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Por Victoria Ginzberg
 El juez federal Gabriel Cavallo
ordenó la libertad del ex juez Víctor Hermes Brusa y del
policía Eduardo “Curro” Ramos, acusados en España
por “genocidio, terrorismo y torturas”. Cavallo los había
arrestado a pedido del juez Baltasar Garzón, pero como pasaron
cuarenta días y no recibió la solicitud formal de extradición,
ambos quedaron en libertad.
Garzón ya envió la documentación que necesita Cavallo
para continuar con el trámite, pero en la Cancillería no
recibieron los papeles. Es decir que el pedido de extradición estaría
todavía en el ministerio de Relaciones Exteriores de España.
El gobierno de ese país, que podría decidir paralizar el
trámite, ya accedió a realizar una medida similar al reclamar
a México al represor Ricardo Miguel Cavallo. Pero esta sería
la primera vez que se dirige hacia Argentina, ya que cuando a principios
del año pasado Garzón pidió el arresto de 48 represores
no se concretaron las detenciones.
Brusa y Ramos figuraban en pedido de detención que libró
Garzón el 21 de agosto pasado. Allí el magistrado español
reclamó el arresto de 18 personas –doce represores de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA) y seis de la provincia de Santa
Fe– por los delitos de “terrorismo desarrollado en base a múltiples
muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros y desaparición
forzada de personas y genocidio”.
Los acusados se fueron entregando a la Justicia y fueron beneficiados
con la excarcelación. Ramos y Brusa fueron los últimos en
presentarse y éste último sólo se puso a disposición
del juez cuando estuvo acorralado por los allanamientos que había
ordenado Cavallo. El policía quedó preso porque tenía
antecedentes y Brusa porque en el juzgado consideraron que al ser civil
no podía alegar a priori que en Argentina lo beneficiaban las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final y porque existía peligro de
fuga. El hecho de que los acusados recuperen la libertad no implica que
la causa se cierra; el trámite podría continuar si llegan
los documentos de Madrid, o si un representante de España se presenta
ante Cavallo tal como ocurrió en el proceso alemán contra
Carlos Guillermo Suárez Mason (ver aparte). En ese caso, el juez
que seguirá con el juicio es Jorge Ballestero, que reemplazará
a Cavallo, que hoy asume como camarista.
Durante la dictadura, Brusa fue empleado en el juzgado federal de Santa
Fe –donde luego fue titular– y avalaba las torturas y amenazaba
a los detenidos desaparecidos. Brusa fue destituido de su cargo de juez
federal al comienzo del año pasado a partir de un pedido de juicio
político que se inició en 1997, luego de que atropellara
con su lancha a un nadador. Cuando el caso fue evaluado por el Consejo
de la Magistratura, ex detenidos desaparecidos se presentaron para narrar
los tormentos que Brusa les había hecho padecer.
Hace cuarenta días, cuando fue arrestado, el ex juez presentó
como abogado a Carlos Caride Fitte, pero Pedro Bianchi –que lo había
representado hasta ese momento– reclamó la excarcelación
de Brusa con un escrito en el que argumentó: “Es cierto que
existió eliminación de personas, hecho sumamente reprobable,
pero lo fue únicamente para privar del apoyo logístico a
la subversión”.
Funcionarios judiciales estiman que, más allá de si Brusa
es finalmente llevado a España o no, podría ser juzgado
en el país ya que no puede ampararse en las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, nunca fue sometido a proceso y está acusado
de haber sido cómplice de delitos que varios magistrados ya consideraron
imprescriptibles.
SUAREZ
MASON Y SU EXTRADICION
No quiere ir a Alemania
El ex general Guillermo “Pajarito”
Suárez Mason fue trasladado ayer al juzgado de Gabriel Cavallo,
donde se le informó que se inició el juicio de extradición
en su contra. El militar rechazó su traslado a Alemania, donde
lo quieren juzgar por el asesinato de la estudiante Elisabeth Kaesemann.
Ahora hay cinco días para que las partes presenten las pruebas
o recusaciones pero el Gobierno podría interrumpir el proceso.
Vestido con traje azul claro y con una calvicie pronunciada Suárez
Mason estuvo acompañado en la audiencia por el abogado Jorge Appiani,
socio del represor Jorge Olivera, quien estuvo preso en Italia por su
responsabilidad en la desaparición de la joven Marie Anee Erize.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería
tiene a estudio el requerimiento de Alemania por el caso Kaesemann. La
joven estuvo detenida en el centro clandestino El Vesubio y luego fue
asesinada junto a otras quince personas en la localidad bonaerense de
Monte Grande.
Suárez Mason ya está procesado con prisión preventiva
domiciliaria en la causa en que se investiga un presunto plan sistemático
de robo de bebés durante la dictadura y esto hace más difícil
su extradición, pero el inicio del proceso implicó la aceptación
por parte de Cavallo de las normas internacionales de los derechos humanos.
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