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Por Irina Hauser
 El juez Juan José Galeano
está a punto de firmar una resolución en la que aliviará
la situación de Nassib Haddad en la causa por el atentado a la
AMIA. Haddad, un hombre de origen árabe, es dueño de la
empresa Santa Rita que entregó el volquete que fue colocado frente
a la mutual judía pocos minutos antes del estallido y, justo por
esa época, compró amonal, el explosivo que se utilizó
en la voladura. Galeano ratificará en su escrito lo que viene sosteniendo
hace tiempo: que el explosivo no estuvo en el volquete y que el atentado
se hizo con una camioneta Trafic. La resolución será entregada
al Tribunal que lleva adelante el juicio por el atentado.
Los peritajes han sido contundentes en señalar que el ataque terrorista
se hizo con un coche-bomba y que no hubo explosivos en el volquete. Sin
embargo, varios abogados defensores de los acusados vienen cuestionado
ese punto desde que empezaron a declarar los testigos presenciales de
la tragedia, ya que la mayoría negó haber visto algún
vehículo de las características de una Trafic. Ayer, de
hecho, reflotaron esa teoría cuando declaró Irene Perelman,
una mujer que atendía la librería de la planta baja de la
AMIA que se salvó de casualidad, por salir a hacer una fotocopia.
Ella veía cómo ingresaban el material para refacciones,
pero asegura que todas las bolsas eran revisadas a su ingreso. José
Manuel Ubeira, el abogado del ex comisario Juan José Ribelli, por
ejemplo, cree que en las bolsas pudo haber explosivos.
Haddad y Alberto Kanoore Edul son los únicos dos personajes de
apellido islámico que aparecen en la causa vinculados con los hechos
más cercanos al atentado: la camioneta y el volquete. La Unidad
Antiterrorista trabajó intensamente sobre ese tema y hay más
de 2000 páginas de investigación.
 La empresa que entregó
el volquete a la AMIA pertenecía a Haddad quien, además,
tenía cantidades importantes de explosivos y compró amonal
en la época del atentado. Nunca pudo explicar cómo se usaron
esos explosivos. En la hoja de ruta del camión que llevó
el volquete figuraba la dirección Constitución 2657, un
lugar llamativo porque era un predio vacío que lindaba con la casa
de Kanoore Edul y donde el conductor dijo haber dejado también
un volquete. La situación procesal de Haddad nunca fue resuelta,
recién será clarificada ahora.
Kanoore Edul tiene falta de
mérito, es decir que no se encontraron elementos ni para sobreseerlo
ni para procesarlo pero sigue en la mira. Este hombre llamó por
teléfono a Carlos Telleldín, el último poseedor del
motor que se encontró entre los escombros, el 10 de julio de 1994,
es decir, el día que entregó la camioneta Trafic que lo
contenía.
Galeano seguramente dirá en relación a Haddad que la cantidad
de explosivos que tuvo en su poder se corresponde con la que usó
para volar canteras, y que si no registró todos los explosivos
que tenía era para evadir impuestos. También señalaría
que hay elementos que muestran que la mutual israelita había solicitado
el volquete de su firma.
A lo largo de la causa AMIA una de las teorías que surgió
es que el volquete pudo haber servido para marcar el lugar donde debía
ingresar la camioneta. Incluso el FBI sostuvo que pudo haber jugado algún
papel en el atentado. Pero no centraron las dudas en el coche-bomba.
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Testigos del atentado
Siete testigos del atentado declararon ayer ante el tribunal que
integran los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Gerardo Larrambebere,
pero no agregaron novedades. Entre ellos, Irene Perelman es la primera
sobreviviente de la propia AMIA que presta testimonio. Isidro Horacio
Neuah, que acababa de poner en marcha su auto cerca de la puerta
de la mutual judía, y salió despedido hacia la esquina.
Alejandro Olivares pidió perdón por su tartamudez
e hizo con esfuerzo un relato entreverado en el que contó
que vio después de la explosión a dos hombres, con
aspecto de “esos que odian a los judíos” subirse
a un taxi como si nada. Terminó pidiendo dinero por el daño
psíquico sufrido. También hablaron Ramona Miño,
Eduardo Piñeiro, Liliana Olivo y Gustavo Spinelli. En otro
orden, la defensa del ex comisario Juan José Ribelli pidió
al tribunal que investigue una conversación, difundida el
lunes en el programa “Detrás de las Noticias”,
entre el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el juez Juan
José Galeano. El diálogo giraba en torno a la declaración
de un testigo que prometía aportar datos bajo identidad reservada,
con el aparente objetivo de cobrar una recompensa.
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El oscuro rol de la
SIDE
En plan de probar las innumerables irregularidades, omisiones
y presuntos delitos cometidos durante la investigación del
ataque contra la AMIA, el abogado de Memoria Activa Alberto Zuppi
pidió ayer a la Justicia que determine, con una consulta
a las autoridades policiales, el tiempo y la forma por la cual se
puede acceder al dominio de un vehículo a través del
número del motor. El letrado busca probar que la SIDE llegó
al reducidor Carlos Alberto Telleldín antes del hallazgo
del motor de la Trafic en los escombros de la mutual judía
porque descubrió que hasta hace dos años no existía
un registro para poder hacer tal deducción. Según
el letrado, la información que habría proporcionado
la empresa Renault permite determinar que la Trafic pasó
por una concesionaria, luego a la empresa Messín, a la aseguradora
Solvencia, a Alejandro Monjo y recién después llegó
a Telleldín. “Estas averiguaciones son imposibles de
realizar en cinco horas, que es el tiempo que tardaron según
el expediente en localizar al reducidor, por lo tanto las cosas
ocurrieron de otra forma”, indicó Zuppi a Página/12.
