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Por Victoria Ginzberg
 “Estrictamente confidencial
y secreto. Caso: GOR. Historia Política de Fernando Rubén
Brodsky, NG Nando o Tony.” La cita corresponde al encabezado de la
ficha personal del desaparecido Fernando Brodsky, elaborada por los represores
de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Es parte de los
documentos inéditos que el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), el Centro de Documentación e Investigación de la
Cultura de Izquierdas (CEDINCI) y el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) entregaron ayer a la Cámara Federal. Los papeles
incluyen un listado de cincuenta dependencias de las Fuerzas Armadas que
recibían copias de los archivos, lo que demuestra la existencia
de la información compartida que los militares negaron durante
más de veinte años y que fue el eje del aparato represivo.
“Estudios cursados: Bachiller, 2 años de Psicología.
Lugar de trabajo: Jardín de Infantes ‘Panambi’. Religión:
‘Judío’”. Los datos figuran en la ficha de Brodsky,
junto con una foto sacada dentro del centro clandestino de detención.
En el documento también se detallan los “antecedentes”
del joven, es decir sus actividades políticas: su participación
en el Frente de Lucha Socialista Secundario mientras estudiaba en el Colegio
Nacional Número 7, su acercamiento al Peronismo de Base y su posterior
adhesión al PRT. Sobre su familia, se menciona que su papá
es médico y trabajaba en el Hospital Israelita y que su mamá
poseía un comercio de antigüedades con la abuela. Los datos
pudieron haber sido obtenidos por información de inteligencia previa
al secuestro de Brodsky o pudieron haber sido arrancados a la víctima
en la tortura. Esta ficha es parte de una carpeta correspondiente a la
agrupación Grupo Obrero Revolucionario.
La Cámara Federal también recibió material sobre
el seguimiento de inteligencia a miembros del Partido Comunista Marxista
Leninista. Este documento está fechado el 12 de mayo de 1978 y
está caratulado como estrictamente secreto y confidencial. En estos
papeles figura su red de distribución y de allí se desprende
que las Fuerzas Armadas hicieron cincuenta copias. La que se recuperó
lleva el número quince, que corresponde a “ARA GRUTARTRES-TRES”,
es decir, Armada, grupo de tareas 3.3 (de la ESMA).
El archivo demuestra que el jefe de Inteligencia del Estado Mayor General
del Ejército, los jefes de Inteligencia de las zonas militares,
el Comando de Operaciones Navales, el Estado Mayor General Naval, las
fuerzas de tareas de la Armada que operaban en Mar del Plata y La Plata,
el Batallón de Inteligencia 601, el Servicio de Informaciones de
la Fuerza Aérea, Superintendencia de Seguridad Federal, la SIDE,
la Dirección de Inteligencia de Gendarmería Nacional, la
Policía Federal y la policía bonaerense recibían,
entre otras reparticiones, ejemplares de estos documentos. En total, se
hicieron cincuenta copias.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky aseguró, luego de entregar
los papeles a la Cámara para que los incorpore en la causa ESMA,
que el material encontrado “prueba la sistematización de la
información de la represión y demuestra que es una falacia
la idea que se ha destruido la documentación”. Verbitsky renovó
el pedido para que “las Fuerzas Armadas entreguen sus archivos para
que no sean cómplices ni encubridoras”. Horacio Tarcus, del
CEDINCI, explicó que el archivo fue recibido en el centro de documentación
a través de una donación. En medio de publicaciones de agrupaciones
de izquierda, que es el material que se recibe en el lugar habitualmente,
llegaron los archivos de la ESMA. Tarcus se puso en contacto con el CELS
y el Equipo de Antropología para analizar los papeles y luego se
decidió entregarlos a la Cámara Federal para que estén
resguardados. En la documentación se menciona cerca de un centenar
de personas pero no todas están desaparecidas. La Justicia deberá
ahora analizar el material para establecer qué información
puede servir para contribuir a la verdad histórica. El fotógrafo
Marcelo Brodsky, hermano de Fernando, relató que se enteró
de la existencia de la documentación hace veinte días y
expresó que siente “la paradójica alegría de
seguir contando historias de los campos de concentración y mostrar
las fotos” de su hermano. “Es una forma de hablar de la verdad,
aunque sea doloroso, es una forma de que su muerte no haya sido en vano”,
afirmó.
