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Por David Cufré
 El plan de reestructuración
de la deuda, al que el Gobierno llegó más por necesidad
que por convicción, empezó ayer a convertirse en realidad.
El Ministerio de Economía dio a conocer las características
de la operación. Primero se concretará el canje local, que
deberá estar terminado “en tres semanas” y podría
alcanzar un máximo de 24 mil millones de dólares, de acuerdo
a los cálculos que el viceministro Daniel Marx informó anoche
a Página/12. Y más adelante, en tres o cuatro meses, se
ofrecerá el trueque de bonos a los inversores del exterior, por
unos 36 mil millones. Del éxito o fracaso de esas operaciones depende
una gran cuota del futuro del Gobierno y, en un sentido más amplio,
de la economía argentina. Pero, a poco de arrancar, el plan ya
tiene su primer magullón: las tres calificadoras de riesgo más
influyentes del mundo cuestionaron la reestructuración. Standard
& Poor’s, como había anticipado, le bajó la nota
a la Argentina a nivel de “default selectivo”. Es la calificación
que pone al país en la lista negra para todos los inversores.
“Standard & Poor’s considera que la Argentina se encuentra
efectivamente en situación de incumplimiento, a pesar de que los
tenedores (de bonos que participarían del canje) probablemente
aceptarán” sus condiciones, sostiene el comunicado que la
calificadora lanzó anoche desde Nueva York. ¿Por qué
habría de caer el país en default, si los interesados en
canjear los títulos convalidan los términos que propone
el Gobierno? La agencia aclara el punto. Desde su perspectiva, el default
se produce tanto “si no se realizan pagos del servicio de la deuda
en las fechas programadas”, como en los casos en que la oferta de
trueque “contiene términos menos favorables que la deuda reemplazada,
y el acreedor no tiene una alternativa real de percibir el pago según
las condiciones acordadas originalmente”.
La nueva nota que merece Argentina para S&P es la de “default
selectivo”, lo que indica “el incumplimiento de ciertas obligaciones
del país”. La calificación es para los bonos de corto
y largo plazo, en moneda local y extranjera. Del mismo modo, la agencia
Fitch consideró que el canje merece ser interpretado como “cesación
de pagos”, y por tanto redujo la nota de Argentina a la categoría
C. La otra agencia de peso a nivel mundial es Moody’s, que por ahora
no movió la nota de Argentina, pero hizo saber que lo está
analizando y que podría dar más malas nuevas a Cavallo.
Las calificadoras suelen transmitir la opinión de los “mercados”,
pero amparadas en un discurso “técnico”. Ahora que Cavallo
empieza a avanzar en la reestructuración de la deuda a nivel local,
la respuesta de las agencias estaría anticipando las dificultades
para repetir la experiencia con los inversores del exterior. De todos
modos, Marx sostuvo que el canje sigue adelante y que “nos manejaremos
con independencia de lo que digan las calificadoras”. Además,
discrepó con la nueva nota asignada, al considerar que “desde
el punto de vista contractual la Argentina no está en default,
porque no hay ningún bono impago”. Eso implica que los acreedores
no pueden demandar al Estado por incumplimiento en las cortes locales
o de Nueva York.
Marx resaltó que lo trascendente es la presentación de las
características del canje local. A cambio de los bonos actualmente
en circulación –salvo las Letes, los Brady y los globales
2002, 2003 y 2004- se ofrecen préstamos garantizados por la recaudación
impositiva, a tasa fija del 7 por ciento o flotante de Libo más
3 por ciento. El otro punto saliente es que los préstamos vencerán
tres años después de lo que lo hacían los títulos
canjeados, para aquellos que vencían hasta 2010 inclusive. El Estado
tomará los títulos al 100 por ciento de su valor. La recepción
de ofertas será a partir del 16 de este mes. Ahora, los acreedores
tienen la palabra.
