Por Martín Granovsky

El brindis fue con bombones repartidos entre los colegas. Esa fue la forma elegida por la senadora Beatriz Raijer para festejar, anoche, la media sanción de la Cámara alta al proyecto de Ley de Inteligencia que por primera vez penaliza las escuchas ilegales y fija el control parlamentario de los gastos secretos.
Las presiones del Ejecutivo no fueron suficientes para frustrar ocho meses de consenso en las comisiones del Senado. Ni el ministro de Defensa José Horacio Jaunarena ni el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Carlos Becerra consiguieron dejar una puertita abierta por donde pudiera colarse la recuperación de funciones de espionaje interno para las Fuerzas Armadas.
Tampoco fue aceptada una modificación sugerida por el radical Luis Molinari Romero. En el texto original, tal cual salió del dictamen de comisión, el Presidente puede llamar al consejo encargado de la inteligencia e invitar a quien crea conveniente. Luego, cuando termina la crisis, puede hacer cesar el trabajo del consejo. Molinari recomendó que el consejo fuese permanente, pero los senadores insistieron en el texto original para no generar una burocracia que, al buscar la autojustificación de su existencia, terminara extralimitándose.
“Es un adelanto para la democracia”, dijo a Página/12 la senadora Raijer, una justicialista de Córdoba encargada de pilotear las negociaciones. “Yo rescato el importante trabajo entre todos los bloques y entre los colegas de todos los partidos, que tuvieron la disciplina de reunirse una vez por semana durante ocho meses, porque la media sanción da vuelta una página sombría de la historia”, dijo.
Si los diputados completan la sanción, será la primera vez que la Argentina tenga una ley pública de inteligencia.
“Nos estábamos manejando con decretos de la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía”, recordó Raijer, y afirmó que aprobar el proyecto fortalecerá la democracia. “Cuando internacionalmente aumentan el riesgo y la amenaza, la Argentina da muestras de que hay cosas que se pueden hacer eficazmente y en favor de la libertad”, opinó.
Entre los asesores que discutieron el detalle de la ley figuraron Jaime Garreta, Luis Tibiletti y Juan Carlos Frías. Algunos de ellos habían trabajado en las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, y se preocuparon porque el nuevo sistema no traicionara el principio de que las Fuerzas Armadas no deben hacer inteligencia interna ni actuar ante cualquier tipo de amenazas externas, aun cuando esas amenazas no provengan de un aparato militar. “La ruptura de la capa de ozono es una amenaza, pero yo no usaría a las Fuerzas Armadas para combatirla”, fue uno de los argumentos esgrimidos, por ejemplo, por Tibiletti, que asesora al senador bonaerense Jorge Villaverde. “Definir cualquier amenaza como objeto de la defensa nacional por el solo hecho de ser amenaza, es volver a la Doctrina de la Seguridad Nacional”, explicó.
El proyecto consensuado, y aprobado ayer, define la inteligencia estratégica militar como la que busca conocer el potencial militar y los eventuales teatros de operaciones. El Ejecutivo quiso incluir “el análisis de las potenciales amenazas”, puesto con ese nivel de vaguedad.
Según el nuevo texto la Secretaría de Inteligencia, como pasaría a llamarse, no podrá contratar personal que haya cometido crímenes contra la humanidad o violaciones a los derechos humanos.

DIFERENTES TESTIGOS RELATARON EL DIA DEL ATENTADO EN LA AMIA
“Ese día escuché un helicóptero”

Por Irina Hauser

Daniel Gutesman vivía a tres cuadras de la AMIA y tenía su oficina al lado. Antes del atentado le llamó la atención el sonido de un helicóptero que sobrevolaba la zona, según relató ayer ante el Tribunal Oral 3. Es el primer testigo que habla del tema de los helicópteros en el juicio oral por el ataque a la mutual judía, aunque ya fue mencionado por al menos cerca de una decena de testigos durante la instrucción. Según los datos oficiales de la causa, eran vuelos que la Policía Federal realizaba usualmente en áreas claves de la ciudad. Pero hay otras hipótesis: que eran piloteados por gente de la Side que venía investigando células terroristas, sabía que el atentado podía ocurrir y rastreaba la Trafic que se usaría como coche-bomba; o bien, que se trataba de un reconocimiento del lugar que hacían los propios terroristas. Son, ambas, teorías dudosas.
“Ese día escuché un helicóptero”, dijo Gutesman. La mañana del 18 de julio de 1994, al salir cerca de las 9.30 de su oficina, también reparó en el ruido de un volquete, “como a lata”, cerca de la AMIA. Le pareció que lo estaban acomodando. Caminó hasta Pasteur y Corrientes y allí, mientras conversaba con alguien, oyó la explosión. “El ruido del helicóptero se sentía, es innegable”, contó a su turno José Mario Gesualdi. El lo escuchó en la madrugada previa al atentado, relató. Vivía a pocas cuadras del edificio de la mutual israelita y acababa de comprar un departamento en la esquina de Pasteur y Tucumán. Una de sus nuevas vecinas, María Josefa Vicente, declaró en la causa que había visto la noche previa a la voladura un helicóptero volando bajo, cerca de la terraza de la AMIA.
Gesualdi dice que se salvó de casualidad. Justo había ido a comprar materiales para su nueva vivienda y tardaron en atenderlo. El estallido lo sorprendió caminando por Lavalle. Cuando volvió, encontró todo destrozado. Lo que más le “impresionó”, dijo, fue encontrar en la calle “la pierna de una mujer, sin el cuerpo” y en su balcón “masa encefálica”.
La historia de los helicópteros es un punto poco claro de la investigación. Había sido mencionado por cerca de una decena de testigos cuando la causa tenía 250 cuerpos, pero recién el año pasado el juez Juan José Galeano pidió datos a la Policía Federal. La fuerza explicó que tranquilamente podía haber helicópteros monitoreando y filmando el área, una explicación que el magistrado y los fiscales han tomado como válida. Lo llamativo es que las filmaciones desaparecieron: la Federal informó al juzgado que las cintas habían sido “reutilizadas”. También fueron citados expertos de Control de Tráfico Aéreo, que dejaron en claro que una nave volando bajo pudo escapar a los controles sin lugar a dudas.
Los abogados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, son los que más insisten en que hay que poner el tema de los helicópteros bajo la lupa. Sospechan que, antes del ataque, la Side seguía pistas terroristas y que incluso pudieron haber estado rastreando la Trafic en helicóptero y se les escapó. Otros allegados a la pesquisa han deslizado la posibilidad de que los helicópteros fueran piloteados por terroristas que estudiaban el lugar, una idea con poco asidero teniendo ya que los grupos terroristas se mueven con suma cautela. Sería demasiado evidente que alquilen un helicóptero para organizar un ataque que sería cometido al día siguiente.
Otros dos testigos de ayer generaron comentarios. León Benezra, que vivía enfrente de la AMIA, cuestionó: “La seguridad que había en la sede era muy mala”, “entraba y salía cualquiera”. Osvaldo Pérez, técnico en telefonía, despertó risas por la espontaneidad de su relato. Pérez introdujo, además, un dato novedoso: casi en la puerta de la AMIA, había una caja con líneas de teléfono que desapareció con el estallido.

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