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Honoris causa para
Garzón
El Consejo Superior de la Universidad de La Plata nombró
doctor honoris causa al juez español Baltasar Garzón,
quien vendrá al país a principios de diciembre para
recibir la distinción. El reconocimiento al magistrado que
investiga a los represores argentinos por “genocidio, terrorismo
y torturas” fue impulsado por la Comisión Provincial
por la Memoria, que integran, entre otros, Estela Carlotto, Adolfo
Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Leopoldo Schiffrin
y representantes de organismos de derechos humanos, sindicalistas,
miembros de la Universidad y de partidos políticos. La Comisión
fundamentó su pedido en los aportes realizados por Garzón
en “el debate sobre el derecho internacional, en la lucha contra
la impunidad y la búsqueda de verdad y justicia”. “Corresponde
destacar que cuando los jueces demuestran que la ley puede aplicarse
igualitariamente, a débiles y poderosos, las sociedades revitalizan
su creencia en la justicia como valor posible”, expresó
la Comisión. El Consejo Superior de la Universidad de La
Plata afirmó que “visto que reúne los méritos
académicos, profesionales y personales habida cuenta de una
conducta ética intachable” el magistrado recibirá
la distinción de honoris causa.
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OPINION
Por Horacio Verbitsky
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Verdad y consecuencia
Desde que dejaron de negar los métodos que se aplicaron
durante la guerra sucia, las Fuerzas Armadas sostienen que les resulta
imposible informar sobre la suerte de cada
detenido-desaparecido porque todos los documentos fueron destruidos
o porque la represión fue obra de grupos descontrolados que
no respondían a una estructura centralizada. Esta pretensión
resulta una vez más desmentida, por la mano de los propios
responsables, tal como ya ocurrió con el nazismo.
La documentación que ayer recibió la Cámara
Federal demuestra más allá de cualquier duda que todas
las actividades de los grupos de tareas que actuaron durante la
dictadura militar quedaron registradas con burocrática minuciosidad.
Pero también prueba que existió una articulada coordinación
entre los distintos grupos de tareas. Uno de los informes fue elaborado
por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada
y otro por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.
De cada informe se hicieron 50 copias, 45 se distribuyeron entre
diversas dependencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad y otras
cinco se dejaron en reserva. Las copias que desde ayer están
en poder de la Cámara Federal corresponden al número
15 en el distribuidor oficial, que corresponde al ARA Grutartres
Tres, es decir el Grupo de Tareas 3.3, de la Armada, que funcionó
en la ESMA.
Los informes incluyen desde los seguimientos iniciales realizados
sobre cada persona, hasta los interrogatorios a los que fueron sometidos
en los campos de concentración una vez secuestrados y las
fotos que se les tomaron en esas circunstancias. Esto confirma también
el modus operandi descripto por los sobrevivientes. Uno de ellos
ya había entregado a la Cámara Federal durante el
juicio de 1985 centenares de fotos que sacó por orden de
los marinos.
En estos casos se menciona a un centenar de personas secuestradas,
de las cuales unas pocas siguen desaparecidas. Pero es de suponer
que si las operaciones llevadas a cabo sobre tres pequeños
grupos políticos como el PCML, el GOR y la Fracción
Roja merecieron semejante esfuerzo de sistematización, otro
tanto debe haber ocurrido con las organizaciones mayores, como Montoneros
y el ERP.
Las leyes de punto final y de obediencia debida del ex presidente
Raúl Alfonsín y los indultos del ex presidente Carlos
Menem garantizaron impunidad a los responsables de esas desapariciones.
No obstante, ni los autores directos ni las conducciones castrenses
de la época y posteriores aprovecharon la larga década
transcurrida desde entonces para retribuir ese perdón con
una información amplia que pusiera fin a la incertidumbre
de las familias de las víctimas. El mismo tribunal que ayer
incorporó la documentación deberá resolver
sobre la nulidad de esas leyes, que ya fue decretada por los jueces
federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío y solicitada
por la fiscal Graciela Filoñuk. Cada día es más
evidente que sólo la plena actuación de la justicia
podrá reconstruir lo sucedido al mismo tiempo que atribuir
responsabilidades y que si hay voluntad toda la información
terminará por aparecer.
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