DETALLES
DEL DECRETO QUE HABILITO EL CANJE DE DEUDA
Los locales en primer turno
A continuación se detallan
los principales puntos del decreto con el que el Gobierno facultó
al Ministerio de Economía a iniciar el canje:
 Habilita a Economía
para que ofrezca, en condiciones voluntarias, la posibilidad de convertir
la deuda pública nacional por préstamos garantizados por
préstamos garantizados o bonos nacionales garantizados, siempre
que la garantía ofrecida o el cambio de deudor permitan obtener
para el sector público nacional tasas de interés más
bajas.
Para las obligaciones con servicios
de capital hasta el 31 de diciembre de 2003, se requerirá adicionalmente
la extensión de los plazos de cumplimiento.
La conversión de deuda
se ofrecerá directamente a las entidades financieras, fondos de
inversión, compañías de seguros y administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones.
Los préstamos garantizados
en que se conviertan las operaciones de deuda pública que resulten
elegibles, serán a tasa fija o flotante y devengarán una
tasa de interés de hasta el siete por ciento o de hasta el tres
por ciento sobre tasa LIBO.
La conversión se realizará
a valor nominal a una relación de uno a uno y en la misma moneda
en la que estuviera expresada la obligación convertida, siempre
que la tasa de interés del préstamo garantizado en que se
convierta cada operación de crédito público sea al
menos un 30 por ciento inferior a la establecida en el instrumento traído
para su conversión.
El resultado de las operaciones
de conversión de deuda por préstamos garantizados está
exento del impuesto a las ganancias.
Se autoriza a Economía
a afectar recursos que le corresponden a la nación de conformidad
al régimen de coparticipación federal de impuestos o recursos
del impuesto sobre créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria, hasta la suma que resulte necesaria para atender los vencimientos
de capital e intereses de los préstamos garantizados.
El canje de los títulos,
actualmente emitidos y en circulación, por bonos externos garantizados
se realizará a la paridad, plazo y con las tasas de interés
que determine el Ministerio de Economía, en base al criterio de
valor presente neto equivalente al de los préstamos garantizados
por iguales plazos.
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OPINION
Por Julio Nudler
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Neorrealismo a la
Cavallo
Ahora todo está más claro. La Argentina ha dicho
que no puede pagar, no sólo las tasas que hoy pretendería
un prestamista, si existiese: tampoco la renta mucho más
módica inscripta en bonos emitidos en épocas menos
críticas. Y, por su parte, calificadoras como Standard &
Poor’s respondieron colocando al país en el casillero
del default (impago), aunque por ahora limitado al tramo local de
la deuda. Esto no significa que esas agencias presagien la efectiva
quiebra argentina, porque es perfectamente posible que los tenedores
de los títulos a reprogramar acepten la oferta del Gobierno
(menor tasa, mayor plazo y tres años sin vencimientos de
capital), consolados por otros negocios. Simplemente, infieren que
se trataría de un acuerdo forzado: aceptarían, aun
perdiendo, porque (supuestamente) de otro modo perderían
todavía más.
Sufrir una nueva baja en su nota no le hace demasiado daño
al país dado que, ya antes de esta semioficialización
de la cesación de pagos, la Argentina estaba potencialmente
fundida y sin acceso al crédito voluntario. Finalmente, la
fantasía omnipotente de Economía dejó paso
a una aceptación más sensata de la realidad. Aun así,
ésta, la realidad, tal vez sea mucho más torva de
lo que se admite. Con un Producto Bruto en la pendiente, y la recaudación
derribada, ¿cómo afirmar que el país puede
pagar una tasa del 7 por ciento anual? Antes de poder efectivamente
hacerlo deberá acabar con la depresión y aumentar
los recursos fiscales. ¿Será eso posible dentro del
marco de la convertibilidad, un régimen que precipitó
a la Nación en la peor debacle económica de que se
tenga memoria?
