanos, de Alemania y España?

  --El Gobierno ya fijó posición sobre el principio de territorialidad en aquellos casos que han sido juzgados o están siendo juzgados. Sostiene que la extraterritorialidad sólo puede derivar de acuerdos internacionales para la competencia de tribunales internacionales.

  --¿Hay que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?

  --Hasta este momento las leyes de Punto Final y Obediencia Debida tienen vigencia. Ha habido pronunciamientos como el del doctor Gabriel Cavallo que podrán modificar la jurisprudencia. Pero hasta el momento, el Estado argentino se atiene a lo que sostiene el alto tribunal.

  --¿El derecho internacional y, con él, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, no obligan a revisarlas?

  --Con todo lo que hizo Argentina, sometió a juicio a tres juntas militares, indemnizó a las víctimas, reconoció el derecho a la verdad, me duele que la pongan en el banquillo como protectora de violadores de derechos humanos. Obligarla a hacer todo de nuevo, no pareciera lógico.

 

 

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