En el mismo escrito presentado ayer en el juzgado de Claudio Bonadío,
el abogado aportó una copia de la orden de escucha telefónica
que hizo la Dirección de Observaciones Judiciales, conocida
como “Ojota”, en la que consta que los espías escucharon
desde el 19 de julio, un día después del atentado,
a la embajada de Irán. Y pidió que el juzgado solicite
a la SIDE la orden judicial correspondiente a tal escucha, la transcripción
de las conversaciones registradas y el casete correspondiente. Zuppi
sospecha que la SIDE actuó por su cuenta, sin el control
del juzgado y desde antes del ataque.
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Cattáneo, en
problemas
Hernán Guzmán Cattáneo dice ser sobreviviente
del atentado a la AMIA y, de hecho, cobró una indemnización
por eso. Supuestamente aquel 18 de julio de 1994 lo atendieron en
el hospital de Clínicas, aunque allí figuraba como
Gutman en vez de Guzmán y con 24 años de edad, que
no se corresponden con los 26 que dice tener ahora. Fue el último
testigo que declaró la semana pasada, el jueves, en el juicio
oral por el ataque terrorista. Lo que se conocía de él,
al margen de su condición de víctima en la causa del
atentado, eran posibles vinculaciones con servicios de inteligencia
y con extorsiones en el escándalo de protección de
prostíbulos y coimas que envolvió al juez Norberto
Oyarbide. Luciano Garbellano, dueño del prostíbulo
masculino Spartacus donde fue filmado el magistrado, acusó
a Cattáneo de “entregarlo”. Ante el Tribunal Federal
Oral 3 Cattáneo contó una historia rarísima,
con contradicciones y discrepancias con su declaración anterior.
Ayer quedó claro que prácticamente nadie le creyó.
Los abogados querellantes, los defensores de los acusados y los
fiscales pidieron que se lo investigue por falso testimonio, defraudación
y estafa. La primera denuncia la hizo el abogado Pablo Jacoby, de
Memoria Activa, y se le sumaron luego todos los demás. El
caso Cattáneo, podría mostrar la participación
de la SIDE en la pérdida y armado de pruebas durante la instrucción
de la causa, tanto por orden de jefes o con el impulso de informantes.
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OPINION
Por Raúl Kollmann
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El fracaso
Nassib Haddad tal vez no tenga nada, nada, que ver con el atentado
contra la AMIA. Sin embargo, el fracaso de la investigación
–sobre todo en los primeros tres años– parece que
no va a permitir saber la verdad.
Haddad y Alberto Kanoore Edul, el empresario trucho, hijo de un
amigo de Carlos Menem, tienen elementos objetivos que los hicieron
aparecer en la causa. Kanoore llamó por teléfono –y
nunca lo pudo explicar– a Carlos Telleldín, el último
hombre que tuvo en su poder la camioneta usada como coche-bomba.
Nassib Haddad compraba amonal, el explosivo de la AMIA, era el propietario
del volquete colocado frente a la mutual cinco minutos antes de
la explosión y encima ese volquete pasó poco antes
por un predio lindero a la vivienda de Kanoore Edul.
Interrogados, uno y otro siempre dieron respuestas contradictorias,
pero además tuvieron tres años para prepararse: entre
1994 y 1997 la pesquisa fue una parodia, tal como lo reconocieron
varias veces los investigadores, y nunca los confrontaron con pruebas
serias.
La pista que se diluye ahora tiene la máxima importancia
porque en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA falta
una pieza clave: la conexión local islámica. En los
ataques contra las Torres Gemelas en 1993, en un atentado en Londres
una semana después de la AMIA; en los atentados contra las
embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia y en los recientes
del 11 de setiembre, siempre apareció una conexión
local islámica, o sea un grupo que vivía en el país
donde se produjo el atentado y que le dio apoyo de todo tipo al
grupo atacante. En algún caso se trató de un clérigo
ciego, en otro un grupo de estudiantes palestinos, en Africa fueron
inmigrantes saudíes y en el último y gigantesco ataque
en Nueva York y Washington todavía no han encontrado las
claves, pero casi la totalidad de los 19 suicidas vivían
en Estados Unidos desde hace más de un año.
En los atentados en la Argentina se insiste –sin demasiadas
pruebas– que la embajada de Irán le dio apoyo a la operación,
pero no hay antecedentes de atentados en que los diplomáticos
hayan sido el centro de la conexión local.
Lo único que se parece a una conexión local islámica
son los nombres de Kanoore Edul y Nassib Haddad, dos beneficiados
con resoluciones que los blanquean pero que exhiben, otra vez, el
naufragio de la investigación que hizo el menemismo.
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