Sin ir tan lejos, hay cuestiones más inmediatas aún
irresueltas. En primerísimo lugar, el necesario arreglo con
las provincias, que con el fisco nacional y la banca conforman una
especie de Triángulo de las Bermudas para cualquier equipo
económico. Luego habrá que ver cómo resulta
la negociación con los acreedores del exterior, ante los
cuales será condición sine qua non contar con un respaldo
internacional tangible. Mientras toda esta compleja negociación
se desarrolle, la incertidumbre mantendrá retraídos
a los inversores y temerosos a los depositantes. Sin poder mostrar
que ha ganado esta guerra, el Gobierno tendrá que vencer
en la batalla propagandística, que hasta ayer mismo perdía
estrepitosamente. Por el momento, sólo tienen razones clamorosas
para festejar las empresas y los ricos favorecidos fiscalmente con
tanta esplendidez por este Domingo Cavallo que se empeña
en recordarnos al de 1982.
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Un
abrazo a los banqueros antes de ir a negociar
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El Presidente de la Nación recibió ayer a los
directivos
de la Asociación de Bancos de
la Argentina y pudo recoger los primeros gestos favorables al canje
de deuda. Previamente, en una cena íntima, los banqueros le habían
pasado las facturas pendientes a Cavallo.
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Antes de viajar
a Nueva York, adonde se entrevistará con George Bush, Fernando
de la Rúa quería darle un nuevo envión al canje de
deuda con inversores locales. Ayer se reunió en la Casa Rosada
con la cúpula de la Asociación de Bancos de la Argentina
(ABA). Y consiguió las primeras declaraciones de respaldo de los
popes de la city. Manuel Sacerdote, vicepresidente de la asociación
y titular del BankBoston, sostuvo que el sector financiero “pondrá
el hombro” y que tiene “una actitud positiva y de apoyo”
hacia la reestructuración de la deuda. Todavía nadie comprometió
su participación, pero el Gobierno descuenta que los bancos, AFJP
y demás inversores locales terminarán sumándose,
lo que constituirá el primer paso hacia el canje global.
La corriente acuerdista que impera por estas horas comenzó a gestarse
el último domingo, durante una reunión entre los principales
banqueros con Domingo Cavallo. Fue una cena en la oficina particular del
ministro en la calle Tagle. Estuvieron discutiendo sobre la reestructuración
hasta la una de la madrugada, exponiendo francamente cada uno su posición.
Cavallo explicó que la operación es impostergable, porque
las opciones son canje voluntario o default. Los banqueros comenzaron
a aceptar que deberán resignar ganancias, pero plantearon distintas
alternativas para amortiguar la caída de ingresos.
La visita de ayer a la Casa Rosada fue para exponer públicamente
el nuevo marco en que transcurren las negociaciones. De todos modos, De
la Rúa debió escuchar algún reproche de Sacerdote
por la forma en que los banqueros fueron tratados por algunos funcionarios.
La referencia fue por Nicolás Gallo, presente en la reunión
junto con Cavallo, quien la semana pasada habló del “golpismo”
de los mercados. El Presidente señaló que se está
haciendo un gran esfuerzo para llegar al déficit cero, pero que
la reestructuración es necesaria para poder continuar con el plan.
Cavallo reiteró en que la operación les reportará
“ventajas contables e impositivas”.
Sacerdote evitó pronunciarse abiertamente sobre la oferta de canje
realizada por Economía. “Existen muchos detalles y los estamos
viendo de manera positiva (y con) una actitud de apoyo y positiva”.
“El Gobierno hizo una propuesta y la estamos analizando”, señaló
el banquero, más elusivo que enigmático.
De todos modos, es claro el cambio de actitud de un importante sector
de la banca con respecto al Gobierno de la vigente una semana atrás.
En ello tuvo mucho que ver el encuentro del fin de semana en oficinas
de Cavallo. Allí los banqueros no sólo escucharon la palabra
del ministro, sino que hicieron oir sus quejas por ser siempre los “satanizados”
en sus discursos. También sirvió para cambiar el tono con
el que Cavallo se dirigió al sector financiero privado en su presentación
en el auditorio del Banco Nación el lunes último.
Antes de dar el sí al canje, las entidades financieras evaluarán
cuestiones tales como la liquidez del préstamo que sustituirá
a los bonos, y en qué medida mejora sus balances el crédito
valorizado –con respecto a los papeles de deuda que hoy tienen en
cartera–, entre otros aspectos. Pero también harán
su análisis desde la perspectiva de que el país transita
por un camino de cornisa, sin demasiado espacio de maniobras. “La
reestructuración de la deuda viene de todas formas, y más
vale hacerla en términos amigables”, fue la reflexión
que deslizó un banquero presente en las reuniones clave de esta
semana.
BUSCAN
EVITAR QUE SE LICUEN LOS APORTES A LAS AFJP
Las comisiones, sobre la mesa
Por
Cledis Candelaresi
Antes del fin de
semana, el Gobierno podría cerrar con las AFJP un acuerdo para
evitar que los aportes personales se diluyan por el peso de las comisiones.
De los varios caminos explorados hasta el momento entre el Gobierno y
las empresas, el que tiene más viabilidad conjuga un recorte en
el costo de los seguros con una reducción de las comisiones que
cobran las AFJP. Como contrapartida, éstas exigen al Estado computar
sus propios aportes patronales como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
La trabajosa negociación con las AJFP quedó en manos de
Seguridad Social, aunque la decisión de reducir las contribuciones
personales fue iniciativa exclusiva del Ministerio de Economía,
que intenta con ella reforzar el ingreso de bolsillo de los trabajadores
en blanco y dar así algún impulso a la economía.
Pero el aumento que se conseguiría con el recorte del 11 al 5 por
ciento del aporte de los asalariados, minimiza a un magro 1,5 por ciento
de su remuneración lo que cada uno de ellos podrá capitalizar
mensualmente.
El Gobierno adoptó la estrategia de golpear primero para negociar
después. Con el decreto firmado, abrió el debate con las
AFJP para que resignen algo de su comisión, equivalente al 3,5
por ciento del salario bruto, de modo tal que el aporte neto del trabajador
no se esfume. Disposición para el diálogo, al menos, parece
no faltar. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para acordar con
el Gobierno y trataremos de reducir las comisiones”, admitía
anoche a Página/12 un representante del sector.
Sin embargo, el acuerdo no es fácil. Según los cálculos
privados, si a la caída general de la recaudación previsional
se suma el impacto de esta rebaja, la masa de recursos a administrar se
achica a sólo el 25 por ciento de la que las empresas habían
proyectado cuando se creó el sistema de capitalización.
El dato fue inmediatamente puesto sobre la mesa negociadora por las AFJP,
que también sugirieron la posibilidad de computar su comisión
sobre el fondo capitalizado por cada beneficiario (creciente en el tiempo)
y no sobre el salario de los aportantes. Pero la alternativa es legalmente
poco factible.
Lo que hasta anoche sí parecía más viable era un
acuerdo con las compañías de seguro para reducir el costo
de las pólizas, equivalente al 1,2 por ciento del salario (incluido
en el 3,5 por ciento de las comisiones). Las conversaciones con este cometido
ya se iniciaron hace un tiempo y estarían a punto de alumbrar un
pacto con las aseguradoras, sobre la base de cambiar el modo de computar
contablemente un siniestro.
Al mismo tiempo, las AFJP estarían dispuestas a sacrificar una
porción de su renta, aunque no gratuitamente. Las empresas aspiran
a obtener a cambio “una reducción de la carga fiscal”
que, para las administradoras con cobertura nacional, se traduce en la
posibilidad de computar los aportes patronales que realizan sobre sus
nóminas salariales a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Hoy tiene
la posibilidad de hacer ese cómputo a cuenta del IVA, pero como
no lo cobran, esta alternativa no funciona para ellas. Aún no habría
una respuesta oficial sobre esta demanda que, sin embargo, está
muy a tono con la filosofía oficial de sintetizar todo el sistema
tributario en aquel gravamen y el Impuesto al Valor Agregado.
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